EDITORIAL. Mareando la perdiz

En una rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento de Guadalajara -por sorpresa, a las diez de la noche del día anterior- la alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada por el concejal de Medio Ambiente y responsable de la Zona de Bajas Emisiones, José Luis Alguacil, comparecía el miércoles para anunciar la decisión del equipo de Gobierno de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 la aplicación de las restricciones y las sanciones vinculadas a la ZBE en la capital.

La regidora aseguraba que se trata de una decisión "meditada, responsable y pensada" con el objetivo de favorecer a los vecinos y a los comerciantes del casco histórico. Dejaba claro que el Ayuntamiento adaptará la normativa para que la ZBE se active únicamente en momentos en los que los niveles de contaminación lo hagan estrictamente necesario, cosa que tan sólo ocurre en la ciudad unos cinco días al año.

PP y Vox se cargan así de un plumazo la esencia de la ZBE, que no es otra que mejorar la calidad del aire urbano, reducir la contaminación acústica y mitigar el cambio climático. Y de paso, se pasan por el arco del triunfo lo recogido en la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de esta zona, publicada en el BOP de 25 de septiembre de 2025, aprobada por el propio Ayuntamiento y firmada por la regidora, en la que se afirma textualmente: "El establecimiento de las ZBE es también una oportunidad de reordenación de la movilidad en el municipio y que, junto a otras medidas (potenciación del transporte público, ampliación de espacios peatonales, potenciación de la movilidad ciclista, etc.), puede ser una oportunidad para replantear el esquema de movilidad en su conjunto, mejorando no sólo el medio ambiente y la salud, sino también la vida de los ciudadanos".

Es decir, que de una "oportunidad” ahora pasamos a no necesitarla. En palabras de la propia Guarinos: "Guadalajara no necesita una Zona de Bajas Emisiones porque ya es, en sí misma, una ciudad de bajas emisiones". Y alega que las mediciones de la calidad del aire reflejan que ésta ha mejorado en los últimos años, algo que hasta ahora no habíamos oído, al menos públicamente.

Además, insistía en que la finalidad de la ZBE "no puede ser restringir ni multar, sino mejorar la calidad del aire y proteger la salud". Como reza el refrán: "Donde dije digo, digo Diego".

En apenas dos años y medio de mandato, el equipo de Gobierno ha estado mareando la perdiz con la aprobación de hasta tres moratorias; la modificación de la Ordenanza correspondiente; la activación de una web municipal que nunca ha funcionado para lo que se proyectó; la instalación de señales que ahora ya no sirven y que habrá que cambiar por pantallas; la pintura de marcas viales, que tampoco, y la distribución de un folleto informativo que lo único que ha conseguido es despistar, confundir y cabrear al personal. Especialmente a los residentes y trabajadores del centro, muchos de los cuales ya estaban realizando trámites para solicitar los correspondientes permisos de entrada y estacionamiento en la ZBE. Trámites que, visto lo visto, no han servido para nada. 

Es decir, se han estado gastado y se van a seguir gastando recursos públicos y de personal municipal -que pagamos todos- para terminar retorciendo el cumplimiento de una normativa europea. Esperemos que Europa no termine sancionando al Ayuntamiento, ya que el 80% de los 4,5 millones de euros que recibió para los gastos de la ZBE están financiados por la Unión Europea.

Además, resulta tremendamente curioso que hace dos meses, el concejal responsable ofreciera otra rueda de prensa en la que anunciaba las últimas modificaciones para la puesta en funcionamiento de la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones, antes de que el 30 de abril de este año empezaran a aplicarse las sanciones. Los cambios, según Alguacil pretendían "mejorar la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas, después de haberles escuchado en diferentes reuniones". Además, anunciaba la puesta en marcha de una plataforma para que los vecinos de la zona centro pudiesen inscribirse y realizar trámites, así como una campaña de publicidad institucional. 

Nos preguntamos qué ha pasado en estos sesenta días para este 'giro dramático' de los acontecimientos. 

Queda meridianamente claro que la implantación de la ZBE es una cuestión enormemente polémica y que genera mucha respuesta ciudadana. Y la alcaldesa sabe que, a poco más de un año para las elecciones, al PP no le iba a venir muy bien imponer una medida polémica y muy cuestionada en Guadalajara. Porque 'casualmente', la nueva moratoria se alarga hasta el 31 de diciembre de 2027, unos meses después de la cita con las urnas. Sospechoso cuanto menos. 

En la jugada también entran sus socios de Gobierno de Vox, quienes ya avanzaron en 2024 que llevaban tiempo trabajando para "frenar la aplicación de la ZBE en Guadalajara, ya que es una medida que consideramos innecesaria". Dado el discurso radical y el negacionismo climático de la formación ultra y, tal y como se están poniendo las cosas a nivel interno, a Toquero y compañía no les interesa ponerse a mal con el gran jefe Abascal. Hay que procurar no salirse del redil a riesgo de irse a la puñetera calle a poco que uno levante la voz contra sus directrices. Como vienen elecciones, hay que asegurarse el sillón. Al menos algunos, porque otros ya saben que les van a hacer 'desaparecer'.

Y como el Partido Popular de la capital va a necesitar muy mucho a Vox si quieren continuar en el Gobierno municipal, ante la subida de la ultraderecha en las encuestas y teniendo en cuenta que Guarinos sólo subió en 11 votos respecto a su antecesor, Antonio Román, a los populares les conviene asumir las tesis negacionistas y las presiones de sus socios. Algo que, por otra parte, llevan haciendo a lo largo de toda la legislatura. 

Una vez que pasen las municipales y los ciudadanos decidan, veremos qué ocurre finalmente con la implantación de la ZBE en Guadalajara, aunque ya les avanzamos que es la crónica de una muerte anunciada. 

Mientras tanto, pediríamos al PP -los de Vox han dejado clarinete que de ZBE, nada de nada- que deje de marear a los vecinos de la ciudad, que bastante tienen con rascarse el bolsillo cuando han de pagar el IBI y soportar además unos servicios municipales caóticos. 

Un poquito de respeto para los que les han elegido para gobernar en el Ayuntamiento, que no es su cortijo sino la casa de todos. Les hayan votado o no.