La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), junto a agricultores afectados, representantes ecologistas y miembros de la plataforma vecinal constituida contra el proyecto, ha mostrado este lunes su rechazo a la planta solar fotovoltaica Haza del Sol, promovida por la empresa Alfanar Energía en el término municipal de Fuentelencina.
El proyecto contempla la ocupación de unas 275 hectáreas y una línea de evacuación de más de 41 kilómetros que, según denunciaron, afecta a decenas de municipios de la comarca de La Alcarria.
El presidente de APAG, Juan José Laso, ha fundamentado la oposición de la organización en cuatro motivos principales: el impacto paisajístico, la afección al sector agrícola y ganadero, la alteración del ecosistema alcarreño y la falta de retorno para la provincia. “Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara”, afirmó.
Laso criticó además la postura del Ayuntamiento de Fuentelencina, al considerar que “se ha posicionado a favor de este proyecto y en contra de todos los agricultores del municipio y de muchos de sus vecinos”. En este sentido, recordó que los consistorios cuentan con herramientas urbanísticas para regular este tipo de instalaciones y reclamó una moratoria que permita abrir “un periodo de discusión y diálogo”.
Durante la comparecencia, el presidente de APAG también cuestionó la situación del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, quien ejerce además como delegado provincial de Agricultura de la Junta de Comunidades en Guadalajara. A juicio de Laso, se produce “un hecho incomprensible e incongruente” al considerar que un representante de Agricultura “favorece a una empresa privada que produce electricidad en contra de los intereses agrícolas y ganaderos de la provincia”. Por ello, pidió al consejero de Agricultura su cese en ambos cargos y solicitó la intervención de la Diputación Provincial y de la Junta para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica una revisión del proyecto.
En representación de los propietarios afectados intervino Aurelio Brihuega, agricultor de la zona, quien explicó que muchos vecinos conocieron recientemente la existencia del proyecto tras recibir comunicaciones de la empresa promotora. Según indicó, en esas cartas se les daba un plazo de 15 días para alcanzar acuerdos de cesión de terrenos, advirtiendo de una posible expropiación forzosa mediante la solicitud de declaración de utilidad pública.
Brihuega señaló que los primeros trámites del proyecto comenzaron en 2021, aunque lamentó la falta de información a propietarios y vecinos. Según explicó, la pasada semana mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Fuentelencina, cuya conclusión, dijo, fue que el consistorio “se ha puesto de perfil” y sostiene que “no puede hacer nada” para frenar la iniciativa.
El agricultor aseguró que entre 40 y 50 explotaciones podrían verse afectadas y defendió el derecho de quienes quieran vender sus terrenos, pero rechazó que se obligue a quienes no desean hacerlo. “Ahora mismo nos sentimos desprotegidos totalmente”, afirmó. En su caso particular, recordó que hace cuatro años realizó una importante inversión en una plantación de almendros con sistema de riego, vallado y colmenas que podría verse afectada por la instalación fotovoltaica.
Por su parte, Víctor Plaza, agricultor de Fuentelencina y representante de Jóvenes de APAG, advirtió de las consecuencias que el proyecto podría tener sobre el relevo generacional en el campo. Plaza subrayó que muchos jóvenes agricultores han asumido compromisos vinculados a ayudas públicas durante cinco años y que, si pierden sus explotaciones, podrían incumplir esas obligaciones y enfrentarse incluso a sanciones o devoluciones de ayudas. “Es un disparate”, afirmó, al tiempo que reclamó al Ayuntamiento que “escuche a sus vecinos y no se mantenga al margen”.
Desde el ámbito ecologista, el presidente de Ecologistas en Acción Guadalajara y miembro de la Plataforma Aliente, Tino Tovar, denunció la “prepotencia” con la que, a su juicio, actúan algunas empresas promotoras de plantas fotovoltaicas. Tovar explicó que su organización presentó alegaciones al estudio de impacto ambiental y lamentó que “se ignoren sistemáticamente”.
El representante ecologista insistió en que su colectivo apoya las energías renovables, aunque defendió una implantación “ordenada” y compatible con la actividad agraria y la conservación del territorio. En este sentido, apostó por priorizar instalaciones en cubiertas industriales, terrenos degradados o junto a infraestructuras ya existentes.
Según explicó APAG, el proyecto cuenta actualmente con Declaración de Impacto Ambiental favorable, salvo en lo relativo a la línea de evacuación, y está pendiente de la Declaración de Utilidad Pública, fase en la que los afectados prevén presentar alegaciones.
Asimismo, recordaron que el Ayuntamiento de Fuentelencina está ultimando su Plan de Ordenación Municipal, un instrumento urbanístico que podría incluir zonificaciones específicas para limitar la ubicación de plantas solares, como ya han hecho otros municipios de la provincia como Cabanillas del Campo, Brihuega o Viñuelas.
