El lunes, El Decano de Guadalajara, les ofrecía en rigurosa exclusiva un artículo sobre la investigación que está llevando a cabo un juzgado de Soria en una fosa común en el cementerio de Las Casas, que podría albergar los cuerpos de los 157 prisioneros republicanos capturados en octubre de 1936 por las tropas franquistas en la batalla de Sigüenza, de los que, 87 años después, sigue desconociéndose su paradero.
La información fue facilitada por el portavoz del Foro por la Memoria de Guadalajara, Xulio García, en el que personalizamos nuestro agradecimiento por el trabajo incansable -e ingrato- que desarrollan los miembros del Foro para dignificar a las víctimas de la represión franquista en la provincia.
Para que este editorial no sea rebatido por los ‘ofendiditos’, que últimamente nos dedican todo tipo de insultos en las redes sociales únicamente por defender una línea progresista, queremos dejar claro que, desde nuestro punto de vista, en la Guerra Civil española perdieron todos. Los de uno y otro bando. Especialmente aquellos que fueron torturados y asesinados por el único hecho de pensar de una forma diferente al otro. Todos fueron víctimas de uno de los capítulos más crueles de la historia reciente de España. Por miedo, por convicción o por hambre, se enfrentaron hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, que perdieron la vida o a sus seres queridos en una contienda salvaje que no hizo sino traer pobreza y oscuridad. Y lo peor de todo, sed de venganza.
Lo cierto es, y no lo decimos nosotros sino los libros de Historia, que el bando ganador reconoció a sus muertos, les homenajeó, les dió títulos, les dedicó calles e incluso les levantó monumentos en casi todos los cementerios del país bajo el rótulo ‘Caídos por España’. Como si la que llamaban 'Una, Grande y Libre' fuera de su propiedad. El régimen dictatorial trató de apropiarse del sufrimiento de la guerra y se afanó en deshonrar a los miles de republicanos que dieron su vida por un país que también era el suyo.
Lo vergonzante es la represión que se inició entonces contra todo aquel no afecto al dictador. Las torturas, las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos ideológicos, se convirtieron en un arma de terror. Y de horror. Porque miles de soldados republicanos y civiles ‘sospechosos’ fueron objeto de una política de exterminio a la que no fue ajena la provincia.
Según el mapa elaborado por del Ministerio del Interior, en Guadalajara existen 11 fosas comunes. La asociación Foro por la Memoria asegura que son bastantes más. Desde 2005 sólo se han exhumado fosas en cuatro localidades: Cincovillas, Abánades, La Toba, y Guadalajara capital, esta última sólo de forma parcial.
Esto se traduce en que los cuerpos de cientos de guadalajareños todavía se encuentran esparcidos de forma indigna en cunetas, fosas clandestinas y otras zonas que el ejército franquista utilizó para esconder a todos aquellos que fueron ejecutados sin tener siquiera derecho a un juicio justo. Y también significa que otras tantas familias de la provincia desconocen dónde están sus familiares represaliados por los fascistas, a los que todavía no han podido dar sepultura de forma digna.
A pesar de que han pasado casi 90 años del inicio de la contienda, algunos parecen empeñados en tratar de borrar de la memoria colectiva los crímenes cometidos contra una buena parte de la población española. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este mismo lunes, sin ningún rubor, que si llega a gobernar tras las elecciones del 23J, derogará, entre otras leyes progresistas, la de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de coalición en octubre de 2022. Una Ley que, no olvidemos, no busca enfrentamientos sino facilitar a las familias que puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Secundamos las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños cuando conoció la noticia: "¿Qué le puede molestar a un demócrata de esta Ley? Que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos no es política, es humanidad".
Y, para rematar, a principios de año, Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra este texto, admitido a trámite, por considerar que supone “exaltar la memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros”. ¿Perdón? Vamos, lo que llevan haciendo ustedes desde su aparición en la vida política española. Sin comentarios.
Recordemos que la Ley de Memoria asume como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, “para que puedan darles digna sepultura, poniendo fin a la existencia de miles de desaparecidos en España“. También busca dignificar a “quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual” durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Se trata pues de “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales”.
Que no se confundan los ‘ultras' ni los del ‘centro-derecha'. No se trata de reabrir viejas heridas, se trata de cerrar las que todavía continúan sangrando en la memoria de cientos de familias de toda España. Y de Guadalajara.
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