EDITORIAL. Tremendo sopapo

"Ha sido premisa de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos, el sacar adelante de la forma más diligente todos los contratos que estaban paralizados y garantizar los servicios públicos". Con esta frase sacaba pecho el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, en una rueda de prensa ofrecida el pasado mes de septiembre, en la que anunciaba la inminente aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del estudio de viabilidad económica relativo a la concesión del servicio del transporte urbano de viajeros de la capital y los barrios anexionados. 

Parece que eso de "sacar adelante de forma diligente" los contratos paralizados y "garantizar los servicios públicos" se ha quedado en agua de borrajas. Al menos en el caso de los autobuses. 

El Decano de Guadalajara les informaba este lunes en PRIMICIA que ninguna empresa se ha mostrado interesada en hacerse con el contrato y la licitación ha quedado desierta. Ni siquiera Alsa, la actual concesionaria, ha presentado oferta. Lo que sí ha presentado es un recurso contra el pliego de condiciones, que ya dice bastante. Recurso que se suma, además, al presentado por los trabajadores.

En los pasillos de la Casa Consistorial tuvo que escucharse -figuradamente- la sonora bofetada que se ha llevado el equipo de Gobierno de PP y Vox ante el estrepitoso fracaso del que se había vendido como el contrato 'estrella' de los de Guarinos, quienes se habían atribuido -antes de tiempo- el papel de 'salvadores' de una de las concesiones más importantes del Ayuntamiento, cuyo coste supera los 93 millones de euros. A los que ahora habrá que sumar algunos millones más. 

Este batacazo era la crónica de una muerte anunciada. El equipo de Gobierno ya estaba avisado.

Primero, por un informe demoledor del interventor municipal, quien en julio de 2024 ya informaba desfavorablemente sobre el estudio económico y de viabilidad, del que les informó El Decano.

También estaban avisados por quienes más conocen el servicio. Tanto la empresa Alsa como el comité de empresa, liderado por USO, presentaron alegaciones al estudio, que los trabajadores calificaron de "chapuza". 

Lo mismo que hicieron los grupos municipales de la oposición, PSOE y Aike, que ya alertaban de que lo que finalmente ha pasado.

Cabe destacar que, en su momento, se presentaron alrededor de 30 alegaciones, la mayoría de las cuales -precisamente las más importantes- fueron rechazadas. 

Y de aquellos polvos, estos lodos. Dado que la licitación ha quedado desierta, el proceso debe comenzar prácticamente de cero. Hay que realizar un nuevo estudio económico y de viabilidad -80.000 euros del ala costó el primero- y volver a sacar la licitación. Con los plazos de los procedimientos administrativos, la puesta en marcha de la nueva contrata se irá a buen seguro más allá de 2027 y PP y Vox ya no podrán 'presumir' en campaña electoral de haber garantizado un servicio público esencial para los vecinos, porque ellos mismos se han encargado de rematarlo.

Al final, los 'paganos' van a ser los de siempre: los usuarios. Personas mayores, estudiantes y trabajadores que van a continuar unos años más padeciendo un servicio desfasado, caótico, que no cubre las demandas, con continuos problemas para recargar las tarjetas y con líneas en las que las frecuencias son imposibles de cumplir. Todo ello aderezado con unos vehículos viejos, que acumulan demasiados años de servicio, destartalados, con continuas averías e inseguros. 

Lo más increíble fueron las explicaciones del concejal responsable, Lopez Pomeda, durante la rueda de prensa convocada para anunciar que la licitación había quedado desierta. Sin sonrojarse -que era para ello- lo calificó como una "incidencia" y echó la culpa de todo a la inflación y al acuerdo laboral al que llegaron los trabajadores con la empresa cuando el procedimiento ya estaba abierto. Con un par. 

Ahora la culpa la tienen la subida de precios -el estudio se remonta a 2024 y eso ya se sabía cuando se aprobó el pliego en 2025, pero no se tuvo en cuenta- y la plantilla de Alsa, que lo único que ha hecho ha sido reclamar sus derechos, que venían siendo ignorados desde hace años. Hay que tener la cara muy dura para no reconocer la mala gestión y echar balones fuera. Algo que tampoco es nuevo en este equipo de Gobierno que, por externalizar, externaliza hasta las responsabilidades de los propios errores.

También insiste el concejal en que en el nuevo estudio se van a mantener todas las "bondades" del pliego anterior sobre las nuevas líneas, el microbus, la renovación de la flota, etc, insistiendo de este modo en mantener muchos de los errores y carencias -entre ellas las demandadas líneas a los polígonos industriales- de los que ya les han advertido, tanto la empresa como los trabajadores y la oposición. 

Eso sí, el concejal garantiza que el servicio se prestará "con total normalidad". Vamos, que les viene a decir a los usuarios que 'ajo y agua' con lo que hay, que de 'normal' tiene bien poco. 

Mucho nos tememos que el varapalo sufrido esta semana por el equipo de Gobierno no va a ser el primero en todo lo relativo al contrado de los buses urbanos. Especialmente, por su incapacidad para la escucha y por la falta de autocrítica, que se han traducido en una gestión nefasta de este contrato.

De momento, y a riesgo de resultar soeces: tremenda hostia la que se han llevado Guarinos, Pomeda, el PP y Vox. 

Seguiremos informado.