UPA pide en Bruselas flexibilizar la directiva del agua para evitar pérdidas millonarias y el abandono del campo

La organización agraria alerta de recortes de hasta dos tercios en dotaciones de regadío en zonas de Castilla-La Mancha y reclama más plazo para cumplir los objetivos ambientales sin poner en riesgo el tejido productivo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado en Bruselas una flexibilización de la Directiva Marco del Agua para evitar “efectos irreversibles” en el sector agrario de Castilla-La Mancha. La petición se produce en un momento clave, ante el mandato de la Comisión Europea para revisar esta normativa en el primer trimestre de 2026 y en pleno debate sobre el nuevo ciclo de planificación hidrológica en España.

Durante una ronda de reuniones con representantes de la Comisión Europea, del PSOE y del Partido Popular Europeo, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, trasladó la “tremenda preocupación” del campo ante la aplicación estricta de los objetivos medioambientales, especialmente en lo que respecta a las aguas subterráneas en cuencas como el Segura y el Alto Guadiana.

Morcillo advirtió de que, sin medidas de flexibilidad, amplias zonas agrícolas podrían verse abocadas a pasar del regadío al secano. En comarcas del sureste de la provincia de Albacete, esto supondría recortes de hasta dos tercios en las dotaciones de agua, con pérdidas estimadas en 277 millones de euros anuales en producción agraria. El impacto se extendería al conjunto de la economía, con una caída de hasta 595 millones de euros en el PIB de la demarcación, además de una pérdida de valor patrimonial cifrada en 626 millones de euros.

La delegación de UPA —integrada también por el secretario general nacional, Cristóbal Cano, y el responsable del sector del vino, Alejandro García-Gasco— defendió la necesidad de una transición hacia un uso más eficiente del agua, pero compatible con la viabilidad de las explotaciones agrarias y el mantenimiento del empleo en el medio rural.

“Necesitamos una exención en el cumplimiento estricto de esta regulación y más margen temporal, más allá de 2027, para adaptarnos sin provocar el abandono de la actividad agraria”, subrayó Morcillo, quien insistió en que el endurecimiento de las condiciones actuales podría acelerar el cierre de explotaciones y debilitar el tejido empresarial ligado al campo.

En el marco de su agenda en Bruselas, UPA mantuvo encuentros con la eurodiputada socialista Cristina Maestre, con representantes de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea —entre ellos Isaac Ojeda Jiménez—, así como con responsables de la Representación Permanente de España ante la UE y de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Desde la organización agraria apelan ahora al “apoyo y complicidad” de los representantes españoles en las instituciones comunitarias para introducir cambios en la normativa europea que permitan conjugar la protección ambiental con la supervivencia del sector primario en regiones especialmente vulnerables a la escasez hídrica, como Castilla-La Mancha.