Los veterinarios de Castilla-La Mancha rechazan la figura del ‘cazador formado’ por los riesgos para la salud pública

El Consejo regional denuncia que el nuevo decreto permite a personas con una formación limitada asumir funciones propias de los veterinarios y alerta del riesgo de comercializar carne de caza sin supervisión profesional
 

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo frontal al decreto autonómico que regula la formación en sanidad animal e higiene para las personas que participan en actividades cinegéticas, al considerar que la nueva figura del denominado “cazador formado” supone un riesgo para la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud pública.

 

La normativa, publicada recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece los requisitos formativos que deberán cumplir los cazadores para desempeñar determinadas funciones relacionadas con la inspección y manipulación de piezas de caza. Según denuncia el Consejo regional, esta formación se limita a 28 horas lectivas, que podrían quedar reducidas a 22,5 horas al exigirse únicamente una asistencia mínima del 80 % para obtener la certificación.

 

Desde la organización veterinaria consideran insuficiente esta preparación para asumir responsabilidades que, a su juicio, corresponden exclusivamente a profesionales veterinarios. Entre ellas citan la categorización de subproductos animales, la recopilación de información sanitaria, la comunicación de sospechas de enfermedades de declaración obligatoria, la supervisión de condiciones higiénicas en instalaciones de manipulación de piezas de caza o el control de la trazabilidad de los animales abatidos.

 

Además, advierten de que la nueva regulación permite que los cazadores realicen una primera inspección de las piezas abatidas y autoricen, además del autoconsumo, la comercialización de pequeñas cantidades de carne de caza sin que estas hayan sido supervisadas previamente por un veterinario.

 

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha sostiene que el decreto “permite a cazadores, sin la adecuada formación, realizar actuaciones que no garantizan la sanidad animal, la seguridad alimentaria y, por tanto, ponen en peligro la salud de las personas”.

 

La entidad considera que la Administración regional no debería anteponer ningún interés a la protección de la salud pública y la sanidad animal. En este sentido, alerta de que la normativa deja fuera del control veterinario enfermedades de especial relevancia, como la tuberculosis o la peste porcina africana, cuya incidencia sigue preocupando al sector ganadero y a las autoridades sanitarias.

 

Alegaciones sin respuesta

Los veterinarios recuerdan que en octubre de 2025 presentaron alegaciones al borrador del decreto ante la Consejería de Sanidad, fundamentadas en criterios científicos y en la normativa europea y estatal vigente. Sin embargo, lamentan que sus observaciones no hayan sido incorporadas al texto definitivo y aseguran no haber recibido explicaciones sobre los motivos de su rechazo.

 

Entre los argumentos esgrimidos, el Consejo señala que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce la Veterinaria como profesión sanitaria y atribuye a estos profesionales competencias específicas en materia de higiene alimentaria, producción de alimentos de origen animal y prevención de zoonosis, es decir, enfermedades transmisibles de los animales a las personas.

 

“Ninguna de estas materias puede dejarse a merced de personas con insuficiente formación que ponga en juego la salud pública”, advierten desde la organización.

 

Asimismo, sostienen que la figura del “cazador formado” carece de encaje dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 50/2018 y recuerdan que los cotos de caza ya están registrados como explotaciones ganaderas conforme al Decreto 69/2018, por lo que disponen de veterinarios responsables de comunicar patologías y enfermedades detectadas.

Riesgos en la comercialización de carne de caza

Los representantes veterinarios también cuestionan la interpretación que se hace en España del Reglamento Europeo 853/2004 sobre higiene de los alimentos de origen animal. A su juicio, la normativa comunitaria debe aplicarse garantizando los máximos controles sanitarios sobre unas carnes que presentan una elevada capacidad de proliferación bacteriana y que pueden ser portadoras de enfermedades transmisibles al ser humano.

 

Por ello, el Consejo expresa su “indignación” al considerar que el decreto se ha aprobado “en contra del interés general y de la defensa y garantías de la sanidad animal y la seguridad alimentaria”.

 

La organización concluye denunciando que la nueva regulación atiende “a los intereses de otros colectivos” y no protege adecuadamente a los consumidores, al existir, según afirman, “un enorme riesgo de que se comercialicen canales de piezas de caza sin la supervisión de un veterinario”.

 

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha agrupa a los cinco colegios provinciales de la región y tiene entre sus principales objetivos la defensa de la salud pública, la sanidad animal y la conservación del medio ambiente mediante la promoción y visibilización de la labor preventiva que desarrollan los profesionales veterinarios.