LOS VECINOS DENUNCIAN: Yélamos de Abajo: la subestación invisible y el apagón informativo en la Alcarria

'Los vecinos denuncian', un espacio abierto de El Decano de Guadalajara a los lectores en el que expresar y hacer públicas sus quejas o demandas para mejorar sus barrios o pueblos

 

Por Aurelio Martínez

 

Durante casi un año, los vecinos de Yélamos de Abajo (Guadalajara) y de otros municipios de la comarca de La Alcarria llevan intentando averiguar qué planes energéticos se ciernen sobre su territorio. Lo que han encontrado no ha sido información clara, sino silencio administrativo, documentos opacos y una alarmante falta de transparencia en uno de los procesos que, según el propio Gobierno, debería basarse en la aceptación social y la participación ciudadana: la planificación de la red eléctrica.

 

La sospecha comenzó cuando empresas privadas empezaron a buscar terrenos agrícolas para macroinstalaciones de renovables en el término municipal de Yélamos de Abajo. Poco después, una declaración pública de la presidenta de Redeia (Red Eléctrica) —en la que afirmaba ante el presidente de Castilla-La Mancha que no se olvidaba de “la subestación de bombeo de Yélamos”— encendió todas las alarmas en una población que no había recibido ninguna información oficial.

 

Una subestación que no existe… pero aparece

La clave está en la denominada subestación BUDIA 400 kV, incluida en modificaciones puntuales de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2021–2026 y posteriormente mencionada en la propuesta 2025–2030. Según la información recabada por los vecinos, la subestación denominada “Budia” se pretende ubicar realmente en el término municipal de Yélamos de Abajo, a más de 15 kilómetros del municipio que le da nombre.

 

Esta práctica —admitida informalmente por personal de Red Eléctrica, según relatan los afectados— provoca una desinformación grave, ya que los vecinos de Yélamos no encuentran su municipio citado en ningún documento oficial y, por tanto, no saben a qué alegar ni cómo defender sus derechos.

 

La situación resulta aún más desconcertante cuando se comprueba que:
• En la planificación original 2021–2026 no figuraba ninguna subestación en la zona.
• La subestación BUDIA aparece después, mediante modificaciones puntuales tramitadas en plenas Navidades.
• Se justifica su necesidad por un supuesto proyecto de central hidroeléctrica de bombeo en La Alcarria que no ha obtenido financiación pública y no está aprobado.

 

¿Infraestructura crítica o planificación sin justificar?

La Ley del Sector Eléctrico permite modificar la planificación cuando una infraestructura resulta “crítica para la transición energética”. Sin embargo, los vecinos cuestionan seriamente esa calificación en este caso.

 

Castilla-La Mancha es exportadora neta de energía renovable, la subestación de Fuentes de la Alcarria ha sido recientemente ampliada a 400 kV y la comarca soporta ya una alta concentración de infraestructuras energéticas. Pese a ello, no consta:
• Un análisis de impactos acumulativos y sinérgicos.
• Una justificación técnica comparativa de alternativas.
• Un estudio territorial que evalúe la saturación del territorio.

 

El Tribunal Supremo ha reiterado que la evaluación ambiental no puede fragmentarse cuando existen proyectos concurrentes, pero la planificación presentada ignora este principio.

 

Más de cien escritos, cero respuestas

El malestar social no es menor. Más de 100 solicitudes de moratoria han sido registradas ante el Ayuntamiento de Yélamos de Abajo sin obtener respuesta. En el pleno municipal de octubre, los vecinos no pudieron formular preguntas y 20 cuestiones registradas por escrito siguen sin contestación.

 

Este silencio administrativo reiterado vulnera la Ley 39/2015, que obliga a la Administración a resolver expresamente, y vacía de contenido el derecho a la participación pública, reconocido tanto en la legislación española como en el Convenio de Aarhus.

 

Ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni el Ayuntamiento han informado oficialmente a la población sobre:
• La ubicación exacta de la subestación.
• Su potencia y función real.
• Los proyectos industriales asociados.
• Las afecciones ambientales y socioeconómicas.

 

Una planificación sin licencia social

Mientras los documentos oficiales hablan de transición ecológica, justicia territorial y aceptación social, la realidad en La Alcarria es otra: opacidad, indefensión y ausencia total de diálogo con la población rural.

 

Los vecinos temen que su comarca se convierta en un polígono industrial energético, sacrificando tierras agrícolas, empleo local y biodiversidad, sin que exista una necesidad real ni una evaluación ambiental adecuada. Todo ello, además, en un contexto de estrés hídrico y despoblación rural.

 

Exigen paralización e investigación

Los afectados solicitan la paralización de todas las actuaciones hasta que se implante un proceso transparente, con información clara, estudios ambientales rigurosos y participación real de la ciudadanía. Reclaman que se investigue cómo se están tomando decisiones que afectan de forma tan profunda al territorio sin control público efectivo.

 

La pregunta que queda en el aire es inquietante: ¿cómo puede hablarse de transición justa cuando se planifica a espaldas de quienes viven en los territorios afectados?