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El juicio contra el autor del atropello múltiple de Yunquera de Henares del pasado 26 de marzo de 2021, ha quedado visto para sentencia

M.P.

El juicio por el accidente múltiple sucedido en Yunquera de Henares el pasado 26 de marzo de 2021, en el que M.H.B, de 49 años de edad, nacido en Marruecos y vecino de Humanes de Mohernado, arrollaba con su vehículo a nueve personas, dos de las cuales iban caminando por la calle y el resto, se encontraban en sendas terrazas de dos bares de la localidad, ha quedado visto para sentencia. Los atropellos no dejaban tras de sí ninguna víctima mortal, aunque sí secuelas graves.

Las sesiones tenían lugar en la Audiencia Provincial de Guadalajara durante las jornadas del martes y el miércoles, 27 y 28 de septiembre, en las que se ha desarrollado la prueba testifical y pericial del caso, en las que se ha podido escuchar el testimonio de los testigos presenciales, de los agentes de la guardia civil que intervinieron en los hechos, así como del propio acusado, su mujer, los médicos forenses, y los psiquiatras que le han atendido mientras se encontraba en el penitenciario, cumpliendo prisión provisional.

La Fiscalía solicita un total de 57 años de prisión por 9 delitos de tentativa de homicidio y un delito de conducción con desprecio a la vida de los demás, mientras que las indemnizaciones correspondientes a la responsabilidad civil ascienden a 464. 247 euros, que serían imputables a la compañía aseguradora.

Cabe recordar que el acusado manifestaba durante su declaración, el pasado martes, no acordarse de nada “porque me encontraba mal” y ha pedido perdón a las víctimas, a las que ha asegurado, no conocía de nada.

El abogado del acusado ha basado su defensa en demostrar la existencia de una enfermedad psiquiátrica grave crónica de larga duración y continuada, una esquizofrenia por la que ya habría recibido tratamiento en Marruecos, así como la respuesta adversa de un tratamiento pautado, concretamente, un antidepresivo recetado el mismo día de los hechos, del que el detenido habría ingerido media pastilla, y que podría haber tenido efectos sobre el comportamiento del acusado, dos eximentes por los que la defensa ha solicitado la completa absolución.

Por su parte, la acusación, ejercida por el Ministerio Fiscal, ha considerado que la prueba practicada no ha quedado acreditado que exista una alteración psíquica que haya podido nublar la compresión del acusado sobre la ilicitud de los hechos, uno de los aspectos que contempla la doctrina para tener en cuenta ese eximente, recogido en el artículo 20.1 del Código Penal.

“No tenemos ninguna información de salud mental en Guadalajara o España”

“De la documentación que existe en autos no existe un historial clínico de seguimiento en salud mental del procesado. Únicamente tenemos ese seguimiento en el centro de Atención Primaria de Humanes, donde en el mes de agosto de 2016 , su médica de cabecera, como así ha confirmado hoy en esta sala, le derivó a Psiquiatría y le pautó floxetina, un antidepresivo, pues esta persona venía de Marruecos con un antidepresivo y ansiolítico”, ha explicado la fiscal, al tiempo que señalaba que al acusado jamás asistía a la cita con el especialista, “por lo que no tenemos ninguna información de salud mental en Guadalajara o España”.

Esa misma mañana, en la que ocurrieron los hechos, el acusado era atendido por la médico de cabecera que ha declarado que días antes le había atendido y diagnosticado una prostatitis aguda, recentándole antibiótico, un analgésico y un protector estomacal y le había citado para el día 26 para revisar su evolución. El 26 de marzo por la mañana, según la médico de cabecera, el acusado manifiesta sentirse bajo de ánimo y con dificultades para conciliar el sueño, debido a problemas de índole familiar y laboral. La doctora ha afirmado que el acusado no manifestaba alteraciones cognitivas, ni ideas delirantes o paranoicas, sino un cuadro de depresión leve, por el que le recetó ‘excitaloprán’, un antidepresivo que debía empezar tomando por media pastilla de 10 mg.

“Repetía la idea de que la Guardia Civil de Humanes le había quitado a sus hijos”

Tal y como ha recodado esta mañana la fiscal, tras tomar la medicación, el acusado ha afirmado no recordar los hechos “pero sí recuerda sorprendentemente que coge las llaves del coche y se dirige a Yunquera de Henares, no recordando nada más hasta que aparece en el cuartel de la Guardia Civil, cuando ya es detenido”.

En lo que se refiere a las declaraciones testificales, la fiscal ha destacado la de los dos varones que retienen al acusado a unos 100 metros del lugar donde suceden los hechos, cuando trata de huir y le preguntan por qué ha cometido estos atropellos “refiriendo el acusado que la guardia civil le había quitado a sus hijos”. Además, uno de ellos añade que el procesado había llegado a manifestar “que de no quedar detenido el vehículo por el bolardo -tras ejecutar el tercer atropello en una de las terrazas- hubiera continuado la marcha hasta el siguiente bar atropellando a más personas”.

