Una vez publicada en el Boletín de las Cortes la calificación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, se abrirá un periodo para la recepción de enmiendas a la totalidad que finalizará el 30 de octubre
La Mesa del Parlamento Autonómico ha procedido a calificar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2024 que el Gobierno regional registró la semana pasada, junto con el acto simbólico de entrega de una copia en formato digital por parte del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al presidente de la Cámara, Pablo Bellido.
El proyecto será publicado ahora en el Boletín de las Cortes regionales, iniciándose así un periodo de diez días para que los diputados y grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad, plazo que finalizará el 30 de octubre. Una vez producido el debate de totalidad o transcurrido el plazo sin que se hayan presentado tales enmiendas, la Mesa de las Cortes abrirá un plazo de siete días para la presentación de enmiendas parciales.
De este modo, la Mesa de las Cortes cumple con los primeros pasos de una tramitación parlamentaria que se ha iniciado con vistas a la entrada en vigor de las cuentas con fecha 1 de enero de 2024.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, entregó el pasado 11 de octubre una copia del Proyecto de Ley de Presupuestos al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, en un acto simbólico en la Presidencia del Parlamento en Toledo con el que tradicionalmente arranca la tramitación parlamentaria de las cuentas. La entrega se realizó a través de un código QR, que permite acceder desde el teléfono móvil al apartado de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde está colgado el Proyecto de Ley, accesible para cualquier persona que desee consultarlo.
Castilla-La Mancha ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2024, que asciende a 12.473 millones de euros, lo que supondrá una variación del 0,3 por ciento y 41,7 millones más respecto a 2023 "para incentivar un crecimiento económico que genere empleo y riqueza, de manera que esta riqueza se pueda redistribuir a través del gasto social para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía y promover así un desarrollo de la región más justo".
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó la pasada semana el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que se ha elaborado "en un marco de incertidumbre por dos factores fundamentales", que son la situación geopolítica mundial y la situación política nacional. Dos factores ante los cuales Ruiz Molina ha dicho que se ha actuado “con normalidad”, haciendo uso de la estabilidad política de la que goza esta Comunidad Autónoma “para dotarnos en plazo del principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía y continuar avanzando en la senda de progreso y prosperidad iniciada en 2015”.
El consejero ha explicado que, desde el punto de vista financiero, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 es "equilibrado", en la medida en que el volumen de gasto es exactamente igual al volumen de ingresos que se espera obtener, es decir, sin déficit y, por tanto, sin apelación alguna al endeudamiento.
En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que los presupuestos para el próximo ejercicio tienen como principales objetivos consolidar el Estado del Bienestar, fortaleciendo los servicios públicos fundamentales y atendiendo a las necesidades de las familias, en especial, de las más vulnerables; promover el crecimiento de la economía regional, contribuyendo a la generación de riqueza; impulsar la generación de empleo, fundamentalmente de los jóvenes y las mujeres; y mantener el compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia en la administración de los recursos.
El consejero también ha matizado que el presupuesto no financiero, es decir, el volumen de recursos que se devuelve a los ciudadanos en forma de bienes y servicios ascenderá en 2024 a 10.802 millones de euros, con una variación del seis por ciento, lo que en términos absolutos supone disponer de 614 millones más. Y ha diferenciado, además, dos grandes áreas de gastos: la relacionada con el Estado del Bienestar y las que inciden en el crecimiento económico y el empleo.
En relación al gasto social, se destinarán 7.304 millones de euros para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a las personas más vulnerables. Son 340 millones más que en 2023, un 4,4 por ciento más que van a permitir “seguir protegiendo a la mayoría social”, ha precisado el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.
Dentro de este importante volumen de recursos, Sanidad sigue siendo la partida de gasto más alta, con cerca de 3.900 millones de euros, para actuaciones dirigidas a proseguir con las nuevas infraestructuras sanitarias proyectadas, mejorar la capacidad resolutiva en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, apoyándose en las nuevas tecnologías; reforzar la Atención Primaria, especialmente en las zonas de despoblación; y, desde el punto de vista de la prevención, ampliar la cobertura vacunal, situando a la región a la vanguardia en este ámbito, destinando para ello 40 millones de euros.
