Por Gloria Magro
De las flores del cardo Cynara cardunculus se extrae el cuajo vegetal ligado tradicionalmente a la producción de los mejores quesos artesanos. En Albares (610 hab.), en la Alcarria Baja de Guadalajara, una pequeña quesería incorpora esa flor morada a su diseño de marca. En apenas seis meses de actividad, Briman, quesos de campo, ha posicionado sus productos en los mejores restaurantes de la provincia y también en puntos seleccionados de venta al público. Al frente, Rebeca Grimaldos (39 años), una joven emprendedora rural que está levantando un negocio complementario a la ganadería familiar. La quesería pone en valor tanto la leche que producen las ovejas y cabras de su marido como su propio trabajo como propietaria de una explotación agroalimentaria.
Como ella, por toda Castilla-La Mancha cada vez más mujeres con nuevos perfiles profesionales están contribuyendo a actualizar la realidad rural. Y también a fijar población.
Cerca de un diez por ciento del PIB regional se basa en la agricultura, sector que aún en 2026 es decisivo para la economía de las cinco provincias castellano-manchegas, incluyendo Guadalajara. Un tercio de los trabajadores del campo son mujeres, según datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, con la peculiaridad de que muchas de ellas no están dadas de alta en la Seguridad Social.
Desde tiempo inmemorial, el trabajo femenino en el medio rural ha sido considerado ayuda familiar complementaria a las tareas del hogar, una denominación legal en sí misma que no lleva aparejado reconocimiento jurídico o retribución monetaria alguna. Como consecuencia, las mujeres de agricultores y ganaderos no han tenido acceso directo a las ayudas PAC de la Unión Europea, ni derecho a bajas laborales y maternales o a pensión de jubilación más allá de las no contributivas. Esta situación tan invisible como discriminatoria ha consolidado un modelo económico y social propio de otra época que en la actualidad está en plena transformación.
Hasta la promulgación de las leyes igualitarias, especialmente de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, de ámbito estatal en 2011, "esas mujeres eran trabajadoras invisibles e invisibilizadas", explicaba Noemí Cano, técnico de Fademur, la Federación de Asociaciones Rurales, en una de las jornadas de 'La vuelta a la España rural. Mujeres frente al cambio', celebrada hace unos días en Almoguera (1379 hab.).
Murcia, Zamora, Almería, Valencia, Toledo… más de diez mil kilómetros recorridos desde que esta iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura se pusiera en marcha en 2024. Su objetivo: ofrecer formación sobre emprendimiento, ayudas, innovación, y liderazgo, con especial mención a la titularidad compartida: los retos actuales de las mujeres que deciden quedarse a vivir en los pueblos. "Es una actividad dirigida a mujeres que quieran emprender sin salir del mundo rural, tanto en agricultura como en otros sectores. Mujeres que son el pilar de sus casas en familias que viven del campo, sólo por eso tienen mi reconocimiento personal y el de Fademur", afirma su responsable regional, Lola Martín.
En Guadalajara, la jornada, orientada a emprendedoras y agricultoras de la comarca del sur de la provincia, contó con la presencia de la presidenta del grupo de desarrollo rural Adasur, Esperanza Magán, así como con personal técnico tanto de la federación como de la delegación de Agricultura y Desarrollo Sostenible, además de la colaboración del Ayuntamiento de Almoguera.
La brecha de género es uno de los problemas históricos que arrastra el mundo rural, junto con la desigualdad de acceso a los servicios básicos, la falta de oportunidades y de formación y las dificultades para la conciliación familiar. En estas últimas décadas, en Castilla-La Mancha se ha abordado esta problemática desde la discriminación positiva y la legislación.
La ley de la Titularidad Compartida reconoce el trabajo de las mujeres en el campo y facilita la gestión conjunta de las explotaciones, a la vez que implica compartir derechos y responsabilidades, así como rendimientos y subvenciones. Se trata de una de las reivindicaciones históricas de asociaciones como Fademur, la rama feminista y progresista de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que trabaja desde hace más de dos décadas para que las mujeres sean las dinamizadoras económicas y culturales de sus localidades. Sus programas, están dirigidos al empoderamiento femenino en los pueblos, donde el sector primario ha estado y sigue estando altamente masculinizado.