Por su parte, los agentes de la guardia civil que practicaron la detención, manifestaron, según la exposición final de la fiscal, “que vieron que esta persona no tenía ningún síntoma de alteración mental o que requiriera una atención sanitaria urgente” si bien “repetía la idea de que la Guardia Civil de Humanes le había quitado a sus hijos”.

En relación al informe de la médico forense que le examinó al día siguiente, el 27 de marzo, la fiscal hace hincapié en la percepción de que el acusado “se mantiene consciente, colaborador, sin alteraciones en la sensopercepción, la memoria o en el curso del pensamiento, ni en su contenido, que reconoce claramente el atropello y manifiesta no saber por qué lo hizo y concluye que comprende claramente la ilicitud de los hechos y no presenta ninguna alteración que le impida actuar en consecuencia”.

Por la tarde, a instancia del juzgado número 1 de instrucción, que inicia la investigación, el acusado fue valorado por la unidad de salud mental en psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara, cuyo informe coincide con las apreciaciones de la médico forense: “Pensamiento coherente, espontáneo, tendencia a la rumiación y respecto a los hechos, manifiesta que conserva sus capacidades cognitiva y volitiva y no presenta ninguna psicopatología aguda, que por sí sola explique los hechos”.

La prueba pericial también recoge la valoración de los psiquiatras que han atendido al acusado en el centro penitenciario, donde se le ha diagnosticado, tras sucesivas entrevistas, además de esa sintomatología depresiva, una sintomatología psicótica con ideas delirantes, coincidente con el informe de la defensa.

La Fiscalía no cuestiona ese diagnóstico, pero entiende que no existe una prueba fehaciente que acredite que en el momento de ocurrir los hechos estuviera afectado por esa sintomatología o estuviera descompensado por ese trastorno psicótico y por lo tanto no existiría una relación de causalidad entre esa enfermedad y la conducta delictiva del acusado.

“No se le acusa de terrorismo, pero se le está pidiendo una pena de más de 50 años” como si perteneciera a “un grupo terrorista”

Por su parte, la defensa en su alegato final ha solicitado la libre absolución del acusado atendiendo al eximente recogido en el artículo 20.1 del Código Penal, por la existencia de enfermedad mental, al mismo tiempo que ha lamentado los hechos acaecidos e incidiendo en la petición de perdón de su defendido.

El abogado ha recordado que la acusación particular solicitaba el 21 de septiembre de 2022 ser apartada del procedimiento por haber sido debidamente indemnizada en concepto de responsabilidad civil por la compañía aseguradora, incidiendo en que “es sintomático de que no hay una actitud de venganza por parte de estas personas”, que de lo contrario hubieran podido comparecer y pedir pena y en el pago como reparación del daño.

La defensa también se ha referido a la comparecencia del sobrino del acusado el 26 de marzo, a las 21.20 horas, en la comandancia de la Guardia Civil para manifestar a la policía judicial “que su tío se encontraba en tratamiento psiquiátrico en el centro de salud de Humanes con la supervisión de la doctora y que sufría alucinaciones”.

El abogado ha señalado que si bien es cierto que el delito de terrorismo quedaba descartado al inicio de la investigación, prevaleciendo la línea del trastorno psicótico, “no se le acusa de terrorismo, pero se le está pidiendo una pena de más de 50 años” como si perteneciera a “un grupo terrorista”.

La defensa entiende que el Ministerio Fiscal, en las conclusiones provisionales, realiza una valoración equivocada de los hechos, al hablar de “evidente intención de atropellar, siendo plenamente consciente, con intención de provocarles la muerte”, teniendo en cuenta que según la defensa “no hay un plan criminalmente diseñado y estamos ante una persona que sufre una enfermedad psíquica grave que anula su conciencia, su intencionalidad y su voluntad”, un extremo que según el abogado, habría quedado probado con la declaración de los psiquiatras que están tratando al detenido en el centro penitenciario y por el que habría sido incluido en un programa específico para presos con enfermedad mental. Con ello determina que no existiría “dolo” y tampoco conciencia del delito, en tanto en cuanto el acusado afirma no acordarse de los hechos, en la concurrencia de los delitos que se le imputan, el de homicidio en grado de tentativa y el de conducción con desprecio a la vida.

“Las lesiones producidas y el sufrimiento a otras personas y al mismo acusado y su familia, que lleva en prisión un año y medio, podrían haberse evitado con una adecuada atención y supervisión médica de su correcta medicación. No echamos la culpa a nadie, sino que es el sistema y la falta de atención de una persona que está requiriéndolo: una persona vulnerable. No veamos a mi cliente como un homicida, sino como un enfermo que necesita tratamiento y ayuda”, ha concluido el abogado defensor.


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