La actividad ha vuelto a las instalaciones mineras de caolín de Poveda de la Sierra. Euroarce, perteneciente al Grupo Samca, que tal y como indica en un comunicado de prensa, ha adquirido las instalaciones mineras inmersas en el concurso de acreedores de Caobar, en esta localidad.
Según especifican, los activos incorporados comprenden un conjunto de derechos mineros, con dos minas activas y una planta industrial en la localidad de Poveda de la Sierra, con todas las licencias, autorizaciones, concesiones administrativas y permisos necesarios para reanudar la actividad.
Según han informado fuentes sindicales a El Decano, los trabajadores ya han regresado a la planta de Poveda, donde se están acometiendo las reparaciones necesarias para retomar la actividad. En estos momentos, indican, hay doce personas de empresas externas trabajando en las instalaciones, entre electricistas, soldadores y otros profesionales, para poner a punto una fábrica que llevaba un año y medio parada.
No obstante, la maquinaria todavía no ha llegado a la mina. "Están haciendo prospecciones para ver dónde puede haber caolín y se puede empezar a excavar", explican estas mismas fuentes.
Las fuentes sindicales señalan que la nueva empresa ha subrogado a la plantilla de Caobar en Poveda de la Sierra, que se encontraba afectada por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
De la antigua plantilla de Caobar quedan entre doce y trece personas, a las que se han sumado cuatro nuevas contrataciones. Además, está previsto habilitar una zona de oficinas y un laboratorio.
"Calculamos que, como mínimo, teniendo en cuenta que son tres turnos, tendrá que haber 25 trabajadores en la fábrica. A eso hay que sumar los trabajadores de la mina, de una empresa externa, cuando empiece a funcionar, que necesitará dos o tres equipos, con lo que estaríamos hablando de unas 15 personas y un total de unos 40 trabajadores como mínimo", afirman.
Los trabajadores destacan el impacto económico que está teniendo la reactivación de las minas de caolín en la hostelería y el sector servicios, no solo en Poveda de la Sierra, sino también en el conjunto de la zona.
La compañía, sin embargo, no habría mostrado interés en adquirir la planta de limpieza y tratamiento de Taracena, pedanía de Guadalajara, que continúa parada y a la espera de posibles compradores.
"Dentro de la puja que había en el juzgado existían tres fórmulas: comprar las instalaciones de Poveda y Taracena, comprar solo Poveda o comprar solo Taracena, y Euroarce decidió comprar solo Poveda", aclaran las fuentes sindicales.
El administrador concursal ya había enviado a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 45 trabajadores de Taracena en diciembre, ante las escasas expectativas de venta de esta unidad de producción. Sus contratos fueron extinguidos y, según explican las mismas fuentes, únicamente permanecen cuatro personas en las oficinas para gestionar los trámites administrativos.
Al parecer, una empresa habría mostrado interés en adquirir la planta de Taracena para construir naves logísticas. Sin embargo, la operación presenta dificultades, ya que sería necesario desmontar toda la fábrica y limpiar el terreno, sobre el que pesa una hipoteca de 800.000 euros, según las fuentes sindicales consultadas.
Según explica la compañía en su página web, Euroarce surgió en 1989 en Teruel a partir del proceso de diversificación del Grupo Samca como una marca de minerales industriales vinculada a la minería de arcillas, caolines, feldespatos y arenas, así como a su transformación en productos destinados principalmente al sector cerámico, pero también a las industrias del vidrio, la construcción y la metalurgia.
La empresa cuenta con explotaciones mineras, permisos de investigación y plantas industriales en España e Italia y presume de su contribución a la generación de empleo y a la dinamización económica de las zonas rurales en las que desarrolla su actividad.
Según las cifras que presenta en su web, contaría con 14 plantas industriales y 15 minas activas para tratar más de 3,5 millones de toneladas al año de minerales y pastas.
Caobar contaba más de 60 años de trayectoria en Guadalajara en la producción de caolín y sílice procedentes de las minas de Peñalén y Poveda de la Sierra. Sus productos se destinaban principalmente a sectores como el cerámico, el químico, el farmacéutico y el industrial.
La compañía mantenía dos plantas de limpieza y tratamiento, situadas en Taracena y Poveda de la Sierra, y contaba con una plantilla total de 86 trabajadores.
En diciembre de 2024, Caobar se acogió a un concurso voluntario de acreedores, después de haber atravesado una fase de preconcurso. Para entonces, la empresa acumulaba una deuda de 32 millones de euros.
Previamente, en agosto de 2024, Caobar había anunciado mediante un comunicado la renegociación de esa deuda para saldarla en diez años. El plan de reestructuración contemplaba la renovación del órgano de administración, la destitución del director comercial, la sustitución del operador de la mina y de proveedores, así como la creación de un comité de dirección para establecer una nueva estrategia y controlar los gastos. Con estas medidas, la empresa consiguió salir del preconcurso.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda, la compañía solicitó el concurso voluntario de acreedores. Ese mes se declaró un ERTE que afectó a 36 trabajadores de Taracena, que alternaban 15 días de trabajo con otros 15 en situación de desempleo. En junio, el expediente se extendió a la planta de Poveda de la Sierra, donde trabajaban 16 personas, que quedaron afectadas a tiempo completo hasta el 7 de octubre de 2025. En julio comenzaron los problemas para cobrar los salarios.
El concurso de acreedores establecía como fecha límite el 26 de septiembre para alcanzar un acuerdo con los acreedores sobre la quita de la deuda, en el marco del convenio suscrito. El objetivo era facilitar la entrada de un inversor que asumiera la deuda y permitiera recuperar la producción de una materia prima con un importante valor industrial.
El administrador concursal llegó a ampliar el plazo una semana más ante las perspectivas favorables de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, finalmente no se logró el consenso necesario y, agotado el plazo, se inició la liquidación de la empresa.