Lucas Castillo, presidente del Partido Popular de Guadalajara y alcalde de Yunquera de Henares, encabezará la candidatura de la formación al Senado por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El anuncio se produjo antes de la reunión intermunicipal que el PP celebró en esta localidad, donde alcaldes y concejales populares abordaron los principales problemas que, a su juicio, condicionan el desarrollo de los municipios de Guadalajara.
En el encuentro participaron Itziar Asenjo, diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y candidata al Congreso, y Román García, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara. Los asistentes felicitaron a Castillo y a Asenjo por sus candidaturas y expresaron su respaldo al proyecto nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo.
Castillo, que representa a Guadalajara en el Senado desde 2023, aspira a continuar su labor en la Cámara Alta. Maestro de profesión, accedió a la Alcaldía de Yunquera de Henares en 2019 y fue elegido presidente provincial del PP en 2021.
Durante la reunión, el dirigente popular centró su intervención en tres cuestiones: la disponibilidad de potencia eléctrica para atraer empresas y desarrollar nuevas urbanizaciones, las dificultades administrativas para construir vivienda y la aplicación del canon del agua de Castilla-La Mancha.
Castillo criticó la planificación de las infraestructuras eléctricas del Gobierno central y aseguró que el borrador inicial no contemplaba ninguna estación eléctrica en la provincia. Según explicó, las alegaciones presentadas por distintos ayuntamientos permitieron incluir finalmente una instalación en Marchamalo, dentro de la nueva infraestructura prevista para el entorno de Madrid.
El presidente provincial del PP añadió que el plan eléctrico anterior solo se ha ejecutado en un 40%, por lo que queda pendiente el 60%, al que se suma la nueva planificación. A su juicio, esta situación dificulta tanto la llegada de empresas como el desarrollo urbanístico de algunos municipios.
En este contexto, cuestionó las limitaciones que, según su interpretación, ha establecido el Gobierno para que las empresas energéticas desarrollen determinadas infraestructuras y recuperen posteriormente su coste. La normativa eléctrica contempla mecanismos regulados de financiación de las redes, por lo que la crítica del dirigente popular requiere concretar a qué cambio normativo se refiere.
"Si necesitamos instalación para crecer y el Gobierno no nos la da, prefiero que la haga un tercero a que los proyectos se queden en el tintero", afirmó.
Castillo también instó a los concejales de la oposición a exigir a sus respectivos equipos de gobierno medidas para garantizar el suministro eléctrico necesario para la actividad empresarial y la construcción de nuevas urbanizaciones.
La vivienda fue otro de los asuntos centrales de la reunión. Castillo defendió la propuesta del PP en el Senado para acortar los plazos administrativos y reducir la burocracia que, según la formación, dificulta la puesta en marcha de nuevas promociones.
El dirigente popular reclamó mayor flexibilidad en la gestión del suelo y respaldó la intención del presidente regional del PP, Paco Núñez, de impulsar una ley autonómica que tenga en cuenta las diferencias entre municipios grandes y pequeños.
"Un ayuntamiento sin equipo técnico amplio no puede afrontar los mismos trámites que uno grande, y un constructor que quiera levantar ocho viviendas en un pueblo no debería tener que cruzar un desierto de exigencias", señaló.
Castillo calificó la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez de "ideológica, no práctica" y sostuvo que la intervención de los precios ha generado incertidumbre entre los propietarios, algunos de los cuales, según su argumento, optan por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler.
Para respaldar su crítica, citó datos de Idealista que reflejan una reducción del 43,5% en los anuncios de viviendas de alquiler permanente publicados en esa plataforma entre 2018 y 2025. En concreto, el portal pasó de registrar 902.664 anuncios en 2018 a 510.091 en 2025.
El presidente provincial del PP atribuyó a la normativa un aumento de los impagos y de los precios, y aseguró que "protege a quien ocupa ilegalmente o deja de pagar, mientras el propietario sigue asumiendo los gastos".
El tercer asunto abordado fue el canon del agua de Castilla-La Mancha. Castillo cuestionó que, dos años después de su aprobación, el reglamento que debe desarrollar su aplicación continúe en tramitación.
Según el presidente provincial del PP, la falta de ese desarrollo reglamentario ha obligado a los ayuntamientos a realizar cálculos sin disponer de parámetros claros, una situación que, a su juicio, puede repercutir en las tasas que pagan los vecinos.
Además, criticó que todavía no se haya materializado el retorno de hasta el 25% de la recaudación para inversiones hidráulicas que, según señaló, contemplaba la normativa.
Con estas tres reivindicaciones, el PP de Guadalajara sitúa las infraestructuras eléctricas, el acceso a la vivienda y la financiación de las actuaciones hidráulicas entre sus principales argumentos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.