Demoledor informe del interventor sobre el estudio de viabilidad de los autobuses urbanos

A pesar de que en el mes de julio advirtió que el incremento del gasto por la prestación del nuevo servicio pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno sigue adelante con los trámites para sacar adelante el concurso

 

"Ha sido premisa de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos, el sacar adelante de la forma más diligente todos los contratos que estaban paralizados y garantizar los servicios públicos", afirmaba el pasado mes de septiembre en concejal de Servicios Municipales, Santiago López Pomeda, un día antes de que la Junta Local de Gobierno aprobara el Plan de Viabilidad económico-financiera para el servicio de transporte urbano de viajeros. Un nuevo contrato que el equipo de Gobierno de PP y Vox pretende aprobar a mediados del próximo año y que Pomeda calificaba como "un contrato moderno, que cubrirá las necesidades de la ciudad de Guadalajara y sus nuevos desarrollos y que además es sostenible económicamente".

 

Respecto a la última frase, los técnicos municipales no opinan lo mismo. 

 

El Decano de Guadalajara ha tenido acceso al informe del interventor general respecto al estudio de viabilidad. Un documento fechado el 11 de julio de este año -dos meses antes de que se informara sobre su aprobación en Junta de Gobierno- que es absolutamente demoledor y advierte de que, tal y como está diseñado, puede poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. 

 

En el mismo, la Intervención Municipal estudia una serie de variables económicas y legales que le llevan a informar desfavorablemente el estudio: "Todas las magnitudes legales que hemos analizado dan signos evidentes de alerta en cuanto a la magnitud del gasto, y al desequilibrio real existente entre gastos e ingresos, por lo que el llamado estudio de viabilidad que se me remite para informe no contiene los datos suficientes como para informar favorablemente su viabilidad economico-financiera, dado que propone un incremento de gasto presupuestario anual para los futuros ejercicios de 1.462.235,13 euros, por lo que, si hubiera que pronunciarse sobre el documento remitido en sus justos términos, el informe no es favorable", concluye el interventor.

 

Advierte además de que el estudio remitido adolece de falta de información concreta sobre el modo de obtener la financiación de los más de 1,4 millones de incremento del gasto para la prestación del servicio: "Un documento de estudio de viabilidad económicofinanciera, debe incluir, para poder analizar si es viable, tanto los costes, como su forma de financiación. Sin embargo este documento se limita a reflejar que los aumentos de costes los soportara el Presupuesto Municipal, pero sin reflejar las medidas que se adoptarán para obtenerlos".

 

El documento remitido por la Intervención señala que hay dos modos de obtenerla: con medidas de alza en los tipos impositivos o con una reestruración del Presupuesto de gastos para -afirma- "revertir la presente situación manifestada de inestabilidad [...] y soportar los 1.462.235,13 euros necesarios de incremento de gasto presupuestario para hacer viable la concesión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados".

 

Advierte además que "el escenario presupuestario con el que trabaja esta Intervención Municipal es la de que de nuevo se liquidará el presupuesto 2024 con inestabilidad presupuestaria, y que el Remanente de Tesorería real, será negativo".

 

El interventor afirma que, tanto en el caso de la más que segura "inestabilidad presupuestaria" y la "alta probabilidad" de que el remanente de Tesorería sea negativo, la
normativa legal impone la elaboración y aprobación de Planes de Saneamiento Financiero, lo que obligará al Consistorio a reducir gastos en el próximo ejercicio "por cuantía igual al déficit producido", tal y como establece la Ley el Pleno de la Corporación.

 

Por ello, concluye que "si a esta situación financiera reflejada actual del Ayuntamiento de Guadalajara, le incrementamos el gasto en la indicada cantidad de 1.462.235,13 euros, la situación se agrava notablemente, acarreando el siguiente imperativo legal, y es que las concesiones administrativas deben ser financieramente viables para acometerlas". 

 

Aún conociendo los datos de este informe, PP y Vox continúan adelante con los trámites administrativos para la aprobación del Plan de Viabilidad, un estudio que ha costado la friolera de 80.000 euros y que ha sido calificado como una "auténtica chapuza" por el Comité de Empresa de los trabajadores de los autobuses urbanos, quienes continúan pacediendo, junto a los viajeros, un servicio precario y anticuado.  

 

Acutalmente el texto se encuentra en periodo de alegaciones. El sindicato USO, mayoritario en el comité de empresa, ya ha presentado alegaciones.