La empresa municipal Suvicasa (Empresa Municipal de Suelo, Vivienda y Servicios de Cabanillas del Campo) ha defendido la aplicación de las actualizaciones salariales de su plantilla del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales frente a las críticas planteadas por UGT. La empresa sostiene que, por su condición de sociedad mercantil de titularidad íntegramente pública, debe ajustarse a los límites retributivos establecidos para el conjunto del sector público y no aplicar automáticamente los incrementos recogidos en el convenio provincial de limpieza.
La controversia se centra en la subida del 3,5% prevista en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Guadalajara para 2026. Según explica la Gerencia de Suvicasa, la empresa ha aplicado a sus trabajadores el incremento general del 1,5% establecido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que fija para este ejercicio ese porcentaje como límite general, con la posibilidad de añadir otro 0,5% si se cumplen los requisitos contemplados en la norma.
Por tanto, el desacuerdo con el sindicato se refiere a la procedencia jurídica de aplicar ese incremento adicional y, sobre todo, de qué marco normativo debe prevalecer en las actualizaciones salariales de la plantilla.
Desde la empresa municipal y el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo insisten en que no se trata de una decisión discrecional ni de una elección de la Gerencia. Su posición se fundamenta en la interpretación de los servicios jurídicos de Suvicasa, que consideran que, al tratarse de una sociedad de titularidad íntegramente municipal, sus retribuciones están sujetas a las limitaciones salariales del sector público.
Uno de los argumentos expuestos por la empresa es la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara a la que ha aludido UGT. Según la interpretación de Suvicasa, la resolución reconoce la aplicación preferente de las limitaciones retributivas establecidas en la normativa presupuestaria frente a los incrementos recogidos en los convenios colectivos, incluso cuando ello impida aplicar íntegramente las subidas pactadas.
La empresa señala que la demanda sindical fue estimada en aquel procedimiento porque no se consideró suficientemente acreditado que Suvicasa hubiera alcanzado el límite máximo de incremento salarial establecido legalmente, pero no porque se cuestionara la aplicación de esas restricciones a la sociedad municipal.
Por ello, la Gerencia sostiene que la sentencia respalda su criterio actual: los incrementos salariales contemplados en el convenio deben respetar los límites fijados por la legislación presupuestaria, que considera de obligado cumplimiento para la empresa.
Suvicasa también argumenta que aplicar los límites salariales del sector público puede resultar más o menos favorable para los trabajadores dependiendo de las actualizaciones aprobadas cada año. En este sentido, apunta a la revalorización salarial prevista para los empleados públicos en 2027, que, según la información trasladada por la empresa, alcanzará el 5%: un incremento del 4,5% al que se sumará otro 0,5% vinculado a la desviación de la inflación de 2026.
Esta subida superaría el 3,5% contemplado en el convenio provincial de limpieza para ese ejercicio. Además, el Ayuntamiento y Suvicasa aseguran que, tomando como referencia el periodo comprendido entre 2021 y 2027, los incrementos acumulados para la plantilla serían mayores si se aplica el criterio del sector público que si se toma como referencia el convenio provincial. La empresa remite para ello a los gráficos incluidos en su comunicado.
Con este argumento, ambas entidades consideran que no se puede elegir cada año el porcentaje que resulte más beneficioso para los trabajadores, sino que debe mantenerse un criterio homogéneo y ajustado al marco normativo que entienden aplicable. Así, la misma interpretación que supone una subida inferior a la del convenio en 2026 permitiría una revalorización superior el próximo ejercicio.
Otro de los aspectos que subraya el comunicado es que la discrepancia no responde, según el Ayuntamiento y la empresa municipal, a un problema de disponibilidad económica ni a un intento de reducir costes a costa de la plantilla. Ambas entidades aseguran que la diferencia salarial que se encuentra en discusión es reducida y que la Administración municipal dispone de recursos para asumirla.
"El desacuerdo se limita a una cuestión de interpretación jurídica: qué marco normativo debe aplicarse a las actualizaciones salariales de una empresa pública de titularidad municipal", explican, al tiempo que defienden que sus responsables deben actuar conforme al criterio de los servicios jurídicos.
En cualquier caso, Ayuntamiento y Suvicasa consideran legítimo que UGT recurra a los tribunales para defender su interpretación y aseguran que acatarán la resolución que se dicte. "Nos alegra que acudan a los tribunales, que es lo competente para la resolución de esta discrepancia, y acataremos lo que fallen, como procede, haciendo caso de lo que la Justicia indique", señalan desde ambas entidades.
Asimismo, insisten en que no se trata de una cuestión de voluntad política ni de capacidad económica: "Tenemos que hacer lo que nuestros técnicos nos indican que es legalmente correcto. Si los tribunales entienden que la interpretación debe ser otra, volveremos a acatar su decisión y aplicaremos lo que la Justicia determine".
Por último, Suvicasa asegura que ha mantenido comunicaciones con la representación sindical y que ha sometido la cuestión a valoración jurídica para determinar cómo deben aplicarse las disposiciones legales y convencionales. La empresa reitera su disposición a resolver el conflicto mediante el diálogo y los procedimientos establecidos, con respeto a los derechos de la plantilla y a sus obligaciones como entidad del sector público.