Junto a ésta ley, en Castilla-La Mancha, el Estatuto de la Mujer Rural, con rango legal, aprobado en 2019 y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 2011, son normativas ambiciosas que sitúan a la región entre las más adelantadas en la lucha contra la discriminación, una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page.
"Antes de esta ley no podían cotizar dos personas con el mismo código de explotación ganadera o agrícola", explica Lola Martín. El origen de esta figura legal se situó en principio en la cornisa cantábrica. Allí se vio la necesidad de solventar jurídicamente la situación de desamparo y pobreza en el que quedaban muchas mujeres del medio rural si decidían divorciarse, toda vez que su vida laboral estaba ligada a las explotaciones familiares, cuya titularidad era del cabeza de familia, generalmente el padre o marido.
Desde su implantación, Castilla-La Mancha es después de Castilla y León la comunidad donde más mujeres se han acogida a la titularidad compartida. Se trata de una legislación a la medida de pequeñas explotaciones familiares "que está ahí para quien la necesite", aclara la responsable de Fademur. Su importancia radica, en su opinión, en que en la práctica "acaba con la invisibilización de las mujeres en el campo" y además contribuye a fijar población: como efecto secundario "frena la migración femenina a las grandes ciudades".
Se trata, por tanto, de un mecanismo efectivo dentro de la batería de medidas que en los últimos años tratan de frenar la despoblación en regiones como la nuestra. "Trabajar sin cotizar a la Seguridad Social te perjudica a ti y también a la sociedad", afirma esta veterana feminista curtida en mil batallas a lo largo de más de dos décadas de militancia en la Federación de Mujeres Rurales promoviendo medidas igualitarias en la región.
"Llevo casada treinta y ocho años y desde entonces soy titular de la PAC" cuenta Chati Urdillo (62 años), que se define como agricultora. Propietaria de olivares, asiste al evento de Fademur con su nuera, también agricultora. Su objetivo, que su nieto de pocos meses continúe con la explotación familiar. Chati se queja ante quien quiera oírla de las dificultades que afrontan los jóvenes en el campo y de la burocracia. A su lado, su nuera asiente mientras el niño en el carrito permanece ajeno a las ponencias y a las demandas familiares.

Se calcula que el setenta y siete por ciento del territorio en España es zona rural pero sólo lo habita un tres por ciento de la población. En Castilla-La Mancha, además de la despoblación, se lucha contra el envejecimiento y la migración ante la falta de oportunidades. Ochocientas mil personas en la región serían agricultores, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. La media de la propiedad es de apenas cinco hectáreas, el resto se explotaría en régimen de arrendamiento. Las ayudas públicas para establecerse en el campo a través de las distintas líneas existentes, como el programa Leader están ligadas a estrictas condiciones de viabilidad y auditoría.
En Las Pedroñeras (6416 hab.), en la comarca de La Mancha Baja, la economía gira en torno al ajo. Agustina Ramírez (50 años) es la segunda generación de productores bajo la enseña Ajos Agus Ramírez. Su padre fue el primero en trenzar las ristras con anea, la fibra vegetal con las que se hace el asiento de las sillas rústicas. En la actualidad, es su hija quien está a cargo de la explotación familiar y quien ha actualizado el comercio de ajo morado con denominación de origen a través de su presencia en redes sociales y el comercio online. Hoy, sus arreglos de ajos, el elemento singularizador de su negocio, tienen su propia cuenta de Instagram y protagonizan la fachada de su tienda gourmet.
La ayuda de las asociaciones ha sido determinante. "Para mí, Fademur es una segunda madre", afirma por teléfono, transmitiendo la pasión con la que lleva su negocio. "He estado toda la vida trabajando pero sin tener visibilidad. Tenía clientela por el boca a boca pero no tenía la visibilidad que me han dado ellas. He vuelto a nacer como mujer rural, me han puesto en valor".
