ECONOMÍA. El exceso regulatorio supone una pesada losa para el crecimiento del PIB

La inflación, los elevados impuestos, los problemas de la vivienda, la inmigración descontrolada o las pensiones son algunos de los factores en lo que más nos solemos fijar como principales lastres del crecimiento económico. Pero, por encima de todos, hay un factor determinante, el exceso de regulación

La claridad y calidad del entorno regulatorio es clave para el dinamismo de una economía sana y floreciente. Algo de lo que España no puede presumir. La alta densidad de normas y la fragmentación derivada de las numerosas administraciones disparan los costes y suponen un freno al emprendimiento.  
 

Por este motivo, todos los grandes agentes empresariales reclaman una mejora y simplificación de normas para favorecer un marco de actuación más dinámico, eficiente y accesible para las empresas, en especial para pymes y autónomos, los grandes motores económicos de la economía española.  
 

El entorno institucional en el que operan las empresas juega un papel clave en el desarrollo económico. La calidad de las instituciones, en particular del marco regulador, afecta directamente a la capacidad de crecimiento de un país, tal y como recoge el último informe anual del Banco de España. 
 

Las normas bien diseñadas son básicas para ordenar la actividad económica 
 

"Las normas son necesarias para ordenar la actividad económica y, bien diseñadas, pueden corregir fallos de mercado y fomentar un crecimiento sostenible. Sin embargo, cuando la normativa se multiplica sin una planificación adecuada o se vuelve muy compleja puede convertirse en un obstáculo para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas y, también, de la economía", destaca el economista de la entidad Juan Mora Sanguinetti.  
 

Los datos de la proliferación de normas sin precedentes son demoledores en España. Desde el inicio de la transición el ordenamiento jurídico español ha generado más de 411.000 normas nuevas. Una peligrosa bola de nieve que no hace más que crecer. Según los datos más actualizado, en España se publican más de 30 nuevas normas cada día, una cada 45 minutos. Tendencia que va en aumento, pues el número de normas publicadas cada año se ha venido multiplicando por cuatro desde 1979. 
 

Esta proliferación de la normativa pone en evidencia un exceso de dinamismo normativo derivado de la descentralización del Estado en desarrollo, así como por el impulso de la transposición de las directivas europeas. El alud normativo plantea enormes retos operativos.  Los empresarios y emprendedores se enfrentan a una creciente carga administrativa y a una posible falta de claridad o coherencia en el entorno regulador.  
 

El ciudadano al servicio de la administración: una deficiencia democrática 
 

Eso poco a poco va generando un cambio social perverso de papeles, de inmensa deficiencia democrática, en el que la administración ha dejado de servir al ciudadano para que sea el ciudadano el que acabe convirtiéndose en servidor de la administración. 
 

Por si eso fuera poco, a esta perversión se le suma la peculiar heterogeneidad de la normativa española tanto entre sectores como entre comunidades autónomas. En el período entre 1995 y 2020 en Cataluña se han aprobado más de 770 normas de media al año, frente a las 682 de Andalucía y las 391 de la Comunidad de Madrid. En este aspecto, Castilla La Mancha tampoco sale bien parada con 478 regulaciones de media al año en este período.  
 

Un claro ejemplo de lo heterogéneo y dispersión de la normativa, lo cual "se traduce en diferencias significativas en los requisitos legales y administrativos para las empresas según dónde y en qué sector operan", apunta Juan Mora. 
 

El alto coste económico de la maraña normativa 
 

Este aumento de regulación, en ocasiones hasta límites absurdos como puede ser la propuesta de la implementación de la atención en catalán a todas las empresas españolas con más de 250 empleados, afortunadamente arrumbada a un lado, acaba teniendo unos efectos perturbadores sobre la actividad económica, especialmente en las empresas de menor tamaño. 
 

Un mayor volumen de normas conlleva una reducción en la entrada de nuevas firmas y una menor creación de empleo. En algunos sectores, como el industrial, se observa una clara relación negativa entre densidad normativa y dinamismo empresarial. 
 

Las pequeñas empresas son las más sensibles al aumento de la normativa, pues tienen menos capacidad para absorber los costes de cumplimiento. Según cálculos del Banco de España, un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores. 
 

Menor eficiencia del mercado interior 
 

Además, la convivencia de normas diferentes en cada comunidad autónoma, la llamada fragmentación normativa, supone un incremento de los costes de cumplimiento para las empresas, dificulta la expansión territorial y provoca una reducción en la eficiencia del mercado interior. Este fenómeno puede afectar especialmente a las pymes y autónomos que, a menudo, no tienen una asesoría jurídica que les facilite operar en varias regiones al mismo tiempo. 
 

Pero el efecto perverso no se queda ahí. La complejidad regulatoria también limita la capacidad de las empresas para innovar. Si bien ciertas normativas, como las medioambientales o 'verdes', pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías siempre que estén bien diseñadas, una normativa excesiva o descoordinada entre administraciones tiende a generar incertidumbre, a disuadir la inversión y a reducir el margen de actuación empresarial. 
 

En el ámbito de la regulación 'verde', por ejemplo, el Banco de España ha observado que los efectos sobre la innovación dependen en gran medida de la coherencia entre las normativas nacionales y autonómicas. Cuando las disposiciones están alineadas, pueden estimular la adopción de tecnologías más limpias. Pero cuando resultan inconsistentes o contradictorias, los efectos pueden ser contraproducentes. 
 

Hacia una mejor calidad institucional 
 

La regulación es necesaria y debe facilitar el funcionamiento ordenado de la actividad económica. Por ello, el reto no es necesariamente tener menos regulación, sino contar con una regulación mejor diseñada y más clara y coordinada. Una política regulatoria eficaz requiere mecanismos de evaluación, simplificación y coordinación entre administraciones. En este sentido, resulta clave reforzar los análisis de impacto normativo y evitar duplicidades innecesarias entre niveles de gobierno. 
 

Reducir la maraña regulatoria no solo aliviaría los costes para las empresas existentes, sino que también propiciaría la entrada de nuevas empresas y emprendedores y el crecimiento de proyectos innovadores. "En última instancia", apunta Juan Mora, "avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente contribuirá a mejorar la productividad, la competitividad  y el bienestar económico general". 

Julio Muñoz. Periodista de información económica y experto en comunicación.