El Tribunal Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado

El Alto Tribunal estima el recurso de la Fundación Hay Derecho al considerar que no reúne uno de los dos requisitos recogidos en la Ley que exige ser jurista de reconocido prestigio

El nombramiento de Magndelana Valerio como presidenta del Consejo de Estado, acordado mediante Real Decreto de 31 de octubre de 2022, ha sido revocado este jueves, 30 de noviembre, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según publica hoy el diario El Mundo, el  Alto Tribunal ha estimado el recurso de la Fundación Hay Derecho, al considerar que la ex ministra de Trabajo y ex diputada nacional del PSOE por Guadalajara no reúne una de las condiciones recogidas por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que exige para ostentar este cargo el ser "jurista de reconocido prestigio".

Por tanto, según la sentencia, que ha sido una ponecia del presidente de la Sala, Pablo Lucas, la actual presidenta del Consejo de Estado, sólo reuniría una de las dos condiciones necesarias en dicha legislación, que se refiere a tener conocimientos y experiencia en asusntos de Estado.

En concreto, el artículo 6 de la mencionada Ley especifica que "el Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado".

Magdalena Valerio tomaba posesión como presidenta del Consejo de Estado hace un año, el 10 de noviembre de 2022, en sustitución de María Teresa Fernámdez de la Vega, quien dimitía un mes antes, el 13 de octubre, y desde el día 27 del mismo pasaba a ser consejera permanente de este mismo organismo.

Valerio es licenciada en Derecho y funcionaria y acumula una dilatada carrera política: Formó parte del equipo de confianza del primer gobierno de Pedro Sánchez quien la nombró ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social cargo que ocupó de 2018 a 2020. Además, fue delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1999-2003 y 2010-2011); concejala del Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2005 y 2011-2015); diputada regional de las Cortes de Castilla-La Mancha (2007-2010), consejera de Trabajo y Empleo (2005-2007), de Turismo y Artesanía (2007-2008) y de Administraciones Públicas y Justicia (2008-2010) dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha. También fue presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y secretaria de Seguridad Social del PSOE.

El Consejo de Estado, fundado en 1526 por Carlos V, es el máximo órgano consultivo del Gobierno de España. Formado por la Comisión Permanente y el Pleno, el Consejo tiene relevancia Constitucional y basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma que le consulta el Gobierno u otros organismos previstos en la Ley Orgánica que lo regula. El Consejo sitúa en el centro de sus preocupaciones “la lealtad constitucional y la defensa del Estado social y democrático de Derecho, como expresión de los derechos de la ciudadanía”.