El Estado acorrala a Pymes y trabajadores por cuenta propia para ponerlos a su servicio

Ser un pequeño empresario o autónomo se ha convertido en una actividad de riesgo en España. Pese a representar cerca de un 95% del tejido empresarial del país, se trata de un colectivo constantemente menospreciado por la administración, acosado por las trabas burocráticas y sometido a un trágala sin derecho al pataleo

Dado su peso, lo más razonable sería una relación, como mínimo, de igual a igual, ofreciendo al colectivo las máximas facilidades para desarrollar su actividad e impulsar el crecimiento económico. Todo lo contrario. Lejos de servir de muleta, el sistema los desprecia con continuos recortes, desatenciones y desigualdades, dificultando al extremo su labor.  
 

Aprovechando el actual proceso de digitalización, el Estado está invirtiendo los papeles forzando a los ciudadanos a estar al servicio de la administración pública y no al revés. Con este cambio de paradigma, la administración empieza a imponer la obligatoriedad de una relación puramente electrónica para ciertas actividades o procedimientos de forma cada vez más extensiva.  
 

La administración pone al ciudadano a su servicio y no al revés 
 

Para ello no hay reparo en vulnerar los derechos del ciudadano a decidir el tipo de relación, ya sea personal o electrónica, generando situaciones kafkianas. Sin ir más lejos, la Tesorería de la Seguridad Social ha lanzado un portal para realizar trámites electrónicos de manera 'supuestamente' sencilla, personalizada y guiada desde cualquier dispositivo. 
 

Con este argumento, al ciudadano ya no le llegarán notificaciones postales sino electrónicas. En esta comunicación se exige la descarga de la aplicación Importass en su móvil para realizar este trámite o cualquier otro con la Seguridad Social sin tener en cuenta si se dispone o no de un teléfono inteligente o simplemente no se desea descargar la aplicación. Al fin y al cabo, por qué el ciudadano debe confiar en una administración interesada en conocer todas sus actividades. ¿Tan raro es pensar en que uno puede estar descargando un hipotético Pegasus? 
 

Por lo demás, si uno es algo torpe con la tecnología  y no logra abrir la notificación siguiendo los pasos fijados en la guía, puede solicitar ayuda a través de la página y la respuesta será un correo con los mismos pasos que se han seguido sin éxito. Ni a Kafka se le habría ocurrido tamaño disparate 
 

Eso, sin contar con posibles errores informáticos. En este caso, la solución lógica pasaría por acudir a una oficina física. Pero ahí se encontrará con un funcionario que se encogerán de hombros. Al autónomo le dirá que no es problema suyo y le remitirán a los servicios informáticos sin ofrecerle una solución práctica o cuanto menos la información de dichos servicios.  
 

En caso de quejarse a la administración vía electrónica, la respuesta será tajante radical "La Orden Ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo que modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social, establece la OBLIGATORIEDAD de los trabajadores por cuenta propia o autónomos para incorporarse a dicho Sistema. No obstante, para cumplir con esta obligación el trabajador puede optar por acogerse a este Sistema y gestionar sus trámites a través de un autorizado Red o directamente hacer uso de los servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS)". 
 

La obligatoriedad se extiende a la recepción de las notificaciones, por lo que para su consulta y firma se deberá acceder al servicio correspondiente en la SEDESS". Es decir, ajo y agua.  
 

Persecución impositiva a los autónomos 
 

Una situación extrapolable al pago de impuestos. Tanto es así que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos La Unión (UPTA) viene denunciando una aberrante persecución fiscal y exige un cambio inmediato de criterio por parte de la AEAT para cumplir los compromisos alcanzados y se adopte una política fiscal equilibrada, que no convierta a las personas trabajadoras autónomas en el chivo expiatorio de las deficiencias del sistema. 
 

Al respecto, más de siete millones de pymes y autónomos deberán adaptar sus procesos de facturación al nuevo marco digital impulsado por Hacienda antes de 2026. Se trata de VeriFactu, el sistema de Hacienda que hará obligatoria la factura electrónica para tener una trazabilidad total. Ningún borrador, proforma o albarán podrá borrarse sin dejar rastro a partir de ese momento.  
 

Esta obligación se desprende de la Ley Antifraude y del marco establecido por el Real Decreto 1007/2023. Aunque este último no menciona expresamente los documentos preparatorios, la normativa sí exige que cualquier sistema informático garantice la conservación, trazabilidad e inalterabilidad de todos los registros relacionados con la facturación.  
 

En otras palabras: ya no sirve 'borrar y volver a hacer', sin dejar rastro a la hora de facturación a la AEAT, ni siquiera con proformas. Cualquier sistema que no conserve ese historial -aunque sea de un simple borrador- podría incurrir en sanciones, señalan en TeamSystem, compañía especializada en software de gestión para pymes, autónomos y gestorías. Una presión incesante que hace la vida cada vez más complicada a pymes y autónomos. [Sí Importass. Importas una m...Como diría el castizo. 

Julio Muñoz. Periodista de información económica y experto en comunicación