Ansiti pide la colaboración de los ayuntamientos para estabilizar a los secretarios interventores interinos en abuso de temporalidad

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti)  he enviado cartas a los consistorios solicitando la aprobación de una moción para que la nueva Ley de la Función Pública incluya el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Abuso de Temporalidad, una situación en la que se encuentran prácticamente la totalidad de los secretarios interventores interinos de Guadalajara, que se encargan de toda la gestión administrativa y de tesorería de los ayuntamientos pequeños, algunos de los cuales acumulan más de 30 años en su puesto de trabajo

 

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) ha iniciado una campaña dirigida a los ayuntamientos para informar a las corporaciones municipales sobre la precaria situación en la que se encuentran estos puestos de habilitados nacionales en situación de interinidad, que son los responsables de toda la gestión administrativa y económica de los ayuntamientos, en especial, de los pueblos más pequeños de la provincia de Guadalajara y pedirles que aprueben en Pleno una moción para solicitar que, en el marco del proceso de tramitación del Proyecto de Ley de la Función Pública, se incluya el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Abuso de Temporalidad, una situación en la que se encuentran la gran mayoría, algunos de los cuales acumulan más de 30 años en su puesto de trabajo, que ahora pende de un hilo.

 

El Decano de Guadalajara publicaba el pasado 22 de febrero un completo reportaje sobre sus circunstancias laborales en la provincia de Guadalajara titulado “Los secretarios interventores interinos ‘somos la solución y no el problema’, que sostiene la administración local en el medio rural”, que profundiza en las reivindicaciones de Ansiti.

 

Según explica su presidente, Lorenzo Campillo, que además es secretario interventor de varios pueblos del entorno de Hiendelaencina, esta medida surge a raíz de las enmiendas presentadas por Junts per Cantalunya, Esquerra Republicana y Podemos han presentado a la nueva Ley de la Función Pública, que está en proceso de tramitación en el Congreso y la propuesta que va a realizar en el mismo sentido el Partido Popular en el Senado.

 

“En este contexto hemos redactado nuestra moción para los ayuntamientos puedan llevarla a acuerdo plenario y, si tienen los concejales y el alcalde a bien aprobarla, presentar un certificado por sede electrónica ante el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ”, señala el presidente de Ansiti, que valora la situación de los secretarios interinos como “insostenible” y recuerda que “llevamos 24 años sin aplicar la Directiva Europea del año 1999”.

 

En este sentido, apunta que esta directiva sí se aplicó al sector privado en el año 2015, con la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que limita la duración de los contratos temporales a un máximo de dos años, mientras que el Estatuto del Empleado Público establece un límite de temporalidad de tres años, pero “esto en la Administración Pública no está pasando y nos encontramos con circunstancias de compañeras que, por ejemplo, en las comarca de Molina de Aragón llevan más de 35 años siendo interinas en abuso de temporalidad”.

 
De hecho, en 2021 se aprueba la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligaba a los ayuntamientos a estabilizar a sus trabajadores “y en el caso de Hiendelaencina, por ejemplo, han tenido que estabilizar al peón de servicios múltiples y al auxiliar de ayuda a domicilio, porque así lo marca la ley”, relata Campillo.

 

No obstante, en el caso del personal con habilitación de carácter nacional, las competencias no dependen de los ayuntamientos, sino del Estado, que lo que hizo fue sacar dos procesos selectivos, un concurso oposición con 114 plazas, al que concurrieron 1.500 opositores y un concurso de méritos con 573 plazas, al que se presentaron 3.000, “con el correspondiente certificados emitidos por las Comunidades Autónomas que acreditaba el abuso de temporalidad”. Después de dos años y medio de este último proceso, ni siquiera se conoce la resolución provisional.

