El agua del Sorbe y el incendio de La Mierla estrenan el curso político en las Cortes de Castilla-La Mancha

La Cámara arranca periodo de sesiones con nuevas medidas de accesibilidad y debates sobre agua, inmigración e incendios forestales

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han estrenado este jueves el nuevo periodo político con un pleno marcado por los debates sobre agua, inmigración y la prevención y extinción de incendios forestales, dos de ellos con especial repercusión en Guadalajara por la petición del Canal de Isabel II para captar agua del río Sorbe y las consecuencias del gran incendio de La Mierla en la Sierra Norte.

 

La sesión ha servido también para estrenar una de las novedades de este periodo parlamentario: un sistema de subtitulado automático en directo mediante inteligencia artificial que permite seguir casi en tiempo real las intervenciones del Salón de Plenos. La herramienta forma parte del Plan de Accesibilidad de las Cortes regionales y ha sido desarrollada con medios propios bajo la dirección técnica del personal de la institución.

 

El pleno comenzó, además, con un minuto de silencio por las víctimas de distintos sucesos ocurridos durante las últimas semanas, entre ellos el asesinato machista registrado en Alameda de la Sagra y el accidente laboral ocurrido este jueves en Tomelloso, además de las víctimas de episodios ocurridos este verano en Ceuta, Colombia y Nepal.

 

Tras el inicio de la sesión, la Cámara abordó tres debates generales que concluyeron con la aprobación de otras tantas resoluciones presentadas por el Grupo Socialista sobre planificación y protección de los recursos hídricos, la atención a menores y la política de prevención y extinción de incendios forestales. La jornada dejó, además, un nuevo enfrentamiento político entre PSOE y PP sobre la gestión del agua y la respuesta del dispositivo Infocam durante el incendio de La Mierla.

 

Polémica resolución sobre el agua del Sorbe

La planificación y protección de los recursos hídricos protagonizó uno de los principales debates de la jornada. La resolución aprobada por las Cortes reclama unidad política y consenso social para defender el uso prioritario del agua disponible en Castilla-La Mancha y una planificación que garantice recursos suficientes para las necesidades presentes y futuras de la región.

 

El texto también defiende el principio de prioridad de la cuenca cedente, el respeto a los caudales ecológicos y el mantenimiento del consenso en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.

 

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Tomás Godoy, aprovechó el debate para cargar contra el PP por su posición ante la petición del Canal de Isabel II de captar agua del Sorbe para abastecer a la Comunidad de Madrid.

 

Godoy acusó a los populares de no defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y sostuvo que el PP se ha "salido de facto" del Pacto Regional por el Agua. Según afirmó, mientras los socialistas defienden las necesidades ambientales, de abastecimiento, agrícolas y económicas de la región, el PP respalda que el agua salga hacia Madrid, Levante y Murcia.

 
En este sentido, el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha “nunca defiende los intereses de agua” de la región y “volvemos a tener un nuevo ataque” a las necesidades de esta tierra, en este caso, defendiendo el trasvase del río Sorbe a la Comunidad de Madrid.
 

Un ataque, ha asegurado, que pone de manifiesto fundamentalmente que “necesitamos defender una política de agua basada en nuestras necesidades reales y futuras, porque no la van a defender otros. Ha quedado claro que no la va a defender Paco Núñez, ha quedado claro que no la va a defender Guarinos, y ha quedado claro que tampoco la va a defender la diputada por Guadalajara, la señora Asenjo”.
 

De hecho, la polémica tuvo también un episodio de tensión durante el pleno. El presidente de las Cortes retiró la palabra y posteriormente expulsó de la tribuna a la diputada del PP por Guadalajara Itziar Asenjo, después de advertirle en varias ocasiones de que no se estaba ciñendo al objeto del debate, al pretender hablar de Ceuta cuando de lo que se trataba era de hablar de esta cuestión que, por cierto, afecta directamente a la provincia por la que es diputada. 

 

La resolución socialista salió adelante sin apoyos de la oposición y pide a todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes y en el Congreso que defiendan los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua.

 

Incendios forestales

El otro gran foco de confrontación fue la política de prevención y extinción de incendios forestales, apenas unas semanas después del incendio de La Mierla, que afectó a alrededor de 32.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara.

 

La resolución aprobada por las Cortes agradece el trabajo de los profesionales y servicios que participaron en la emergencia y destaca la actuación del dispositivo Infocam. El texto considera necesario que el plan de recuperación de las zonas afectadas sea "amplio y profundo" y permita una recuperación tanto ambiental como socioeconómica.

 

El portavoz socialista de Desarrollo Sostenible, Francisco Barato, defendió durante el debate la gestión del Gobierno regional y destacó que Castilla-La Mancha destina este año 126 millones de euros a prevención y extinción de incendios, diez millones más que en 2025.

 

Barato contrapuso estas inversiones con los recortes aplicados durante el anterior Gobierno del PP y reprochó a los populares que reclamen ahora más recursos para un dispositivo que, según sostuvo, fue objeto de recortes y despidos entre 2011 y 2015.

 

También aseguró que el plan de recuperación para la Sierra Norte de Guadalajara "ya está en marcha" y acusó al PP de haber mantenido una actitud de confrontación durante la crisis. "Mientras el Gobierno trabajaba en los incendios, el PP de Núñez solo se dedicaba a enredar", afirmó.

