La Ley del Silencio: Un debate entre lo Político, lo Jurídico y lo Moral...

Pasadas las elecciones generales, la actualidad política española se ha convertido en   una especie de noria que no para de dar vueltas, sin embargo; por más vueltas que da, no cambia de sentido, pues gira y gira en torno a un solo tema que parece haber captado toda la atención de los actores políticos nacionales y de la ciudadanía.

 

El eje central de esa noria, no es otro que una hipotética ley de amnistía y medidas económicas tendentes a la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pretendidas por el llamado independentismo, planteamientos éstos que tienen desconcertados a buena parte de los ciudadanos por las informaciones encontradas que diariamente circulan al respecto, pues mientras sectores argumentan  que la amnistía  sería inconstitucional y que no busca la convivencia como se ha dicho, sino que es el precio a pagar para una investidura que no cuenta con el respaldo popular, y que las medidas económicas solicitadas por JUNTS atentan contra  el principio constitucional de la igualdad ante la ley,  otros argumentan en cambio que la amnistía es la vía para continuar con un gobierno progresista que promueve la convivencia, en el marco no de una mayoría electoral pero sí de una mayoría parlamentaria dispuesta a pactar siempre dentro de los parámetros constitucionales, todo lo cual ha generado un intenso debate político y jurídico que copa las páginas de los periódicos y noticieros nacionales diariamente.

 

Lo que está claro es que tanto la amnistía  como la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) son temas que hoy obedecen a intereses políticos, indistintamente del sector ideológico que les mire, que de materializarse serán objeto de acciones judiciales que finalmente determinarán si tienen o no cabida en el ordenamiento jurídico español.

 

Lo que llama poderosamente la atención es que, quienes están a favor  del eje central de esa noria política que no para de girar, son quienes menos hablan de ella y procuran mantenerla en silencio, mientras tanto quienes le adversan son los que buscan mantenerla en circulación nacional, siendo importante resaltar este último punto, lo nacional; puesto que, si bien a nivel autonómico han habido algunos pronunciamientos mediáticos a favor o en contra, a nivel institucional no ha sido posible propiciar un debate. Y si bajamos al plano municipal la situación empeora,  el debate es nulo, evitándose hasta los pronunciamientos mediáticos por todas las partes involucradas, ya no sólo de las autoridades que a priori deberían respaldarlas, sino también por aquellas que por lógica le adversan.

 

Muchos municipios, se han mantenido al margen, como si los planteamientos que hoy ocupan la atención político-jurídica nacional no afectaran a las localidades y han implantado de hecho, una ley del silencio.

 

Y es en lo municipal, por esa ley del silencio implantada, donde debemos generar el debate moral, dirigido tanto a los alcaldes y concejales afines a la coalición de gobierno que hoy busca acuerdos de investidura como a los que proclaman una mayoría electoral para oponerse a ella.

 

Los ayuntamientos y en consecuencia los concejales y concejalas que conforman cada administración local, son las autoridades más cercanas a los ciudadanos y como tales tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos de sus vecinos, más cuando se trata de derechos constitucionales y  fundamentales  como la igualdad ante la ley y el derecho a la participación en asuntos públicos por medio de sus representantes, consagrados en los artículos 14 y 23 de la constitución española, respectivamente.

 

Precisamente sobre la responsabilidad de las administraciones locales en la protección y  promoción de los derechos humanos,  la Fundación Democracia y Gobierno Local, publicó un estudio titulado "Los Derechos Fundamentales en el ámbito Local" cuyo autor fue el Magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, en el cual se plantea la complejidad y multiplicidad de las competencias de los ayuntamientos y sus obligaciones de salvaguarda, resaltando los derechos humanos y las libertades públicas.

 

En la referida publicación, el autor señala que "La Administración local ya no puede caracterizarse esquemáticamente o de forma reduccionista como Administración “vacía”, “neutral” o “incompetente”, en relación con su posición reaccional respecto de los derechos fundamentales, que se sostendría en la tesis de que por tratarse de una función que concierne al estatuto de ciudadanía su realización está reservada al Estado, sino como “Administración garante de los derechos humanos”, porque el reconocimiento de estos derechos requiere del activo protagonismo administrativo de los ayuntamientos, como administración más cercana a las aspiraciones e intereses existenciales de los ciudadanos". Dicho lo cual, centrándonos en la ley del silencio implantada por algunas administraciones locales, indistintamente de sus posiciones ideológicas frente a los hechos noticiosos que rodean la posible investidura, cabe decir que tienen el deber político, jurídico y moral de garantizar y defender la igualdad de los españoles ante la ley, que puede verse afectada por condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), planteada como un hecho político, que traerá consecuencias económicas en los bolsillos del resto de los españoles, así como garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos en un asunto público, como lo es la amnistía como tema de debate y negociación para la constitución de gobierno y para ello deben ejercer como representantes responsables de la ciudadanía. En consecuencia, pasar de ser administraciones neutrales a fijar posiciones a favor o en contra, y dejar de ser administraciones vacías e incompetentes, para promover y garantizar los derechos fundamentales de los vecinos, dicho de otra manera, derogar la inmoral ley del silencio impuesta de hecho en los ayuntamientos respecto al principal tema de interés nacional en la actualidad.

 

Pedro Antonio Pimentel Cortez es abogado y vecino de Cabanillas del Campo.