Y no solo eso, a través de la federación ha contactado con otras emprendedoras, lanzándose a una joint venture muy productiva. Con TrufaZero, de Cifuentes (1731 hab.) en Guadalajaa, distribuye sal de ajo. Coincidió con su responsable, Loreto Palafox, en el Plan Allen Rural, un proyecto conjunto con IKEA de impulso a las productoras de pequeños municipios que entre 2023 y 2025 benefició de forma directa a más de novecientas mujeres rurales de toda España. Con ayuda del grupo de desarrollo rural de su comarca, ADI El Záncara, Agustina ha instalado una máquina automática expendedora de ajos, algo revolucionario para un producto agrícola de estas características.
Mas allá del campo, en la industria agroalimentaria actúan las entidades de desarrollo rural, colaboradores necesarios en cada comarca. Grupos que como Adasur promueven los perfiles profesionales femeninos a través del apoyo constante al emprendimiento. Desde la pandemia del Covid constatan la presencia de perfiles más cualificados y así lo explica su presidenta, Esperanza Magán. "Los que viven en el centro de Madrid, por poner un ejemplo, tienen la visión del pueblo que tenían sus abuelos: creen que las gallinas corren por la calle", en alusión a una idealización del medio rural que en muchos casos no se corresponde la realidad. De hecho, cree que estos nuevos perfiles femeninos que se benefician de las ayudas europeas y del asesoramiento de las organizaciones agrarias están siendo determinantes al configurar una nueva realidad alejada de tópicos y alineada con el desarrollo urbano. Magán coincide con los técnicos de Fademur en que las mujeres son determinantes a la hora de fijar población.
A escasos kilómetros de Almoguera, en Yebra (508 hab.), la almazara local, Oleosan, lleva en funcionamiento desde 1929. Ahora está al frente María Sánchez (29 años), que junto con su hermano son la quinta generación de la empresa familiar y llevan las riendas desde el fallecimiento repentino de su progenitor en 2008. En aquel momento, María dejó su trabajo en Madrid para volver a instalarse en el pueblo. Ahora es la cara visible del negocio. Con ayuda de Adasur han mejorado la maquinaria y sus instalaciones y se han adentrado en el marketing digital. Ofrecen catas de su AOVE con denominación de origen y certificación ECO, dando un valor añadido al producto, y están presente en redes sociales y comercio online. "Y ahora queremos plantar nuestro propio olivar, además de ampliar el negocio con una nueva envasadora y volcarnos en la producción ecológica", cuenta María, que acude a la jornada informativa en busca de orientación.
Las historias personales se repiten allí donde los técnicos presentan los programas de ayudas y asesoramiento. Historias de éxito, de emprendimiento, de nuevas empresas y de explotaciones cuyas riendas pasan a las mujeres de la siguiente generación
Los expertos que trabajan en este campo afirman que la formación frena la migración de las mujeres y también les permite desarrollarse profesionalmente en pequeñas localidades si esa es su elección. Entre los cursos ofrecidos por las asociaciones que trabajan en la región, el muy demandado de manejo de drones, imprescindible hoy en el manejo del ganado extensivo, por poner solo un ejemplo.
Tierra de emprendedoras es el proyecto que impulsa el talento femenino rural en Castilla-La Mancha, en colaboración con las diputaciones provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Su web acerca negocios de cercanía y productos locales al público consumidor, visibilizando nuevos emprendimientos y a las mujeres que los lideran. Cada año otorga sus reconocimientos a través de becas con una pequeña dotación económica.
En esta última edición una de las premiadas fue Montse Illana (54 años), que desde Lupiana (344 hab.) una localidad cercana a Guadalajara, dirige Bis a Bis Comunicación, una empresa que ofrece estrategias de comunicación a pymes y autónomos y trabaja codo a codo con Adasur para que "ninguna mujer que quiera emprender se quede por el camino". Entre sus clientas, emprendedoras al frente de empresas familiares por todo el territorio del sur de la provincia, principalmente del sector agroalimentario, pero también tecnológicas, punteras en su sector, en este rincón de la provincia especialmente industrializado y que linda con Madrid.
