OPINIÓN. Un país que trabaja, pero que no puede vivir

Por Alejandro Moreno

 

Hay algo que me parece profundamente injusto cuando una persona trabaja todos los días de la semana (los siete) y no tiene ingresos suficientes para poder pagar una vivienda digna. Y lo que me parece todavía más preocupante es que el resto hayamos empezado a considerar esta situación como inevitable.

 

El reciente informe de la Fundación Foessa (otras veces ya he hablado de ellos y os los recomiendo), 'La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', vuelve a exponer las cifras a una realidad que conocemos demasiado bien: la vivienda es en uno de los principales motores de desigualdad y exclusión social en nuestro país.

 

El estudio considera que el 69,5% de la población analizada carece de ingresos suficientes para acceder a la compra de una vivienda en las condiciones consideradas y que el 50,6% tampoco podría asumir un alquiler sin superar el 30% de sus ingresos. Son estimaciones sobre la accesibilidad económica, no hablamos de porcentajes de personas sin vivienda, pero nos muestran la gravedad del problema.

 

Mientras tanto, toca 'apañarse' y se piensan soluciones de supervivencia: habitaciones realquiladas, hogares compartidos por necesidad, familias sin ninguna intimidad ni estabilidad. Tener un trabajo ya no garantiza poder tener una casa. Y, lamentablemente, tener un techo tampoco significa necesariamente tener un hogar.

 

No nos encontramos ante un problema de escasez de viviendas. Estamos ante las consecuencias de un modelo económico que ha favorecido durante décadas la especulación y el rentismo, que permite que la propiedad inmobiliaria sea una fuente creciente de beneficios mientras los salarios pierden la capacidad para poder sostener una vida digna. La vivienda en España se ha tratado demasiado como una inversión y demasiado poco como un derecho. Y cuando los beneficios de una parte muy pequeña de la población dependen de que una mayoría destinen buena parte de sus ingresos al alquiler, ciertamente tenemos un problema que no se resuelve apelando exclusivamente al mercado o a un derecho constitucional.

 

Hay respuestas, por supuesto que hay respuestas, pero requieren decisiones políticas valientes: ampliar de forma permanente el parque público de vivienda, garantizar alquileres asequibles, combatir la especulación, proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y recuperar la función social de la propiedad. No basta con construir más (que plantean la mayoría que de quienes nos gobiernan) si seguimos sin preguntarnos para quién construimos y quién puede pagar esas viviendas. Tampoco servirá hacer informes rigurosos como los Foessa si las soluciones se aplazan y las desigualdades se agravan todavía más.

 

Por todo esto que ocurre, la huelga del próximo miércoles 11 de noviembre es necesaria. Porque necesitamos parar este país y poder cuestionar un modelo que está haciendo de la vivienda un privilegio y del trabajo una garantía innecesaria para vivir dignamente. No se trata únicamente de protestar contra unos alquileres abusivos, sino de exigir otro reparto de la riqueza y otras prioridades políticas.

 

Una sociedad como la española, que permite que millones de personas tengan que elegir entre pagar una vivienda y vivir dignamente no tiene únicamente un problema inmobiliario, tiene (fundamentalmente) un problema de justicia social.

 

*Se puede descargar el informe en esta web.

 

Alejandro Moreno Yagüe. Educador Social.