El Gobierno regional desarrollará “una política presupuestaria rigurosa” para promover el crecimiento económico y social e impulsar la transformación digital de la Administración regional, con el objetivo de situarla como “uno de los principales motores de progreso en Castilla-La Mancha”.
Así lo ha destacado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para dar cuenta de las líneas generales de actuación en su ámbito competencial a lo largo de esta legislatura, que se concentran en más de 70 medidas.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en que una de las principales novedades con respecto a la anterior legislatura es la modificación del nombre de la Consejería, que añade Transformación Digital a Hacienda y Administraciones Públicas, y que incorpora nuevas competencias, fundamentalmente de carácter tecnológico.
En este sentido, ha indicado que la Consejería de Hacienda, Administraciones y Transformación Digital, que siempre ha tenido “un fuerte carácter transversal”, coordinará los recursos financieros, humanos y tecnológicos, tres instrumentos que ha considerado “básicos para reforzar el papel de la Administración regional como uno de los grandes motores del crecimiento económico de Castilla-La Mancha”.
El consejero ha comenzado su intervención aludiendo a los recursos financieros y subrayando la necesidad de disponer de “una fuente de ingresos estable y suficiente”, al tiempo que ha señalado que “lo más importante es seguir reclamando a la Administración del Estado la reforma del sistema de financiación autonómica”. Concretamente, ha incidido en que el nuevo modelo “debe ser negociado y aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, en el que están representados el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y nunca de manera bilateral, y ha opinado que debe sustentarse “en tres ejes principales”.
El primero, ha dicho, es que se eleve el total de los recursos financieros para el conjunto de las comunidades autónomas y que se tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios. Para ello, ha abogado por que la superficie sea un elemento estructural para calcular el coste efectivo de prestar esos servicios y ha propuesto la incorporación de un fondo adicional para aplicar medidas contra la despoblación.
El segundo eje, ha proseguido, “es que se aborde una condonación de la deuda pública que mantenemos con el Estado”, que en el caso de Castilla-La Mancha es del 75 por ciento, y ha planteado que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el organismo que se encargue de calcular qué parte de ella se debe a la infrafinanciación. Y el tercer y último eje es que se acometa “un proceso de armonización fiscal para evitar situaciones de desigualdad entre comunidades autónomas en política tributaria”, ha matizado.
Además, ha recordado que, como anunció el presidente en su debate de investidura, “si este asunto no es tratado y debatido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde el Gobierno regional impulsaremos en estas Cortes una iniciativa legislativa para promover la armonización fiscal en el territorio español en relación con los tributos cedidos por el Estado y cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas”.
Ruiz Molina también ha trasladado a los grupos parlamentarios que el Ejecutivo autonómico mantendrá su compromiso de que la política fiscal sea “pactada” en Castilla-La Mancha con los agentes sociales y de mantener congelada la presión fiscal.
Respecto a los recursos humanos, el consejero ha asegurado que está previsto aprobar a lo largo de la legislatura ofertas de empleo público con un total de 12.000 plazas, de las que 5.000 serán para Sanidad y 3.000, para Educación. En este ámbito, ha anunciado que, antes de acabar el año, se aprobará la nueva oferta correspondiente a 2023.
Y, en relación a las condiciones retributivas del personal empleado público, ha dicho que se están aplicando los porcentajes máximos previstos en el Acuerdo Marco firmado el 19 de octubre de 2022 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales para el periodo 2022-2024, en el que se establece para el citado periodo una subida fija del 8 por ciento, que puede llegar a ser del 9,5 por ciento, en función de la variación del IPC y de la evolución del PIB nominal.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en 2023 ya se ha dado una de las condiciones previstas en el citado acuerdo, ya que la suma de la variación del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 ha superado el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, es decir, el 6 por ciento, aplicándose en consecuencia un incremento retributivo adicional máximo del 0,5 por ciento con efectos del 1 de enero de 2023 que se hará efectivo en la nómina del mes de octubre.
Asimismo, ha apuntado que para 2024 el proyecto de presupuestos incluirá los incrementos retributivos previstos en el Acuerdo, consistente en un 2 por ciento fijo, más la posibilidad de un incremento adicional del 0,5 por ciento, en función de cómo evolucione el IPC en el conjunto del periodo 2022-2024.
En el ámbito de los recursos tecnológicos, ha recordado que se pondrá en marcha la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha para dar “un empujón a la modernización tecnológica de los servicios públicos que estamos llevando a cabo y seguir incentivando la innovación empresarial”, permitiendo a las empresas ser competitivas en un mercado cada vez más internacionalizado.
“Una agencia desde la que se va a desarrollar un gran número de proyectos dirigidos a la ciudadanía y a las empresas, a la mejora de la gestión del Gobierno regional y a impulsar una Administración más digitalizada, fundamentalmente en sus relaciones con la ciudadanía”, ha puntualizado Ruiz Molina.
Del mismo modo, se diseñará una estrategia en ciberseguridad que tendrá como objetivos: incrementar las capacidades de la Administración para detectar posibles ataques a priori y adelantar acciones para contrarrestarlos, reforzar el personal especializado en este ámbito y potenciar la formación y concienciación. Igualmente, “nos dotaremos de una administración totalmente digitalizada y personalizada, utilizando como principal soporte tecnológico la inteligencia artificial”, ha afirmado el consejero.
En relación a la seguridad, ha explicado que se abordará una Ley en materia de Protección Civil y Emergencias, que incluiría, entre otros aspectos fundamentales, los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y las funciones y acciones a realizar por las diferentes administraciones públicas, organismos, centros, establecimientos y servicios llamados a intervenir, antes, durante y después de una situación de emergencia.
Finalmente, en relación a la Administración Local, ha señalado que una de las principales actuaciones que se pretende llevar a cabo es proseguir y potenciar la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha.
“Todas estas acciones permitirán que la Administración regional sea uno de los principales motores de progreso en Castilla-La Mancha y generar riqueza. Una riqueza que debe servir para compartirla y reforzar la red de servicios públicos fundamentales que conforman el Estado del Bienestar”, ha concluido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.