Se trata de que las mujeres rurales tengan las mismas oportunidades no solo que los hombres, sino también que las mujeres urbanas, como no dejan de señalar desde las distintas entidades que trabajan en el medio rural. Y que los pueblos sean un foco de atracción y nunca un elemento disuasorio.
En Campillo de Altobuey (1312 hab.), Cuenca, Patricia Madrid (38 años) ha recuperado el cultivo tradicional de azafrán de sus abuelos. "Vivíamos en Valencia hasta el COVID -cuenta-, cuando nos volvimos al pueblo. No teníamos intención de quedarnos aquí, simplemente sucedió: llegó septiembre y matriculamos a los niños en el colegio. Y aquí seguimos”. Patricia trasladó al pueblo su estudio de fotografía y diseño gráfico y su marido se hizo cargo de la explotación agrícola familiar. Al cabo de un par de años inició La Pesetica, el negocio de cultivo y comercialización de azafrán en hebra D.O. La Mancha que lleva el nombre con el que se conoce a su abuela en el pueblo. "Con ayuda de mis suegros y inspiración de mis abuelos puse dos hectáreas y media de azafrán y me lancé".
Después, la tramitación de los permisos legales la impulsó a pedir ayuda externa. "Fademur me ayudó con el expediente legal, agilizaron los trámites; tenía la campaña sin vender". Para Patricia y su familia no hay vuelta atrás -"Todo lo que dejamos en Paiporta se lo llevó el agua"- y ya está pergeñando su siguiente proyecto rural, algo que aúne su vena artística con la cultura del azafrán. Sabe que puede contar para ello con Adiman, el grupo de desarrollo rural de su comarca, La Manchuela conquense.
Y no solo con ellos. Lo que tiene en mente Patricia podría tener cabida en el último programa puesto en marcha en la región, Guardianas de la Cultura Rural. Presentado el pasado mes de abril en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, está orientado a formar, asesorar y acompañar a las mujeres rurales del sector cultural y creativo. "Se trata de transformar el talento femenino en proyectos sostenibles que no solo generen empleo, sino que preserven el patrimonio inmaterial y dinamicen la identidad cultural de los territorios", explican desde esta iniciativa.
Las mujeres de los pueblos se enfrentan a los cambios sociales y económicos con apoyo y formación desde el sector público. Y no solo para ellas, también para sus familias, con iniciativas como el Plan Corresponsables, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que desde 2021 está al servicio de la conciliación familiar, "no para que a las mujeres nos alivien la carga sino para qué está se reparta", como explicaba en Almoguera Lola Martín, de Fademur.
El plan permite articular mecanismos en colaboración con entidades locales, dando apoyo específico a las necesidades de conciliación de las familias mediante servicios de cuidados dirigidos a niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años de edad. También aborda la problemática de los cuidados a través de otros ejes de actuación relacionados, como la creación de empleo de calidad y la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional de los cuidados y los cuidadores. Según datos de la Consejería de Igualdad recogidos en prensa, más de un setenta por ciento de los municipios de la región se había acogido al plan tras su implantación, lo que certifica la necesidad de medidas como ésta.
La consejera de Igualdad, Sara Simón, al hacer balance de su implantación, hacía hincapié en la importante contribución "que realiza en zonas rurales o poco habitadas en las que existen menores a muchos kilómetros de distancia de ludotecas y otros servicios a los que las familias recurren para conciliar, lo que supone, generalmente, un coste aún mayor para las mujeres en estas poblaciones". Simón también incidía en que "tenemos que dar las mismas oportunidades que a los hombres y, especialmente, a las mujeres en las zonas rurales".
Las asociaciones que trabajan en los pueblos no pierden el foco. "La igualdad no es un derecho adquirido sino luchado. En cualquier momento se puede perder -advertía la responsable regional de Fademur, Lola Martín, en Almoguera-. Mi madre tiene 80 años y (el permiso de) su primer trabajo se lo firmó mi abuelo, su padre; y el segundo, su marido". Desde esta organización se muestran partidarias de la discriminación positiva "hasta que haya tantos proyectos presentados por mujeres como por hombres".
El objetivo último es que el mensaje impregne y cale en la sociedad rural. Parece que se está consiguiendo.