Baltasar Garzón en el Archivo de Guadalajara: “Lo que tendrían que hacer los jueces es callarse”

El ex juez de la Audiencia Nacional ofreció una conferencia en el marco de las Jornadas 'El deber de la Memoria', que se celebran hasta el 24 de noviembre en el Archivo Provincial de Guadalajara

El ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, reiteró ayer en Guadalajara su rechazo al posicionamiento público de los jueces en contra de la futura Ley de Amnistía. "Lo que tendrían que hacer -señaló- es callarse y cumplir con las leyes que existen. Y cuando llegue (la Ley de Amnistía) a ver como la interpretan aquellos jueces que han ido a manifestarse a la puerta de las sedes judiciales". Y en referencia a la imparcialidad de las futuras actuaciones judiciales, no dudo en añadir: "Que Dios pille confesados a los que acudan a la futura Ley de Amnistía".

Garzón fue uno de los más de doscientos juristas en firmar un manifiesto en apoyo a la futura ley durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y en oposición al texto difundido por la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria y de tendencia conservadora.

La conferencia de Baltasar Garzón fue, ayer martes 21 de noviembre, el acto inaugural de la XVI Jornadas bianuales de archivística en el Archivo Provincial de Guadalajara, que en esta edición y bajo el título 'El deber de la Memoria. Historia y Archivos', giran en torno al derecho a la Ley 207/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática.

Ante una audiencia masiva que obligó a habilitar una sala adjunta, el magistrado puso en valor la importancia de la documentación y los archivos "en la búsqueda del acerbo probatorio" a lo largo de su dilatada carrera profesional, desde su formación en un seminario -"En esa época tenía obsesión con sumergirme en los archivos del Vaticano, donde se guarda lo mejor y lo peor del mundo"- pasando por los distintos juzgados donde ha prestado servicio, para acabar en los grandes procesos internacionales en los que su participación ha sido decisiva, con especial incidencia en las causas por la dictadura argentina.

A este respecto, Garzón, señaló que el resultado electoral en Argentina y la llegada a la presidencia de un candidato negacionista y revisionista como Javier Milei, pone en peligro la consolidación del relato veraz sobre los crímenes de la dictadura que la sociedad argentina ha construido junto con las asociaciones de víctimas, muy activas en el país, y los organismos públicos.

Y puso como ejemplo la ESMA, la Escuela de la Armada donde desaparecieron más de cinco mil detenidos, que en la actualidad es un lugar de memoria y para cuya preservación y a propuesta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Figbar, la ONU declaró el pasado mes de septiembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, logrando así su protección futura. La nueva vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, representante de la vieja derecha conservadora y militarista, según los medios argentinos, habría anunciado la intención del futuro gobierno de derribar sus instalaciones.

El juez Garzón imputó en 1996 a los ex presidentes Videla y Galtieri por delitos de genocidio y terrorismo, así como a otros 99 militares, policías y médicos, presuntamente implicados en la desaparición o asesinato en aquel país de españoles durante la dictadura.

El magistrado hizo especial hincapié "en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación y los mecanismos de no repetición" y en relación con la Seguridad Nacional y la Ley de Secretos Oficiales, el ex juez explicó que aún en 2023 hay documentación relacionada con el golpe de Estado de 1936 que está clasificada y resulta inaccesible a los investigadores, pese a que "en los archivos aún se encuentran perlas que ayudan a reescribir la Historia. Esa puede ser otra de las razones por la que se ocultan (los documentos)".

En el marco de la jornada inaugural de unas Jornadas centradas en la Ley de Memoria Democrática a través de la investigación y la documentación, según Garzón, "España se ubica en el modelo amnésico. Los archivos en España no se han cuidado lo suficiente. A partir de 1936 se impusieron la manipulación, el olvido y la mentira consciente; desde el principio y a lo largo de toda la dictadura". Y aprovechó su intervención para denunciar lo que lo que denominó "la patrimonialización de la información. La consideran suya, pero es nuestra. No puede ser que se apropien de ella  para ocultar acciones (pasadas) que no quieren que trasciendan".

También expresó su confianza en que la aplicación de la Ley de Memoria de 2022 ampare la protección del derecho constitucional de las víctimas a la información como derecho superior y con base suficiente "porque afecta a derechos fundamentales de las personas y no puede haber ninguna interpretación que defienda esa ocultación de información".

Después de haber encausado al dictador Augusto Pinochet, en 2006 el entonces juez de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo como crímenes contra la humanidad. Su juzgado admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares y autorizó exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca.  Un año después, el Tribunal Supremo aceptaba la querella interpuesta por la asociación Manos Limpias, que acusaba al juez de prevaricación, al actuar en contra de la Ley de Amnistía de 1977 y superar las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Era la primera vez que en la Unión Europea un magistrado era encausado por perseguir crímenes internacionales.

Garzón fue inhabilitado en 2012 por esta causa y la autorización de escuchas durante la investigación de la Trama Gürtel. Desde entonces trabaja en defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos, ha sido abogado de Julian Assange y ha publicado varios ensayos. El último, La indignación activa, sobre la Transición. En 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró su juicio arbitrario y solicitó a España una reparación.

A día de hoy, el juez Garzón se cree reivindicado bajo la Ley de Memoria Democrática de 2022 en cuyo preámbulo y articulado se copiaría, según explicó en el Archivo de Guadalajara, su sentencia de 2008 sobre los crímenes franquistas. Esta ley, a su juicio, representa la implicación de los poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo en materia de memoria, a falta del judicial porque  "En España la judicatura es remisa a entrar en los crímenes y las desapariciones, las comunidades autónomas van por delante pero la justicia no colabora”. En este sentido, señaló que “la justicia está quebrando la ley".