El transporte ilegal de trabajadores a la Logística, un mercado negro en alza en la provincia

Los conductores de los ‘taxis piratas’, sin licencia ni autorización, cobran entre 4 y 9 euros por viajes de ida y vuelta a los polígonos. Actúan con total impunidad ante la indignación creciente de los taxistas de Guadalajara  

 

El auge de las empresas del sector de la Logística en Guadalajara ha provocado que cientos de trabajadores y trabajadoras de la provincia, especialmente los que viven en las localidades de Corredor del Henares, tengan que ‘buscarse la vida’ para desplazarse a diario hasta los polígonos industriales, alejados del centro de las poblaciones.

Compartir coche y gastos de carburante continúa siendo una de las opciones más utilizadas, así como desplazarse en patinete eléctrico, con los riesgos que ello conlleva. Además su circulación por vías interurbanas está prohibida y multada con 200 euros. 

Desde hace unos meses, se está produciendo un aumento de los llamados ‘taxis ilegales’ conducidos por personas que ponen sus vehículos a disposición de los empleados de las naves logísticas, a los que cobran un buen puñado de euros por sus desplazamientos diarios a sus puestos de trabajo.

Se mueve así todo un submundo de economía sumergida que de forma totalmente ilegal, sin autorizaciones administrativas, ni licencias, oferta servicios con precios muy variados y, desde luego, nada baratos. 

Determinadas redes sociales se llenan así de ‘anuncios’ de particulares que prestan estos ‘servicios’, que incluso aportan sus teléfonos públicamente con total impunidad. Y no son pocas las personas que ven en estos vehículos ‘piratas’ la única forma de desplazarse a unos polígonos en los que el transporte público no cumple ni de lejos la demanda. En ocasiones porque prácticamente no existe -como es el caso de la capital- y en otros porque los complejos horarios de la Logística quedan lejos de los servicios prestados por los autobuses. 

El Decano de Guadalajara se ha puesto en contacto con varias de estas personas que actúan al margen de la legalidad. Preguntamos por varios destinos a los polígonos del Henares, Cabanillas del Campo, Alovera, Marchamalo y Torija. 

Lejos de tener pactados los precios para repartirse el mercado, entre ellos mismos se hacen la competencia. Nos ofrecen tarifas que van desde los 4 a los 9 euros, ida y vuelta, tanto en horario de mañana como de tarde y noche. Algunos nos dicen que prestan servicio “24 horas” y que tienen ya determinados cupos completos con clientes fijos, por lo que no pueden atender nuestra demanda. Eso sí, se quedan con nuestro contacto telefónico para ‘acoplarnos’ si en algún momento les queda algún hueco libre. 

Muchos de estos conductores y conductoras ilegales son de sobra conocidos por los usuarios y llevan años operando en Guadalajara. Los usuarios, a través del ‘boca a boca’, son sus mejores comerciales. Entre ellos y los posibles nuevos clientes, se informan y se dan referencias sobre precios, sobre quién es más o menos amable o si se puede confiar en ellos -especialmente cuando las viajeras son mujeres-. Con ello, contribuyen a perpetuar esta actividad ilegal. 

Un aspecto a destacar en este asunto y que los clientes deberían tener muy en cuenta es la completa inseguridad en caso de accidentes o percances durante el transporte. Al tratarse de una actividad ilícita, ninguno de los pasajeros está cubierto por un seguro, por lo que no se podría pedir ninguna responsabilidad al conductor en caso de un suceso de gravedad. Así, ponen en riesgo su integridad física sin ninguna garantía. 

 

Los taxistas, indignados

Esta Redacción se ha puesto en contacto con la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme, donde existe una gran indignación ante el aumento de los ‘taxis piratas’: “En Guadalajara hay un negocio brutal que cada vez va a más”, denuncia el taxista Antonio López Herráiz. 

El caso es especialmente sangrante en la estación de Renfe: “Todos los días vemos este tipo de vehículos que recogen a los trabajadores de la Logística para llevarles a la Ciudad del Transporte. Es escandaloso. Todos sabemos quiénes son y conocemos sus matrículas”.

El más conocido y longevo en esta actividad ilegal es el que los usuarios apodan como “Don Claudio”, con la agenda repleta de viajeros y, dependiendo del horario, con el cartel de ‘no hay billetes’.

