UGT denuncia la ampliación de la vida útil de las ambulancias y augura "un verano problemático"

El nuevo contrato del transporte sanitario no ha servido para mejorar la situación de los trabajadores que llevan desde 2013 con el salario congelado y anuncian movilizaciones de cara a las autonómicas de 2027

 

El nuevo contrato del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, según UGT, lejos de mejorar la condiciones de los más de 2.200 trabajadores que sostienen el servicio -unos 290 en la provincia de Guadalajara- condena al sector a tener el salario congelado hasta 2031, mientras las negociaciones del convenio, caducado desde 2023, siguen bloqueadas, con unas condiciones laborales y salariales que no se actualizan desde 2013.

 

A ello se suma una resolución del Sescam que amplía la vida útil de las ambulancias, mientras se pone en marcha el nuevo contrato y entra en servicio el nuevo parque móvil, hacia octubre o noviembre, una medida que UGT considera que compromete la seguridad de los pacientes y los trabajadores, debido al mal estado en el que se encuentra la flota, con la vida útil de los vehículos agotada.

 

“Nos aventuramos a decir que el verano va a ser problemático. Los vehículos tienen fallos; van a tener problemas, como otras veces, de aire acondicionado; no es la primera vez que se ha tenido que llamar deprisa y corriendo porque una ambulancia en medio de un servicio se ha parado y todo esto, ampliando la vida útil de las ambulancias va a pasar con frecuencia”, ha explicado el responsable de Sanidad de Federación de Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, Fernando Peiró.

 

 

Una vez más, Fernando Peiró, ha comparecido junto al responsable del Transporte Sanitario de FSP-UGT CLM, Serafín García, para denunciar el bloqueo de la situación y la indefensión de los trabajadores y anunciar un otoño “caliente” que pretende invadir de movilizaciones la campaña electoral. “El año que viene hay elecciones autonómicas y vamos a estar donde estén ellos, porque no se puede estar diciendo que están del lado de los trabajadores y a la hora de la verdad darles la espalda”.

 

Serafín García, por su parte, relató que en una reunión con el Sescam  a finales de abril, para explicar las mejoras del nuevo contrato, ya se adelantó que se iba a retrasar la puesta en marcha del servicio con la nueva empresa hasta octubre o noviembre, debido al carrozado de las ambulancias, una circunstancia que entienden que tenían que haber previsto con más antelación, teniendo en cuenta la baja oferta de este tipo de servicios y que Cataluña, con un parque muy superior, estaba por delante.

 

En esta línea, ha criticado la aplicación de una medida excepcional, que sólo tiene un antecedente durante la pandemia, para atender a las necesidades de la empresa, cuando las ambulancias del primer contrato, que no eran nuevas cuando se inició el servicio, ya han superado su vida útil de diez años. “Esta situación no surge por casualidad. Es consecuencia de los retrasos acumulados durante años de la negociación del contrato”, indica, recordando que los contratos se suscribieron en 2017, para una duración de cuatro años, prorrogables por dos más y han estado funcionando con contratos prorrogado o de emergencia. “Han estado jugando con los tiempos de las elecciones de Emiliano García-Page y no de las necesidades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y mucho menos de los trabajadores del sector”.

 

Los representantes de los trabajadores han recordado que de los 24 vehículos que tiene Guadalajara (cuatro UVI’s, cuatro ambulancias convencionales y 16 ambulancias de soporte vital básico) sólo las ambulancias del transporte programado estarían en mejor estado, mientras el que se destina al transporte sanitario urgente adolece de problemas mecánicos graves. Unas carencias que tal y como denuncian se están supliendo con vehículos viejos procedentes de otras provincias donde la empresa presta servicio, algunos de ellos con más de 600.000 km.

 

“Consideramos que esta situación merece una reflexión profunda porque estamos hablando de vehículos sanitarios y de la seguridad de pacientes y de trabajadores. Nuestros compañeros denuncia diariamente vehículos con averías recurrentes, con problemas de climatización, con incidencias mecánicas continuas; vehículos que están en fallo motor o no pueden exceder los 80km/h porque tienen problemas mecánicos graves y se paran; que en ocasiones tienen problemas para desarrollar con normalidad el servicio de emergencias. Creemos que ningún profesional debería verse obligado a prestar asistencia sanitaria en condiciones que puedan comprometer la seguridad, la suya, la de los pacientes y personas que lleva en la ambulancia, y la del resto de usuarios de la vía pública”, ha valorado Serafín García.

 

Los representantes de los trabajadores del transporte sanitario valoran las mejoras en el equipamiento y la renovación de flota, “sin embargo, tenemos que decir claramente que este contrato vuelve a olvidarse de las personas: Se habla de ambulancias, de tecnología, equipamiento, pero nadie habla de los profesionales. No existe ninguna garantía de mejora salarial, ni ningún compromiso de recuperar el poder adquisitivo perdido. No existe ninguna solución para una plantilla que lleva años soportando condiciones cada vez más difíciles”, ha señalado García.

 

El responsable de Sanidad señaló que el Sescam, con el que mantuvieron una reunión a finales de abril, “mira para otro lado y echa la culpa a las empresas” y señala que tampoco han encontrado respuesta alguna tras las conversaciones mangenidas con dirigentes del PSOE.

 

El responsable del Transporte Sanitario ha indicado que si bien es cierto que la empresa y los sindicatos se sientan a negociar el convenio es la Administración la que tiene que fijar las condiciones económicas del contrato; determinar los recursos disponibles; decidir cuánto tiene que costar el servicio y “por lo tanto resulta imposible desvincular completamente la financiación pública de las condiciones laborales de quienes prestan este servicio”, ha dicho. En este sentido, recuerda que las empresas afirman no disponer de margen para negociar mejoras si no existe una financiación adecuada.

 

“En la actual licitación, las empresas que van a entrar echaron las cuentas con el convenio actual, que hace muchos años que está vencido”, ha añadido Peiró, que considera que desde la Administración han puesto palos a las ruedas a la firma de un convenio nuevo “condenando a los trabajadores a un escenario de congelación salarial hasta 2031 mínimo”.

 

Mientras tanto denuncia que el convenio de Castilla-La Mancha se encuentra a la cola del resto de las comunidades autónomas que están “muy por encima”. “El de Castilla-La Mancha va a ser el último, el más bajo de todos. Hasta el Estatal lo va a superar, que es un convenio marco y de mínimos”, ha dicho.

 

Asimismo, ha indicado que el convenio colectivo vigente contempla en el artículo 22 la participación de los agentes sociales en los contratos del transporte sanitario y denuncia que no se ha mantenido ninguna reunión encaminada a la elaboración de los pliegos de condiciones. “Quienes conocen el trabajo diario de este sector no fueron escuchados y hoy estamos viendo las consecuencias”.

 

 

Por último, García ha insistido en que los trabajadores del transporte sanitario no son parte del problema, sino de la solución porque “llevamos años sosteniendo el sistema, cubriendo carencias; y garantizando la existencia sanitaria urgente y programada en Castilla-La Mancha y merecemos condiciones laborales, salarios dignos y vehículos sanitarios seguros”.