El alcalde de Fontanar se enfrenta a cuatro años de cárcel por prevaricación, al adjudicar una obra a la madre de un amigo

El juicio arranca este martes, 25 de octubre, a partir de las 9.00 horas, en la Audiencia Provincial de Guadalajara

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, por un supuesto delito de prevaricación administrativa y fraude a la Administración Pública, por adjudicar una obra menor, correspondiente a la terminación del proyecto de urbanización del sector 4, a Amelia Jiménez, madre del jefe de Protección Civil de la localidad y amigo de San Vidal, para la que la Fiscalía pide otros cuatro años de cárcel, como colaboradora necesaria.

 

En concepto de responsabilidad civil, se reclama a ambos acusados una indemnización “conjunta y solidaria” al Ayuntamiento de Fontanar de 24.533,59 euros, más los intereses legales, de la que se establece como responsable civil subsidiaria la entidad “WTL Soluciones Integrales S.L.” la supuesta sociedad pantalla creada para adjudicar las obras.

 

El juicio arranca mañana, a partir de las 9.00 horas, en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

 

Además, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, con privación definitiva del cargo de alcalde, así como los honores que le sean anejos, con la incapacidad de obtener dicho cargo u otros análogos durante el tiempo de la condena.

 

Cabe señalar que Víctor San Vidal fue elegido alcalde de Fontanar por primera vez en la Municipales de 2015, bajo las siglas del PSOE. No obstante, fue apartado del partido y en 2019 revalidaba el cargo con mayoría absoluta, encabezando la lista de un nuevo partido “Entre todos Fontanar”. Poco después sería detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos.

 

Según recoge el Escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Decano de Guadalajara, los hechos que se van a juzgar mañana se remontan al año 2017. Las obras de urbanización del sector 4 se iniciaban en 2006 y fueron adjudicadas a Procodeur Promociones Urbanas S.A., pero nunca llegaron a recepcionarse, al no encontrarse completamente terminadas “a la vista del informe desfavorable del técnico” de 21 e marzo de 2012, con lo que se ejecutó el aval, que garantizaba la correcta finalización de las mismas, por importe de 59.116,68 euros.

 

En marzo de 2017, siendo ya alcalde Victor San Vidal, se inicia el expediente para la terminación de las obras del sector 4 y se encarga a la arquitecta del Ayuntamiento una memoria valorada de las obras pendientes de realizar, documento que establece, de acuerdo al proyecto de urbanización de 2006, que faltaría el ajardinamiento de una rotonda y varias zonas verdes, así como la red de riego, dotación de mobiliario urbano, instalación de una nueva rejilla de alcantarilla, la puesta a punto de los ocho contadores de electricidad, la instalación de 30 armarios y contadores de agua y la colocación de varias señales de tráfico, así como relleno y sellado de las grietas de la calzada, trabajos que fueron cuantificadas en 59.444,05 euros.

 

El 11 de mayo de 2017, según continúa relatando el Escrito del Fiscal, se solicita el procedimiento a seguir mediante Providencia de la Alcaldía, a la secretaria interventora, en cuyo informe se especifica que, atendido el precio del contrato que asciende a 49.127,32 euros y 10.316,74 euros de IVA, la contratación y tramitación del expediente corresponde al Alcalde, al no superar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier caso, los seis millones de euros. Asimismo, se trata de un contrato menor de obras, por lo que podrá adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar suficiente y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, de acuerdo a la legislación vigente. No obstante, en el informe se recomienda, para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, se soliciten tres ofertas, siempre que sea posible, entre otros requisitos.

 

El Fiscal señala que a pesar de ello, el alcalde de Fontanar adjudicó directamente a Amelia Jiménez, la terminación de las obras “con la intención de beneficiar a la acusada (…) con la que tenía una estrecha relación personal personal”, a pesar de que “no tenía experiencia alguna en obras de urbanización ni cualificación profesional adecuada para la ejecución de las misma”.

A fin de evitar cualquier sospecha sobre la falta de imparcialidad y transparencia de la operación, indica el Escrito de la Fiscalía, los acusados, decidieron, de común acuerdo, que la adjudicación se hiciese a una entidad creada ex profeso para la realización de dichas obras de terminación del sector 4, a modo de empresa pantalla, pues en realidad se trataba de una sociedad unipersonal, cuya administradora y socia única era la acusada, y no disponía de medios personales ni materiales para llevar a cabo tales obras de urbanización, lo que se hacía efectivo el 18 de octubre de 2017, momento en el que la sociedad “no tenía capacidad de obrar, ya que ni estaba constituida ni en formación, pues comenzó sus operaciones en fecha de 24 de octubre de 2017 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre de 2017”.

Para desarrollar las obras de terminación del sector 4, la acusada, tuvo que contratar mano de obra externa a la empresa Construcciones Guarne S.L. quien presentó un presupuesto por importe de 8.500,25 euros (IVA incluido) y facturó finalmente 9.581,99 euros.

 

Las obras de terminación del sector 4 se desarrollaron bajo la exclusiva dirección y supervisión del alcalde de Fontanar, que prescindió de cualquier tipo de intervención y control por parte de los técnicos municipales, concretamente de la arquitecta municipal.

 

Asimismo, el alcalde “con ánimo de beneficiar a la acusada”, introdujo una serie de modificaciones en el proyecto, que reducían el coste de la obra y que “sin embargo, no tuvieron ningún reflejo en la cantidad facturada finalmente” por la sociedad pantalla. Concretamente, estas modificaciones afectaban a la jardinería y el mobiliario. Asimismo, no se llevaron a cabo determinadas tareas que se encontraban en el proyecto original, como por ejemplo, la instalación de los 14 aspersores; los 30 armarios contadores de agua; las 11 señales, de las cuales sólo se instalaron cuatro; la colocación de la valla metálica; se instalaron sólo siete papeleras de las 23 que recogía la memoria; no se instaló el mobiliario infantil; ni se realizó el fresado de la calzada, ni el sellado de las grietas, entre otros trabajos.

 

Estas modificaciones en el proyecto que, en relación con la memoria valorada, suponían una diferencia de 24.533,59 euros, pero el Ayuntamiento de Fontanar abonó a la entidad la cantidad total de 59.444,05 euros.