 

“Este proceso lo tenemos impugnado en el Tribunal Supremo, que nos ha requerido para que le aportemos plazas ocupadas por compañeros en abuso de temporalidad que no están dentro de esas 573 (que estimó el Gobierno central a la hora de diseñar el concurso de méritos para la estabilización de funcionarios interinos, teniendo en cuenta las cifras presentadas por las Comunidades Autónomas de personal con habilitación nacional en abuso de temporalidad). Nosotros, en una primera comprobación ya aportamos 400 plazas. El abogado del estado nos contesta hace 15 días manifestando que había cogido 25 plazas de manera aleatoria y no están ocupadas con abuso de temporalidad. Nos pusimos en contacto con los 25 compañeros que nos dijo el abogado del Estado y le mandamos al TS certificado de los Ayuntamientos y las Comunidades Autonómas donde se acredita que esos 25 compañeros sí están en abuso. El TS todavía no se ha pronunciado y esperamos que lo haga, porque los datos aportados por las CC. AA. son erróneos. Andalucía aportó ocho trabajadores en abuso de temporalidad y la Comunidad Valenciana, seis. Eso no se lo cree nadie y de ahí vienen las 3.000 personas que se presentaron”, aclara Campillo.

 

Hace dos meses, se publicó una oferta de empleo público de 1.500 plazas, a la que se sumaba hace un mes el anuncio de otra oferta de 1.000 plazas, en respuesta al desarrollo del Real Decreto por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, donde había una disposición que posibilitaba la convocatoria de un proceso selectivo para cubrir las plazas pendientes de estabilización, “por lo que han sacado otras 1.000 plazas que no sabemos si van a ser oposición libre, concurso o concurso-oposición”. 

 

“Estamos expectantes porque, cuando salieron 500 a estabilización nos presentamos 3.000. Ahora vemos que sacan 1.500 libres y otras 1.000, con lo que ahí tenemos las 3.000 plazas, pero si el proceso es libre y los compañeros aprueban, ¿qué va a pasar con los interinos que llevamos tantos años en abuso?. Que nos van a tener que indemnizar si nos echan a la calle, con lo que supone eso para las arcas públicas de los ayuntamientos pequeños”.

 

El presidente pone un ejemplo muy esclarecedor de un secretario interino medio con abuso de temporalidad de 15 años, al que le correspondería una indemnización por despido de en torno a los 48.000 euros y cuestiona lo que puede suponer este desembolso para un ayuntamiento pequeño. “Por ejemplo, en mis ayuntamientos los Presupuestos anuales ascienden a 93.000 euros en uno de ellos y a 98.000 en el otro, cuando se tiene la solución al lado, que es la fijeza en el puesto de trabajo”, asevera.

 

El presidente de Ansisti argumenta, además, que los habilitados nacionales han tenido que superar un proceso selectivo, precisamente, por la inacción del Estado, que a lo largo de las últimas décadas no ha convocado las plazas suficientes para cubrir las plazas de secretarios en los ayuntamientos, “y no ha cubierto siquiera la tasa de reposición de los funcionarios que se jubilan”, por lo que las comunidades autónomas han tenido que realizar sus propios procesos selectivos para la constitución de bolsas de trabajo. “En mi caso, nos presentamos casi 3.000 compañeros y pasamos los dos ejercicios casi 290. Yo me quedé el 69 y desde entonces estoy trabajando. Después de 10 años en mi caso o 30, en el caso de otros compañeros, no entendemos por qué no se nos aplica la Directiva Europea”

 

Campillo hace hincapié en que los secretarios interventores interinos no reclaman ser funcionarios de carrera, sino “la fijeza en nuestros puestos de trabajo”, una medida que desde Ansiti consideran que es la mejor solución para la Administración Local.

 

“Se necesita por lo menos un año para llevar la rutina del Ayuntamiento y conocer todos los engranajes de la Administración Local. Van a entrar muchos funcionarios de carrera y se van a marchar porque, además, estos pueblos pequeños no son atractivos para ellos y tenderán a irse a pueblos más grandes”, aventura el presidente de Ansiti.

 

El problema, insiste Lorenzo Campillo, “no lo tiene el Ministerio a futuro convocando procesos selectivos, sino que lo tiene a pasado con un capital humano de profesionales formados, con experiencia, que lo único que están demandando es un puesto fijo”, concluye.