Las 8 de Caibank llaman a la sociedad civil de Guadalajara a participar en una concentración de apoyo, convocada para el lunes, 10 de febrero, a las 9.30 horas, a las puertas de los nuevos juzgados de la Avenida del Mirador del Balconcillo de Guadalajara, cuando está señalado el juicio contra los ocho integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se enfrentan a penas de hasta 3,5 años de prisión por los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2017, cuando fueron detenidos por reclamar en la sucursal de Caixabank de Cabanillas un acuerdo por escrito para frenar el desahucio de una familia con tres hijos sin alternativa habitacional.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha celebrado esta mañana una rueda de prensa con tres de las personas imputadas, Diego Herchoren, Gustavo Rioja y Sergio Sánchez, que han comparecido en el centro de prensa de la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG), arropados por varios partidos políticos de izquierdas, organizaciones sindicales, del movimiento feminista y de otros movimientos sociales, entre los que se encontraban AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras, El Rincón Lento, Podemos, Izquierda Unida, la Confederación Nacional del Trabajo, la Plataforma Feminista, el Sindicato Comisiones de Base, STAS Intersindical, el Sindicato de Estudiantes, el Centro Social Octubre, Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de España.
Una conferencia en la que han recordado su decisión firme de no comparecer en el juicio, señalado para el próximo lunes y el marte, 10 y 11 de febrero, que llega después de más de siete años y que consideran “un juicio político”, en el que la Fiscalía, “acompañada esta vez por el Grupo Caixabank, pretende limitar el derecho a la protesta en esta ciudad y que los movimientos que estamos aquí representados nos lo pensemos dos veces el día que queremos alzar la voz contra aquello que entendemos injusto, que es, en definitiva, nuestra razón de ser como movimientos sociales y organizaciones”. Además, indican que el proceso ha estado “plagado de irregularidades, en el que se han hecho desaparecer pruebas fundamentales”
Así lo ha puesto de manifiesto Diego Herchoren, que no ha dudado rescatar de la memoria otros procesos similares acontecidos en Guadalajara, comoel de los Cinco del Buero, “que se jugaron la cárcel por defender la Educación Pública en la época más dura de los recortes de Maria Dolores de Cospedal”; o los 22 activistas de la PAH, “que quisieron evitar el desahucio de una mujer con discapacidad, sin alternativa habitacional, en el año 2018, y en contra de una decisión de la ONU.
“Asumimos todas las consecuencias que esto puede contraer, pero insistimos en que es un juicio que nunca debería haberse iniciado”, señala el activista.
A preguntas de los medios sobre las posibles consecuencias de esta decisión, Herchoren, que además es abogado, ha explicado que dependerá de la postura del Tribunal, teniendo en cuenta la petición de pena de las dos acusaciones: “Lo que indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) es que los juicios no se pueden celebrar en ausencias si hay una acusación que supere los dos años de prisión. En este caso hay dos, una inferior a dos años y otra superior, por lo que el Tribunal puede celebrar el juicio si toma en consideración únicamente la petición del Ministerio Fiscal. Ahora bien, si toma la del Grupo Caixabank, tendremos que ir no voluntariamente y el eufemismo es suficientemente claro”, ha valorado.
Los delitos que se les atribuyen a los acusados, según señaló Herchoren, son los de resistencia grave a la autoridad, desobediencia grave a la autoridad, coacciones y un delito de allanamiento de establecimientos abiertos al público, que se instruye por primera vez en Guadalajarta, y que según el abogado, se incorporaba en el Código Penal tras la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 junto con la Ley Mordaza, “una reforma penal dirigida a las protestas que muchos movimientos, fundamentalmente asociados a la vivienda, estaban realizando en sedes bancarias y fondos buitres, que evidentemente algo tienen que ver con la emergencia habitacional que vive este país”
En este sentido, Sergio Sánchez recordaba los hechos del 5 de diciembre de 2017, que califica como una “protesta pasiva y pacífica” dentro de un proceso de negociación que se había iniciado con el banco y el Ayuntamiento de Cabanillas, en el que ya se “había conseguido un compromiso verbal por parte del banco de no ejecutar el desahucio” y pretendían que dicho compromiso se plasmase por escrito, puesto que “ya habíamos tenido experiencias anteriores en las que el banco no había cumplido sus compromisos”.
Tal y como relata este acusado, “lo normal en una acción como esta, de protesta pasiva y pacífica por nuestra parte, era que la Guardia Civil sacara a los activistas fuera de la sucursal y, como mucho, les llegara una multa o algún tipo de sanción más adelante”. No obstante, se produjo la detención de los ocho activistas por decisión de la Subdelegación de Gobierno y, siete años más tarde, se enfrentan a un juicio en el que la acusación particular, el Grupo Caixabank pide tres años y medio de prisión y la Fiscalía, diez meses “lo que es casi aún más grave, ya que Caixabank borró las cámaras de seguridad de aquel día de la sucursal e incluso hay una declaración de un Guardia Civil que habla de protesta pacífica”. Sánchez apunta que la acusación de la Fiscalía tan sólo se basa en las declaraciones de los trabajadores de la sucursal de aquel día “y lo que se pretende es justificar una detención ilegal, ya que no se puede detener a unas personas por la comisión de un delito leve”.
Además, ha enumerado otras irregularidades como los más de siete años de espera y, por tanto, dilaciones indebidas, o la tentativa de la jueza de celebrar el juicio a puerta cerrada, “dejando fuera a Amnistía Internacional, la cual ha expresado su preocupación por este juicio y van a estar como observadores internacionales el próximo día 10”.
“Se trata de un juicio político en el que no se han respetado, no se respetan y no se van a respetar nuestros derechos, ante lo que nos declaramos insumisas, porque no vamos a colaborar con una justicia que no es justa y no vamos a ir a un juicio en el que la sentencia ya está firmada, antes de que entremos en el juzgado”, ha concluido.
“Esto no es una cuestión de un juicio a ocho personas de Guadalajara. Es una persecución política poniendo todos los recursos judiciales y policiales en contra de los movimientos sociales”, ha subrayado Gustavo Rioja. Según este imputado, ayer mantenían un encuentro en Cabanillas del Campo con varias organizaciones de toda España, en el que se analizaron diversos procesos judiciales con “un patrón común represivo, en el que se detienen a personas por ejercer su derecho a la Libertad de Expresión, por manifestarse en una sucursal bancaria, como es nuestro caso, por manifestarse contra un partido fascista en Zaragoza, por manifestarse contra el cambio climático, por manifestarse...” .
Ante estos procesos que se repiten en todo el Estado, ha sentenciado Rioja, “queremos decirle alto y claro a la Fiscalía y a los jueces de este país que nos estamos organizando para hacer frente a todo esto con insumisión judicial y desobediencia civil”.