Se mantienen inalterable las condiciones básicas recogidas hasta ahora, como la imposibilidad de despedir en seis meses

El Decano

El Gobierno, representado por los ministros de Trabajo y Seguridad Social, y los agentes sociales (CEOE, UGT y CCOO) han alcanzado un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de mayo, aceptando la propuesta realizada por el Ejecutivo central, que prevé la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas.

Yolanda Díaz, la titular de Trabajo, valoraba que los agentes sociales no hayan decidido agotar todo el tiempo de negociación, y que hayan demostrado responsabilidad para dar certidumbre a empresas y trabajadores.

Aseguró que a los empresarios se les favorecen y se les transmiten certezas, y lo primero que hay que hacer es garantizar el tejido productivo tal y como está actualmente. Aprovechó para trasladar calma a los trabajadores, dejando claro que de esta crisis no se puede salir con más pobreza, precariedad o de peores condiciones. «Le digo a trabajadores que este nuevo acuerdo permite transitar la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido», declaraba.

En materia de protección social se mantienen los niveles de protección para parados aunque carezcan de los requisitos de carencia, resaltando que continua la prohibición a las empresas acogidas a ERTE de despedir durante seis meses.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, agradeció la labor de los agentes sociales por creado un clima de entendimiento que ha permitido que con la suficiente antelación se pueda anunciar el acuerdo.

El Ejecutivo puso sobre la mesa un nuevo texto, que recibió a lo largo de la jornada el visto bueno de las ejecutivas de la patronal y de los dos sindicatos mayoritarios.

El Comité Ejecutivo de CEOE fue el primero, durante esta mañana mismo, en aprobar el acuerdo, y además por unanimidad. Por la tarde lo hacía de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Los dos sindicatos, que en principio eran más reacios a la espera de cerrar asuntos que consideraban importantes, comunicaban por la tarde su aval al documento gubernamental.

Esta nueva prórroga de los ERTE, la tercera desde que se aprobó el estado de alarma, mantendrá en términos muy similares la regulación actual, dejando como estaba el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses a pesar de las demandas de las patronales para flexibilizarlo.

La última propuesta presentada por el Gobierno planteaba la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos.

Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.

Por lo demás, el planteamiento ministerial es renovar todos los mecanismos de protección de trabajadores y empresas que hay actualmente, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de ‘ultraprotegidos’.

Así, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo y la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias.

Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.

Ambos ministros han apuntado que esta nueva prórroga supone un coste de más de 5.000 millones. Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.

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