El delegado de Educación y Cultura no descarta acudir a los tribunales si el Consistorio no derriba el muro situado junto a la entrada al monumento y asegura que la Lotau obliga a la Administración local a ejecutarlo subsidiariamente
Ya está servida una nueva polémica entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En esta ocasión a raíz de la decisión del Consistorio de cerrar el acceso de las visitas a la Capilla de Luis de Lucena, que se ha tomado de forma unilateral y sin seguir los pasos que exige la legislación de bienes patrimoniales.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ofrecía ayer miércoles una rueda de prensa en la que justificaba esta decisión debido al riesgo que presenta el único acceso a este monumento desde la cuesta San Miguel, como consecuencia del mal estado de un muro ubicado en la parte trasera del edificio colindante, la antigua gasolinera Diges. El edil informaba que se había dado traslado de esta resolución de cierre a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, "que es quien declaró en 2014 que esta antigua gasolinera era un bien integrante del patrimonio cultural regional, cuando las propietarios solicitaron al Ayuntamiento de Guadalajara su demolición ante la amenaza de ruina, y la Junta sólo la autorizó parcialmente”.
Los propietarios no ejecutaron lo que ordenó la Junta y la parte trasera del inmueble tiene riesgo de desprendimiento, según el edil, "como consecuencia de no haber actuado los propietarios, ni la Junta de forma subsidiaria". En su opinión, avalada por la jefe de Urbanismo, Blanca Causapié, "es la Junta la que debe desatascar el asunto".
Esta misma mañana, el delegado del área, Ángel Fernández Montes, junto a la jefa del servicio de Patrimonio de la Delegación, Teresa Sagardoy, han desmontado lo que consideran una "mentira" del Ayuntamiento.
Fernández Montes ha explicado que el cierre de la Capilla contraviene tanto el procedimiento administrativo a seguir como la legislación en materia de Patrimonio. "Este cierre contraviene la normativa legal. Por un lado lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Patrimonio Español, dado que la Capilla es un Bien de Interés Cultural que debe estar abierto al público y para proceder a su cierre se debería haber solicitado a la Delegación. Por lo tanto, empezamos mal".
Añade que esta decisión también vulnera la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en su artículo 3, donde habla de la colaboracion institucional: "Tienen la obligación de comunicar a la Consejería competente todo hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural y esto no se hizo".
El delegado asegura que, de momento, el Ayuntamiento sólo ha enviado a la Junta la resolución del cierre de la Capilla, por lo que están a la espera de que la sección de Urbanismo les remita el informe técnico que justififique esa decisión. Una vez recibido la Junta les transmitirá su decisión y después será el Consistotrio el que deba concluir el expediente. Es decir, el papel de la Delegación de Educación y Cultura acaba aquí y sería el Ayuntamiento el encargado de transmitir a la propiedad la obligación de eliminar el muro y, de no hacerlo, de ejecutarlo subisdiariamente: "Se trata de un procedimiento administrativo que empieza el Ayuntamiento, tiene que trasladar las condiciones a Patrimonio para llevar a cabo la obra. Pero no se puede inhibir y es quien debe finalizarlo y no hacer recaer el peso sobre nosotros".
En este sentido, Teresa Sagardoy ha puntualizado que la responsabilidad de ejecutar el derribo del muro le corresponde al Ayuntamiento en base al artículo 140 de la Lotau: "El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas" y la primera de ellas es la "ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación".
El delegado de Educación y Cultura es muy claro al respecto: "El Ayuntamiento tenía que haber informado antes del cierre de la Capilla. Tiene que mandar el informe técnico que no nos ha enviado y solicitar el cierre, pero lo debe comunicar. Nosotros valoramos y si hay peligro, y si es así no hay ningún otro objetivo más que proteger al ciudadano. Por ello el cierre, en procedimiento, es ilegal porque se necesita previamente nuestra autorización". "El área de Urbanismo culpa a la Delegación de Cultura pero si entramos en medias verdades y en dar información inexacta estamos convirtiendo una información real en una mentira", ha sentenciado.
Ángel Fernández confía en que la Capilla se reabra "en breve" y asegura que, si el Ayuntamiento no da su brazo a torcer, no dudarán en acudir a los tribunales. "Vamos a exigir que nos llegue el informe y, en base a la legislación, contra esa resolución donde se dice que lo tenemos que hacer nosotros, se argumentará. Y si tenemos que llevarlo a más lo llevaremos. Mi compromiso es que ese BIC debe estar abierto en breve porque no podemos privar a la ciudadanos del derecho que tienen a visitar un BIC que es propiedad del Ministerio de Cultura".
Una solución que además es muy sencilla, ya que se trata de un pequeño muro que no está incluido en los elementos a proteger: la fachada, la vivienda y la marquesina de la antigua gasolinera.
El delegado ha acusado al Ayuntamiento de tirar "balones fuera" en materia de Patrimonio: "Respecto al Patrimonio cultural, este Ayuntamiento elude sus funciones, desde actualizar su catálogo hasta paralizar o autorizar obras, cuando es el que debería identificar, proteger y defedender su propio patrimonio, cosa que no hace no entendemos muy bien por qué".
En este sentido, la jefa del servicio de Patrimonio de la Delegación asegura tener dudas sobre si la Administración municipal es consciente de la importancia del patrimonio que posee Guadalajara y asegura que es la única capital de la región que no tiene un catálogo de bienes patrimoniales actualizado: "Me quedan muchas dudas de si el Ayuntamiento, a través del área de Urbanismo, es consciente del patrimonio que hay y que debemos conservar".
Incluso, en muchísimas ocasiones, es el servicio de Patrimonio de la Junta el que tiene que actuar de forma subsidiaria a través de un continuo asesoramiento: "Estamos continuamente interviniendo subsidiariamente y sin pasarle la cuenta al Ayuntamiento y esa labor de protección del patrimonio tenían que hacerla ellos".
"Esto es un tema de incompetencia, de la política de no asumir la protección del patrimonio de tu propia ciudad", ha rematado Ángel Fernández Montes.