El nuevo equipo de Gobierno de Pioz contrata a un asesor que cobrará más que la alcaldesa: 75.000 euros al año

El PSOE denuncia que se trata de una contratación "a dedo". Presenta un recurso de reposición basándose en la falta de acreditación de la necesidad excepcional del puesto y de disponibilidad presupuestaria y la insuficiencia de motivación respecto de las retribuciones propuestas

El primer Pleno municipal celebrado en Pioz tras el cambio en el Gobierno, celebrado hoy viernes, ha arrancado con polémica: la contratación de un asesor personal por 75.000 euros al año, que cobará incluso más que la alcaldesa, Carmen Blázquez.

Desde el PSOE de Pioz se denuncia que esta contratación se produce "a dedo" y sin que exista justificación excepcional para la misma. "Llevamos menos de un mes con nuevo Gobierno en Pioz. Veinticinco días. Y ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre cómo van a gobernar. La moción de censura que trajo a esta alcaldesa al poder se vendió a los vecinos con palabras muy bonitas: transparencia, austeridad, honradez. Se acusó al anterior Gobierno de despilfarro, de opacidad, de no rendir cuentas. Pues bien, la primera decisión de calado que trae este gobierno al Pleno, la primera, con menos de un mes en el cargo, es contratar un asesor personal a dedo por 75.000 euros al año. Bienvenidos a la nueva era de la austeridad en Pioz", ha afirmado el anterior alcalde y concejal socialista, Manuel López.

Desde el PSOE se asegura que "ni siquiera han pedido el informe económico obligatorio". "En el expediente obra un documento firmado por la Interventora municipal que deja en evidencia cómo se ha gestionado este asunto. La Intervención no fue formalmente requerida para emitir su informe". Se añade que el único documento formal del expediente es una providencia de Alcaldía pidiendo informe de Secretaría. "El control económico obligatorio, el que protege el dinero público, se ignoró olímpicamente", denuncia López.

Los socialistas recuerdan que la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda publica cada año la tabla oficial de límites retributivos para los cargos electos locales. Para un municipio de entre 5.001 y 10.000 habitantes -que es el caso de Pioz- ese límite máximo es de 52.782 euros brutos anuales. Aplicando el incremento del Real Decreto-ley 14/2025 para 2026, la cifra ronda los 53.574 euros. Eso es lo máximo que puede cobrar legalmente la primera autoridad de este municipio. "Pues bien. El asesor personal que este Gobierno quiere traer, a dedo, sin concurso, sin mérito ni capacidad, le va a costar a los vecinos de Pioz 75.000 euros al año. Un cargo de confianza, de libre designación y libre cese, con un coste para el pueblo casi un 40% superior a lo que la ley permite cobrar a quien lo nombra".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha votado en contra, por tres razones: "porque han tramitado esto saltándose el informe económico obligatorio de Intervención; porque van a pagar a un asesor a dedo casi un 40% más de lo que la ley permite cobrar a la propia alcaldesa con dinero de todos los vecinos; y porque la legalidad misma de esta plaza está en el aire, con dudas que nadie ha resuelto antes de traerla a votación".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista va a interponer recurso de reposición contra este acuerdo de Pleno alegando la falta de acreditación suficiente de la necesidad excepcional del puesto; la falta de acreditación de la disponibilidad presupuestaria y la insuficiencia de motivación respecto de las retribuciones propuestas, la falta de acreditación de los trámites exigibles en materia de plantilla y modificación presupuestaria y la vulneración del principio de buena administración, teniendo en cuenta que "la Intervención municipal ha advertido expresamente de las deficiencias del expediente sin que estas hayan sido subsanadas antes de su elevación al Pleno".

El objetivo es que se declare la nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad del acuerdo impugnado en caso de no quedar debidamente acreditados los requisitos legales y presupuestarios exigibles para la creación del puesto de personal eventual y que se suspenda la ejecución del acuerdo hasta la completa incorporación y valoración de la documentación económica y jurídica necesaria.