CCOO alerta de que el precio del alquiler dificulta cubrir plazas de empleo público en Castilla-La Mancha

El sindicato denuncia que muchos trabajadores se ven obligados a desplazarse y mantener dos viviendas para no ser expulsados de las bolsas de empleo, aunque el coste del alojamiento supere sus ingresos

 

El elevado precio de los alquileres se ha convertido en un obstáculo para cubrir puestos de trabajo en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha. Comisiones Obreras (CCOO) advierte de que numerosos empleados públicos se ven obligados a rechazar destinos temporales o a desplazarse a otras localidades en condiciones económicamente insostenibles para evitar ser expulsados de las bolsas de empleo.

 

Ante esta situación, las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza, Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla-La Mancha han presentado a la Junta una batería de propuestas para paliar el impacto del coste de la vivienda y evitar que la falta de alojamiento asequible perjudique tanto a los trabajadores como al funcionamiento de los servicios públicos.

 

La organización sindical ha trasladado esta problemática, que afecta a miles de empleados y empleadas públicas, en una rueda de prensa celebrada este jueves, 5 de noviembre, en Toledo. Su denuncia pone el foco en las dificultades que encuentran quienes deben incorporarse temporalmente a puestos situados lejos de su residencia habitual, especialmente cuando se trata de contratos de corta duración o jornadas reducidas.

 

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Carmen Juste, ha explicado que el coste de encontrar una vivienda próxima al destino puede resultar desproporcionado para personas que tienen contratos de un tercio o media jornada y que, en ocasiones, apenas duran unos días o unas semanas.

 

"Son personas que tienen que mantener dos viviendas abiertas: la suya y aquella allí donde les ha salido plaza vacante. En algunos casos es difícil encontrar y en otros el precio hace inviable el traslado. Algo a lo que se ven obligados para no ser expulsados de la bolsa", ha señalado.

 

La renuncia a estos destinos, una situación que ya se está produciendo, provoca además inestabilidad en las plantillas y dificulta la cobertura de determinadas vacantes.

 

Dificultades para cubrir puestos docentes y sanitarios

El problema también afecta directamente a la enseñanza. La secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado, ha puesto como ejemplo las dificultades para encontrar profesorado de Matemáticas en la comarca toledana de La Sagra, donde algunas plazas temporales quedan sin cubrir por la imposibilidad de encontrar alojamiento durante el periodo del contrato.

 

"Tenemos profesorado que es imposible cubrir porque se tienen que desplazar de forma temporal y no encuentran para ese tiempo determinado o se les va el sueldo directamente", ha explicado.

 

Delgado ha reclamado que las circunstancias relacionadas con el acceso a la vivienda se incorporen a todas las mesas de negociación. Actualmente, los docentes que renuncian a un puesto pueden ser expulsados de la bolsa hasta que se convoquen nuevas oposiciones, lo que les impide volver a trabajar durante ese tiempo.

 

En el ámbito sanitario, las dificultades son similares e incluso mayores debido a la elevada rotación de los contratos. La secretaria general de esta federación, Pilar Ramos, ha señalado que muchas contrataciones temporales responden a sustituciones de bajas de corta duración o reducciones de jornada. Una circunstancia especialmente complicada para los trabajadores de las categorías con salarios más bajos, que apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI).

 

Ramos ha descrito situaciones en las que los profesionales llegan a compartir vivienda y a organizarse por turnos para utilizar una misma habitación. "Se están dando casos de personas que, no solo comparten piso, sino que se ven obligadas a rotar el uso de la habitación dado que trabajan por turnos. Se va a trabajar uno y entra otro. Si queremos seguir trabajando y que no nos penalicen nos vemos obligados a esto", ha lamentado.

 

La falta de personal afecta tanto a puestos de difícil cobertura de personal facultativo y de enfermería especialista, fundamentalmente en zonas rurales, como a determinadas vacantes en grandes ciudades.

 

La responsable sindical también ha ilustrado el impacto económico de los desplazamientos con el caso de un administrativo que reside en Alcázar de San Juan y debe acudir a Illescas para trabajar un solo día. Según ha explicado, el gasto en combustible puede superar lo que percibe por esa jornada, aunque el trabajador se ve obligado a aceptar el destino para mantenerse en la bolsa de empleo.

 

Por este motivo, CCOO ya ha solicitado en la mesa de negociación del pacto de bolsa que las contrataciones se organicen mediante un sistema de zonificación.

 

Un mapa de zonas con dificultades de acceso a la vivienda

Entre las medidas planteadas a la Consejería de Administraciones Públicas, el Área Pública de CCOO propone elaborar un mapa de zonas donde exista una especial dificultad para acceder a una vivienda, así como establecer mecanismos que eviten que el coste de la vida se convierta en una barrera para aceptar determinados destinos.

 

El sindicato también reclama estudiar ayudas y compensaciones económicas vinculadas al alojamiento y los desplazamientos en aquellos lugares donde resulte especialmente complicado encontrar vivienda.

 

A estas propuestas se suma la colaboración entre administraciones públicas para facilitar el acceso a alquileres asequibles en zonas tensionadas y la revisión de los procedimientos de adjudicación de plazas y de las consecuencias de rechazar determinados puestos.

 

En concreto, CCOO considera necesario que no se penalice a los trabajadores cuando puedan acreditar que les resulta imposible encontrar un alojamiento compatible con sus ingresos y las condiciones del contrato ofrecido.

 

El Área Pública del sindicato pide a la Junta que tenga en cuenta esta realidad, que considera un problema que trasciende las condiciones salariales. "Las condiciones materiales que permiten desarrollar y mantener el empleo también deben ser tenidas en cuenta por una administración que aspira a desarrollar una política integral de fortalecimiento de los servicios públicos", concluye la organización.