Desarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas, que ubicaban en pisos de la provincia de Guadalajara

La organización trasladaba a las víctimas entre pisos prostíbulos de distintas localidades

La investigación se inició en agosto de 2025 tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales tras tener conocimiento de la existencia de
varias mujeres venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en pisos prostíbulo de Tenerife. A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de Madrid, permitiendo esclarecer la estructura y el funcionamiento de la organización.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. Fruto de esta primera fase, en el mes de mayo fueron arrestados otros dos miembros de la organización. 

Posteriormente, la investigación permitió identificar a más víctimas y confirmar la existencia de un entramado criminal asentado en Madrid y Tenerife, compuesto por al menos once miembros y apoyado por colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual. Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife para mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.

Las víctimas eran obligadas a saldar deudas de hasta 9.000 euros mediante la prostitución

Según la investigación, la organización captaba a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica mediante falsas promesas y facilitaba su llegada a España bajo aparentes motivos turísticos. Una vez en territorio nacional, las víctimas contraían deudas que oscilaban entre los 7.000 y los 9.000 euros, cantidades que debían saldar ejerciendo la prostitución.

A su llegada, eran trasladadas a distintos pisos donde comenzaba su explotación sexual. Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y administraban los beneficios obtenidos. Las mujeres permanecían sometidas a estrictas condiciones de control, debiendo estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, obligándolas a ejercer la prostitución con la menstruación y no pudiendo rechazar ningún cliente ni negarse a realizar ninguna práctica sexual, incluidos servicios sexuales sin preservativo. Asimismo, estaban obligadas a residir en los pisos prostíbulos sin poder salir solas del inmueble y siendo vigiladas mediante cámaras instaladas en el establecimiento.

Los investigados se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua para reforzar las amenazas

La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas. Además, retiraban la documentación personal de las víctimas y las amenazaban tanto a ellas como a sus familiares en origen para impedir que abandonaran la red, amenazas que las víctimas consideraban reales, ya que los investigados se identificaban como integrantes del grupo armado Tren de Aragua.

Como resultado global de la investigación han sido detenidas 17 personas en las provincias de Madrid (12), Santa Cruz de Tenerife (4) y Toledo (1), y se ha identificado a 14 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de otras 12 potenciales víctimas. Finalmente, como resultado del dispositivo policial, fueron intervenidos 800 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación relacionada con los hechos investigados. Asimismo, fueron bloqueados 14 activos financieros utilizados por la organización para canalizar los beneficios obtenidos.

Actualmente, tres de los principales responsables permanecen en prisión provisional, mientras continúan las gestiones para identificar a otras personas que habrían colaborado con la organización desde Venezuela, especialmente en labores de captación de víctimas.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.