El Gobierno de España aprueba nuevas medidas de seguridad ferroviaria y crea la figura del Defensor de las Víctimas de Accidentes

Refuerza la supervisión de los trenes, regula los tiempos de conducción de los maquinistas y amplía la protección social del personal ferroviario, además de establecer una figura permanente de atención a las víctimas y sus familias.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 10 de noviembre, dos nuevas normas impulsadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar la atención a las víctimas de accidentes de transporte colectivo. Las medidas llegan después de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales del sector y de la necesidad de garantizar un acompañamiento continuado a los afectados por siniestros como el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo).

 

Por un lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que introduce cambios en la seguridad operacional ferroviaria y amplía la protección social de determinados profesionales. Por otro, ha aprobado un Real Decreto para crear la figura del Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que tendrá carácter estable y permanente y asumirá la coordinación de la atención a los afectados y sus familiares a medio y largo plazo.

 

Más control sobre los tiempos de conducción de los maquinistas

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a cuatro objetivos principales: clarificar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa y extender los coeficientes reductores de la edad de jubilación a profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones.

 

En relación con los tiempos de conducción, la norma precisa qué actividades deben contabilizarse como tales. Se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del tren y de la atención a la circulación o a las maniobras.

 

También se computarán íntegramente los periodos inferiores a 45 minutos entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo profesional. Esto se aplicará incluso cuando el trabajador haya sido relevado de la responsabilidad sobre el vehículo, no tenga que prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas.

 

La regulación contempla igualmente las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

 

Otra de las novedades es que se tendrán en cuenta los tiempos de conducción realizados en redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General. La medida afecta, por ejemplo, a profesionales que, además de disponer de licencia de conducción, cuenten con habilitaciones para operar vehículos de maniobras o maquinaria de infraestructura.

 

En los casos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo computará simultáneamente para ambos.

 

La Agencia de Seguridad Ferroviaria tendrá más capacidad de inspección

El segundo eje de la reforma refuerza las competencias de supervisión e inspección de la AESF. A partir de ahora, las personas físicas y jurídicas sometidas a estas actuaciones deberán facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos cuando resulte necesario para desarrollar sus funciones.

 

La obligación se extiende también a las entidades ferroviarias que deban permitir el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos, aunque estos no pertenezcan directamente a la empresa objeto de la inspección.

 

De esta manera, la Agencia podrá realizar sus comprobaciones con independencia de qué entidad sea propietaria de los trenes, instalaciones o equipos necesarios para la actuación supervisora.

 

La cultura justa protegerá a quienes comuniquen riesgos

La reforma incorpora además un capítulo específico sobre cultura justa en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. Su finalidad es facilitar la comunicación de riesgos para la seguridad operacional y proteger a los trabajadores que alerten de posibles situaciones peligrosas.

 

El nuevo marco permitirá comunicar estos riesgos a través de canales internos de las empresas o de sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de quienes informen.

 

Asimismo, se establece que no se impondrán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.

 

La norma reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad. Entre ellas figuran la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciar el recorrido, siempre con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.

 

Esta protección se extiende frente a posibles represalias laborales o sanciones contra quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Quedan excluidos los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.

 

Coeficientes reductores para más profesionales ferroviarios

El cuarto objetivo del Real Decreto-ley es ampliar la protección social de los trabajadores del sector. Para ello, extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.

 

La medida busca garantizar la igualdad de trato en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación entre profesionales que realizan las mismas funciones, dentro de las actividades consideradas excepcionalmente penosas o peligrosas e integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.

 

Además, el Gobierno iniciará un procedimiento de revisión de estos coeficientes conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo. El objetivo es estudiar la posible incorporación de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este proceso contará con participación sindical.

 

Un Defensor permanente para las víctimas de accidentes

La segunda medida aprobada por el Consejo de Ministros es la creación del Defensor o Defensora de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura que dependerá del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y tendrá rango de subsecretario.

 

Su principal cometido será garantizar que las víctimas y sus familiares reciban atención psicológica, social y jurídica continuada, también cuando finalicen las primeras intervenciones de emergencia y se desmantelen los dispositivos desplegados tras un accidente.

 

El Gobierno incorpora así una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas: disponer de un interlocutor institucional estable que proteja sus derechos, su dignidad y sus necesidades, y que garantice el acceso a la información y el acompañamiento durante todo el proceso posterior al siniestro.

 

El Defensor podrá requerir información a los organismos y administraciones implicados, reclamar respuestas y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada entidad.

 

La nueva figura tendrá una estructura propia. Contará con una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas. También dispondrá de un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que le prestará asesoramiento directo.

 

Su nombramiento se realizará mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

 

Qué accidentes y personas estarán incluidos

El ámbito de actuación comprenderá los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal, entre ellos los de ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y autobús.

 

No obstante, el Defensor podrá extender su actividad a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes.

 

El Real Decreto establece además una definición amplia de víctima. No se limitará a las personas fallecidas, desaparecidas o heridas, sino que incluirá también a quienes sufran daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependieran de ellas, siempre que el accidente les afecte directamente.

 

Entre sus funciones estará actuar como interlocutor de referencia ante las administraciones, organismos y entidades implicadas, establecer mecanismos de coordinación y colaborar en la elaboración de protocolos de asistencia, con especial atención a las personas vulnerables.

 

También ofrecerá información y orientación sobre los derechos de los afectados, las ayudas disponibles, las reclamaciones por daños, el acceso a la justicia gratuita y los derechos económicos. Asimismo, facilitará el acceso al apoyo emocional y terapéutico.

 

Las asociaciones participarán en la reforma normativa

La colaboración con las asociaciones de víctimas será uno de los pilares del nuevo organismo. Estas entidades formarán parte de un grupo de trabajo con carácter activo, consultivo y permanente, con el objetivo de que puedan participar en todas sus funciones.

 

Además, el Defensor deberá presentar, en un plazo de tres meses desde su nombramiento y con la participación de las asociaciones, un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas.

 

La propuesta abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de asistencia y las fórmulas de colaboración entre administraciones y entidades. También permitirá incorporar las enseñanzas de los accidentes recientes y de otros siniestros anteriores en los distintos medios de transporte, así como estudiar qué aspectos requieren una regulación con rango de ley.

 

En materia de investigación y transparencia, el Defensor colaborará especialmente con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), sin interferir en su independencia ni en las competencias de los órganos judiciales.

 

Asimismo, elaborará informes sobre la atención prestada tras cada accidente y las reclamaciones recibidas, además de impulsar un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para promover un tratamiento informativo ético de estos sucesos.

 

El nuevo organismo no sustituirá a ninguna institución ni asumirá competencias ajenas. Respetará las funciones de la AITAT y de los órganos judiciales, así como las atribuciones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia sanitaria, servicios sociales y transporte. Cuando su intervención afecte a estos ámbitos, se articulará mediante acuerdos de cooperación entre administraciones.