La Asociación celebró asamblea general, en la que ratificó los cargos de la presidenta y el vicepresidente

El Decano

La Asociación de Municipios Ribereños celebró, ayer por la tarde, su asamblea general, en la que además de ratificar los cargos de la presidenta y el vicepresidente, se sometió a votación la defensa de la modificación de las reglas de explotación al frente de la Red del Tajo, junto a las plataformas de Toledo y Talavera en defensa del Tajo, la Asociación Jarama Vivo y SEO Birdlife, la mayor asociación conservacionista de España

Una vez más, los defensores del Tajo y por ende del patrimonio de todos los españoles deberán defender los intereses del río en los tribunales ante el contubernio formado en torno al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que junto con diversas asociaciones como Asaja Alicante o la propia Diputación de Alicante han interpuesto una demanda contra el Real Decreto 638/2021 de 27 de julio que modificaba las reglas de explotación, reduciendo la cantidad trasvasable en Nivel 2 de 38 a 27 hectómetros cúbicos.

Reunidos en asamblea general, los veinte alcaldes presentes acordaron por unanimidad liderar jurídicamente la defensa organizada por la Red del Tajo para hacer valer una reducción que, aunque consideran insuficiente, valoran como positiva y necesaria. “Veinte alcaldes de distintos signos políticos, unidos en defensa del Tajo y de nuestros embalses, de nuestra comarca”, valoraba Borja Castro, vicepresidente de la asociación.

Tanto Castro como la presidenta, María de los Ángeles Sierra, fueron además ratificados por la asamblea para continuar en su puesto dos años más. Sierra agradecía “la confianza y el apoyo a nuestra gestión de nuestros compañeros, porque independientemente de sus colores políticos tenemos todos la misma voluntad de avanzar como comarca y sumar juntos”.

Los ribereños lamentaban tener que acudir a los tribunales frente a otras administraciones públicas para defender el patrimonio de todos los españoles. “Es penoso ver cómo entidades como la Diputación de Alicante o la Región de Murcia defienden día sí y día también los intereses de una industria privada y altamente nociva para sus propios vecinos, que ven arruinados sus negocios y devaluados sus inmuebles por culpa del abuso continuado de la agroindustria”.

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