 

El PP pide una evaluación independiente

Desde el Partido Popular, el diputado regional Nacho Redondo reclamó una evaluación técnica independiente sobre la gestión del incendio de La Mierla y pidió al Gobierno regional que explique qué medidas adoptó tras el incendio del Pico del Lobo, en septiembre de 2025, para corregir posibles problemas relacionados con las plantillas, la activación de medios y la capacidad operativa del Infocam.

 

"Pico del Lobo fue un aviso y La Mierla ha sido una segunda llamada de atención", sostuvo el diputado popular.

 

Redondo insistió en que sus críticas no cuestionan el trabajo de bomberos forestales, agentes medioambientales, la UME, Guardia Civil, Protección Civil y el resto de profesionales y voluntarios que participaron en la emergencia. "Los profesionales dieron todo lo que tenían. La pregunta que debemos hacernos es si la Administración les había dado a ellos todo lo que necesitaban", afirmó.

 

El PP reclama conocer, entre otros datos, el número real de profesionales disponibles para extinción el 16 de julio, las unidades completas que podían intervenir, las vacantes existentes y la situación de autobombas y retenes.

 

Redondo también pidió aclaraciones sobre las denuncias trasladadas por trabajadores relacionadas con jornadas prolongadas, descansos, mantenimiento de vehículos, alojamiento, avituallamiento y reposición de equipos de protección.

 

El diputado popular reclamó además una cronología completa de la movilización de medios durante las primeras 24 horas del incendio y una comparación entre el dispositivo disponible en Guadalajara durante el incendio del Pico del Lobo y el existente cuando comenzó La Mierla.

 

La resolución socialista, que ha salido adelante con idéntico resultado (17 votos a favor y 15 en contra), reconoce la necesidad de incrementar los recursos destinados a la prevención y consolidar un modelo integral de lucha contra los incendios. También solicita al Gobierno de España una mayor inversión en tareas preventivas y refuerzo de medios, así como una mayor coordinación entre comunidades autónomas.

 

Migraciones

La reciente crisis migratoria en Ceuta ha centrado gran parte de los debates de la jornada, con dos asuntos tratados. Así, la Cámara ha debatido y finalmente rechazado en la ronda de votaciones la Proposición de Ley del Grupo Vox para elevar a las Cortes Generales una modificación de la normativa estatal vigente sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España, concretamente de cuatro de sus artículos.

 

La iniciativa ha sido defendida por el presidente de este grupo de la oposición, David Moreno y ha quedado rechazada al contar únicamente con el respaldo de sus cuatro diputados, el voto en contra de la mayoría socialista y la abstención del PP.

 

También el tercero de los debates generales desarrollados, en este caso a propuesta de los grupos Popular y Socialista, sobre los centros y hogares públicos de atención a menores, que ha contado con la participación también aquí de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. La resolución socialista ha sido aprobada con sus 17 votos favorables y la oposición de los 15 diputados y diputadas de la oposición.

 

El texto resuelve “continuar reforzando la red pública de centros y hogares, garantizando la adecuada distribución territorial de los recursos” y “ampliar los recursos residenciales de titularidad y gestión pública” con las entidades del Tercer Sector Social como instrumento complementario, así como impulsar el “modelo de acogimiento residencial basado en hogares de pequeño tamaño” de acuerdo con la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha.

 

La resolución incide, en este sentido, en garantizar “plantillas suficientes, estables y adecuadamente cualificadas” y en “un proyecto educativo individualizado para cada niño, niña y adolescente acogido” con un refuerzo en la atención a menores “con necesidades complejas, incluyendo problemas de salud mental, discapacidad, violencia, explotación o cualquier otra circunstancia que requiera una intervención específica”. También apunta a “medidas destinadas a preservar los vínculos familiares y afectivos, facilitando las relaciones con la familia de origen", "continuar incentivando el acogimiento familiar como fórmula prioritaria” y a “la coordinación entre los servicios de protección de menores y los sistemas educativos, sanitario, de salud mental, empleo, vivienda y servicios sociales”.

 

Asimismo, insta a “reforzar los programas de preparación para la vida independiente y emancipación”; garantizar “la protección integral, escolarización, aprendizaje del idioma, formación, atención sanitaria y acompañamiento” y “promover la participación efectiva” de los menores extranjeros no acompañados.

 

Por último, la resolución socialista aborda la financiación destinada al sistema de protección a la infancia e insta al “Gobierno Central a procurar los medios necesarios”; “la participación efectiva en las decisiones de niños, niñas y adolescentes”; “el desarrollo de políticas de prevención y apoyo a las familias” ante situaciones de riesgo y reafirma su “compromiso con el Pacto Regional por la Infancia y Adolescencia”.

 

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición ha formulado tres preguntas orales ante el Pleno relativas a las tarjetas sanitarias activadas para inmigrantes sin documentación, en este caso formulada por Vox, y sobre el servicio de hemodiálisis del Hellín (Albacete) y las ayudas económicas directas a familias para escolarización en la etapa de 0 a 3 años, en estos casos formuladas por el PP. Las respuestas las ha ofrecido el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor.