Una veintena de funcionarios judiciales secundan la manifestación en Guadalajara bajo un sol de justicia

Después de 73 jornadas de huelga, que están provocando graves consecuencias en el colapso de la Justicia, los funcionarios judiciales se han manifestado entre los Juzgados de Guadalajara y la Subdelegación de Gobierno para reclamar un reconocimiento de sus funciones a nivel laboral y retributivo; la negociación previa a la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa de lo que afecte a sus condiciones laborales; y la carrera profesional

 

Las altas temperaturas de esta jornada de jueves no han conseguido amedrentar a la veintena de funcionarios de la Administración de Justicia que se han manifestado esta mañana desde el Palacio de Justicia de la capital a la Subdelegación de Gobierno, pertrechados con pancartas y paraguas verdes para protegerse, nunca mejor dicho, de un sol de justicia, bajo el lema "Por una LOEO sin trampas. Funciones claras, retribuciones justas".

 

Representan al 93% de la plantilla de la Administración de Justicia, lo que en la provincia de Guadalajara serían en torno a 280 funcionarios distribuidos en los juzgados de Guadalajara capital, en los de Molina de Aragón y Sigüenza y en las agrupaciones de los 17 Juzgados de Paz que existen en la provincia; llevan 73 días de huelga sin ninguna propuesta por parte del Ministerio y aunque las Cortes se han disuelto y la cita electoral del 23-J está a la vuelta de la esquina, aseguran que, “llegados a estas alturas, no podemos bajar los brazos”, afirma Pablo Moya Fuero, responsable del sector de Justicia del sindicato CSIF y presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Guadalajara, al tiempo que recuerda que el Gobierno sigue siendo ejecutivo hasta el mismo 23 de julio, aunque después de esa fecha pase a estar en funciones hasta la constitución del nuevo Gobierno.

 

Como consecuencia de las movilizaciones, según Moya, en la provincia de Guadalajara, “se están suspendiendo muchos juicios en juzgados de primera instancia, se han suspendido infinidad de actuaciones en los juzgados de lo social, en los de lo contencioso y también en los de lo penal, todo aquello que no sean causas con preso, también se han suspendido muchas vistas y juicios que tenían que celebrarse y están pendientes… escritos sin proveer, cuentas de consignaciones paradas, etc.".

 

Desde que se iniciara el conflicto, en el mes de abril, calculan que más de medio millón de actuaciones judiciales se están suspendiendo en los juzgados de toda España “declaraciones, actividades de ejecución, lanzamientos, embargos, tramitación… juicio que se suspende hay que volver a señalarlo y hay juzgados que tienen las agendas llenas para dentro de un año. Si llevas un tiempo esperando un juicio, se suspende por la huelga y te lo señalan para un año después, es una justicia que no responde prontamente a tus intereses y a lo mejor, cuando esa persona tenga una sentencia, ya no le interesa o ya no la puede ejecutar o ha perdido su interés legítimo”, valora el representante sindical.

 

Sin embargo, Moya asegura que los servicios mínimos establecidos por el Ministerio “han sido muy abusivos” y en este sentido “hay muchas actuaciones, por supuesto, donde hay menores, derechos fundamentales, causas con preso, medidas cautelares, etc., todo eso se está haciendo, pero el resto de actuaciones no”.

 

Las reclamaciones de los funcionarios de Justicia

 

Los funcionarios de Justicia reclaman el reconocimiento de sus funciones, desde el punto de vista laboral y retributivo “que es el acuerdo al que han llegado con los jueces y con los fiscales y también con los letrados de la Administración de Justicia. No se puede hacer un acuerdo solamente con estos colectivos, con los cuerpos superiores jurídicos del Ministerio y al resto de los funcionarios tenernos apartados, porque eso directamente es clasismo”, afirma el presidente de la Junta de Personal.

 

En este sentido, Pablo Moya ha puesto de manifiesto que “los funcionarios que estamos ahora en huelga, que representamos al 93% de la plantilla, somos los que tramitamos los expedientes y la cara del Ministerio frente al público y al resto de operadores jurídicos como son los abogados, los procuradores, etc. Para que un juez pueda dictar sentencia hay previamente una tramitación muy garantista, compleja, y técnica, que es la que hacemos nosotros. Lo que estamos pidiendo es que se nos reconozcan esas funciones que realizamos día a día, que es lo que permite que esta Administración salga adelante”.

 

Además, piden que se negocien, de manera previa a su aprobación, los aspectos que afecten a sus condiciones laborales en la nueva Ley de Eficiencia Organizativa. En este sentido, Moya explica que al disolverse las Cortes se ha suspendido su tramitación, pero se retomará una vez se renueve el órgano legislativo. En este sentido, señala Moya, afirman que no les importa el modelo que se pretenda implantar y lo que quieren negociar “todo aquello que tiene que ver con nuestras condiciones, lo que afecta a nuestros destinos, especialidad, movilidad, etc., porque una vez que se aprueba una Ley sólo cabe su implantación y aplicación”.

 

Finalmente, reclaman la carrera profesional, reconocida desde el año 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Desde que se reconoció con las modificaciones que hicimos, todavía no ha habido ninguna mesa de negociación para ver cómo se implementa esta carrera profesional a los funcionarios de Justicia”, indica el representante de Justicia de CSIF.

 

Respecto al futuro de las movilizaciones, el presidente de la Junta de Personal apunta que tanto el cambio de Gobierno, como el periodo estival de vacaciones, son cuestiones que preocupan dentro del conflicto: “Hay que ser conscientes de que después de tantos días de huelga las economías se resienten y el mes de agosto es inhábil. Estamos pendientes de ver si el Ministerio mueve ficha y desde el Comité de Huelga en Madrid, nuestros compañeros, y en las Asambleas que estamos realizando con los trabajadores decidiremos si aplazar el conflicto o mantenerlo, pero serán los propios trabajadores en Asamblea los que lo decían”.

 

Desde el sindicato piden disculpas a los ciudadanos por los perjuicios causados que en palabras de Pablo Moya, están afectando “primero a los trabajadores que lo estamos sufriendo, pero sobre todo a los ciudadanos, que están viendo que se están retrasando sus causas, suspendiendo sus juicios y también los lanzamientos, no se están ejecutando sentencias, etc.” Además, indican que se están viendo perjudicados otros operadores jurídicos, como los abogados y procuradores: “Ayer tuvieron una concentración, y en este caso les reclamamos que tenían que haberse sumado antes, porque estamos todos en el mismo barco. Los colegios de Procuradores y Abogados no pueden pedirnos que dejemos la huelga. Lo que tienen que hacer es pedir al Ministerio que, de una vez por todas, después de más de dos meses de conflicto, haga una propuesta y se siente a negociar”.