López Herráiz alerta sobre este verdadero mercado negro que, además de ser ilegal, les hace perder clientes: “Nosotros pagamos nuestra licencia y nuestros impuestos por ejercer nuestra actividad y ellos no pagan absolutamente nada. Es un negocio redondo”, afirma. 

Además, asegura que los usuarios están muy confundidos si piensan que se ahorran dinero utilizando este tipo de transporte: “Ellos cobran por persona y nosotros, independientemente del número de viajeros, tenemos nuestras tarifas, que rondan los 12 ó 13 euros de Renfe a la Ciudad del Transporte. Por ello, si lo pagan entre tres o cuatro personas, se darían cuenta que les sale más barato el taxi autorizado”. 

Insiste también en la inseguridad que supone para los viajeros utilizar los vehículos ilegales: “La población en general no valora la falta de cobertura que llevan. Nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil de 50 millones de euros que abarca muchos supuestos en caso de accidente o cualquier cuestión que pueda surgir durante el viaje”. 

Desde la Asociación Provincial de Auto-Taxi se reclama mayor control por parte de las administraciones competentes -en este caso de la Consejería de Fomento-, que, en su opinión, debería llevar a cabo más labores de inspección para acabar con este mercado negro. También piden el desarrollo de campañas específicas de carácter disuasorio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Todos somos conocedores de lo que está sucediendo pero no se adoptan medidas”.

Y es que, además de los desplazamientos a la Logística, estos taxis ilegales ofertan otros destinos. Uno de los argumentos de los usuarios a la hora de utilizarlos es la falta de vehículos autorizados a determinadas horas del día. 

En un conocido grupo de Facebook de Guadalajara pueden leerse los siguientes comentarios: “A las 4 de la mañana he necesitado ir a urgencias y he tenido que esperar más de una hora porque sólo había un taxi en Guadalajara”; “Son las 7 de la mañana y no hay taxis en Guadalajara”, “La última vez que necesitaba un taxi a las 5 de la mañana para ir al aeropuerto fue imposible”; “Yo he necesitado un taxi desde Azuqueca a las 7 horas y me decían que hasta las 8:30 horas radio-taxi Guadalajara no salían de Guadalajara”, etc.

 

En este sentido, Antonio López asegura que si hay un aumento de la demanda, la solución pasaría por conceder más licencias “porque hay muchos vehículos haciendo un trabajo que no es legal”. En este caso, son los ayuntamientos los responsables de otorgarlas. 

 

 

Multas entre 1.000 y 4.000 euros

Fuentes de la Policía Local de Guadalajara consultadas por El Decano nos confirman que actualmente en la capital no se está realizando ninguna campaña específica de control de este tipo de vehículos y tampoco se tiene constancia de ninguna denuncia. 

En caso de detectar alguna infracción, la Policía remite la denuncia a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, competente en la materia. 

A pesar de que las multas por ejercer esta actividad ilícita son cuantiosas, los conductores ‘piratas’ actúan con total impunidad dada la dificultad para detectarles, principalmente porque las autoridades deben sorprenderles in fraganti en el momento del cobro: “Es difícil denunciar porque hay que demostrar que están cobrando y tanto ellos como sus clientes, en caso de ser detectados, dicen que son gente particular que se desplaza sin cobrar ni pagar y así es imposible porque ni el conductor ni el cliente van a decir la verdad”, se afirma desde la Asociación Provincial de Auto-Taxi. 

Cabe destacar que la legislación vigente en la región -la Ley del Taxi 5/2018, de 19 de abril y el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo. de 13 de marzo de 2018- establecen claramente que “para la prestación de servicios de transporte urbano de personas mediante vehículos de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia de autotaxi”.

Con esta legislación se pretendía poner fin a la competencia de los ‘taxis piratas’, ya que se establecen infracciones leves, graves y muy graves. En este último caso se encuentra el supuesto de la “realización de transportes públicos de personas viajeras careciendo de la concesión, autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras de los transportes terrestres”. 

Las sanciones por las infracciones muy graves oscilan entre los 1.001 y los 4.000 euros.

Está claro que en Guadalajara, la Ley no desalienta a los conductores ilegales que se frotan las manos cada día llevándose un buen pico del salario de muchos trabajadores de la Logística; poniendo en riesgo su integridad física sin ninguna garantía; haciendo una feroz competencia desleal al sector del taxi, y defraudando a la hacienda pública -es decir a todos los ciudadanos- al dejar de pagar unos impuestos que se nos exigen al resto de los mortales para financiar los servicios públicos.