El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la orden sobre las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades Castilla-La Mancha para 2025, que tendrá como prioridades reforzar el blindaje de los servicios y prestaciones fundamentales ligados al Estado del Bienestar; impulsar la actividad económica y el empleo, y fortalecer la lucha contra la despoblación en la comunidad autónoma.
En la orden, firmada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se precisa, que las cuentas para el próximo ejercicio estarán vinculadas a desarrollar con eficacia y eficiencia la política económica y social de la Administración regional, orientada, fundamentalmente, a avanzar en el mantenimiento de una red de servicios y prestaciones públicas de calidad ligadas al Estado del Bienestar; a atender las necesidades del tejido productivo de la comunidad autónoma y a contribuir al crecimiento de la actividad económica y el empleo en la región.
Asimismo, a través de la cobertura financiera de las políticas activa en materia de reto demográfico, el Gobierno regional pretende, el próximo año, continuar fortaleciendo la lucha contra la despoblación en los territorios de mayor vulneración socioeconómica, una política en la que Castilla-La Mancha es pionera en España tanto en materia legislativa como fiscal.
Castilla-La Mancha goza de una sólida estabilidad política e institucional, que facilita que se pueda iniciar el ciclo presupuestario en plazo. Una herramienta que tiene el Gobierno para reflejar sus prioridades y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Estos son los principales criterios generales de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta para 2025 establecidos por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en la orden de elaboración de los presupuestos regionales para ese año.
También se recogen en esta norma otros criterios, entre ellos, fomentar actuaciones de mejora de eficiencia en la prestación de servicios, que redunden en reducciones adicionales de los gastos de funcionamiento no esenciales y en la mejora de los esenciales; así como promover la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades, tanto administrativas como instrumentales.
Y en materia de subvenciones e inversiones reales, en la orden se señala que los principales criterios generales serán, por un lado, dar cobertura a los gastos plurianuales comprometidos, respetando los derechos adquiridos que se deriven de los mismos; y, por otro lado, priorizar las actuaciones cofinanciadas por otras Administraciones públicas o por la Unión Europea, adecuando el gasto a la correcta ejecución y seguimiento de los ingresos públicos.
Las cuentas públicas del próximo año incluirán, también, un cuádruple enfoque transversal de análisis: el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación. Su objetivo es ofrecer una visión integral de la asignación y vinculación de los programas presupuestarios de la Junta de Comunidades a los fines y objetivos que promueven dichas políticas.
Desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria, ya que aún no se han concretado las nuevas reglas fiscales por parte de la Comisión Europea y los Estados Miembros, en la orden se precisa que los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades para 2025 se van a elaborar, inicialmente, teniendo en cuenta el marco presupuestario actual, debiendo realizarse con posterioridad las adaptaciones oportunas cuando se conozcan los términos de las próximas reglas fiscales, así como el resto de instrumentos que coadyuvan a la estabilidad presupuestaria.
En ese sentido, se establece que las normas para elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades para el próximo año deberán integrarse en el marco presupuestario a medio plazo y respetar los límites de gasto no financiero, que han de fijarse conforme a lo dispuesto en la legislación comunitaria y nacional, en materia de estabilidad presupuestaria.
Por último, se encomienda a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda precisar tanto la estructura del presupuesto como el procedimiento para su elaboración, la documentación que para cada caso sea precisa y los plazos para su presentación.