Al área de Educación, Cultura y Deportes se dedicarán 2.400 millones de euros, 55,8 millones más que en el Presupuesto de 2023, para atender la bajada de la ratio de los alumnos de 2º de Educación Infantil y de Bachillerato e implementar el bachillerato general previsto en la nueva Ley de Educación y reforzar la Formación Profesional; incorporar nuevos profesionales dedicados a la inclusión educativa, formación profesional y orientación; proseguir con el plan de infraestructuras educativas y la digitalización de las aulas; cumplir con los contratos programas de las dos universidades públicas que operan en la región; y, en el área de cultura, incrementar la oferta cultural en zonas rurales y construir el Centro de Folclore de Castilla-La Mancha.
El área de Servicios Sociales dispondrá de 981 millones de euros para consolidar la red de recursos de apoyo dirigida a las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales; ampliar las plazas en residencias y centros de día para personas mayores con la construcción de nuevas infraestructuras, especialmente en municipios ubicados en zonas de despoblación; reforzar los servicios y prestaciones de dependencia, incrementando los terminales de teleasistencia y facilitando más productos de apoyo a personas en situación de dependencia grave para que puedan permanecer en sus hogares; y proseguir con el proceso de transformación digital de los servicios sociales.
En relación a las políticas de gasto orientadas al desarrollo económico y a la creación de empleo, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán 2.190 millones de euros, 140 millones más que en 2023. Esta cuantía irá encaminada a la modernización del tejido productivo, con 734 millones de euros; al fomento del empleo, con 332 millones; a la dotación de infraestructuras básicas, con 578; al impulso de la I+D+i y de las nuevas tecnologías, con 283 millones; y al impulso a la sostenibilidad ambiental, con 260 millones.
El consejero se ha detenido, asimismo, en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 1.922 millones de euros, un 12,1 por ciento más que las dotaciones previstas en el presupuesto del presente ejercicio, distribuidas en cuatro ámbitos: servicios públicos, con 768 millones; el ámbito social, con 166 millones; el económico, con 838; y, finalmente, el ámbito territorial, con 148 millones de euros.
En cuanto a la distribución del gasto por capítulos, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha incidido en que los recursos humanos contarán con 4.135 millones de euros y, de esa cuantía, el 91 por ciento, en concreto, 3.771 millones, se dedican a pagar al personal al servicio del Estado del Bienestar. Desde 2015 ha aumentado este capítulo en un 50 por ciento, es decir, en 1.377 millones de euros, debido a los incrementos retributivos que se han ido aplicando y el aumento de las plantillas.
Respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, Ruiz Molina ha dicho que se experimentará un incremento del 7,8 por ciento, lo que supone destinar 117 millones más a la financiación de este capítulo, cuyo gasto se concentra en más de un 80 por ciento en las políticas que sustentan el Estado del Bienestar, que en su conjunto experimentará un crecimiento del 9,7 por ciento.
Además, en relación al gasto derivado de la deuda viva que mantiene la Administración regional, ha resaltado tres aspectos: un incremento superior al 100 por ciento en los gastos financieros, como consecuencia del incremento en los tipos de interés; una reducción de las amortizaciones superior al 25 por ciento y la política de contención del déficit. Y ha incidido en que la deuda pública de Castilla-La Mancha se ha reducido en el último año en 2,3 puntos, pasando del 34,4 por ciento en el segundo trimestre de 2022 al 32,1 por ciento en el mismo periodo de 2023.
Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración o por terceros, cuentan con 1.705 millones de euros, una variación del 7,6 por ciento respecto a este año, lo que supone 121 millones más.
El consejero ha remarcado que este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido productivo, la transición ecológica y la transformación digital e I+D; continuar invirtiendo en infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos y continuar también con el desarrollo de infraestructuras básicas.
Respecto a los ingresos, ha detallado que, a los 7.960 millones contemplados en el límite de gasto no financiero, hay que sumar los ingresos provenientes de otras administraciones públicas que tienen carácter finalista y que se estiman en 1.796 millones, así como los ingresos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ascienden a 1.048 millones; y los ingresos de carácter financiero, que alcanzan los 1.705 millones.
