Solo pone pegas al punto que hace referencia a que los mayores que salgan de centros sólo puedan estar en un domicilio

El Decano

La Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dado su visto bueno al último decreto que el Gobierno regional remitió al alto tribunal ante el fin del estado de alarma al no afectar a derechos fundamentales.

Según el auto, y una ve solicitada por parte de la Junta de Comunidades ratificación judicial del Decreto 57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto del día 8, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covod-19, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha ha dictado Auto con fecha 14 de mayo de 2021 en el que declara que no es necesaria la ratificación de las medidas contempladas en el último Decreto, de 13 de mayo, por no afectar a derechos fundamentales.  

En lo que respecta a la introducción de nuevas medidas y nueva redacción de 2 artículos la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que no precisan su ratificación al ser medidas a aplicar en establecimientos, instalaciones o actividades abiertas al público, sujetas a autorización administrativa ordinaria.

El auto tiene en cuenta que se han suprimido de este decreto las medidas que no fueron ratificadas en el anterior auto emitido por el TSJCM, que hay una nueva redacción en el artículo 30 y que hay una nueva redacción en el artículo 33 sobre actividad física en instalaciones deportivas.

“Estas nuevas medidas no precisan ratificación al no afectar a derechos fundamentales, en el sentido de que se trata de medidas a aplicar en establecimientos, instalaciones o actividades abiertas al público, sujetas a autorización administrativa ordinaria”, reza el auto.

Una sola vivienda

De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia autonómico no valida que los residentes salidos de los centros de mayores de la región sólo puedan permanecer en un domicilio.

Esta es la única medida que la Sala no ratifica, la que hace referencia a las salidas en las residencias de personas mayores, y en concreto el inciso b) que se refiere a que el residente debe permanecer en un ámbito estable (un solo domicilio).

Para el tribunal esta matización constituye “una restricción del derecho fundamental de libre circulación y residencia, y que tiene un carácter genérico y no individualizado, dirigido a personas que no tienen la enfermedad”.

Por contra, la Sala sí valida las medidas de medidas especiales en materia de salud pública, concretamente en lo regulado en los artículos 2 y 3 de dicha ley.

En concreto, el apartado 6 se refiere a los nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales a las residencias de personas mayores y centros de atención a personas con discapacidad grave y el 7 que a las personas trabajadoras que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación una PCR para descartar la infección por COVID-19.

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