Agricultores y ganaderos del Señorío de Molina colapsarán la N-211 con más de un centenar de tractores

El sector agrícola de la Comarca de Molina de Aragón se suma, este marte, 6 de febrero, a la convocatoria de tractoradas por toda la red nacional de carreteras para protestar contra las políticas agrarias y medioambientales, tanto nacionales, como europeas, dentro del actual contexto de sequía e inflación 

Más de un centenar de tractores colapsarán la N-211 entre Molina de Aragón y Alcolea del Pinar este martes, 6 de febrero. Los agricultores y ganaderos del Señorío de Molina se han unido a la convocatoria de tractoradas por toda la red nacional de carreteras, que viene circulando durante los últimos días a través de redes sociales y de mensajería, como Whatsapp y Telegram, por parte de agricultores independientes para protestar contra las políticas agrarias y medioambientales, tanto nacionales como europeas.

La tractorada de esta comarca de la provincia de Guadalajara, donde existen más de 300 agricultores y ganaderos, partirá a las 9.30 horas de mañana, desde el Polideportivo de Molina de Aragón, para tomar desde allí la N-211.

Tal y como explica uno de los agricultores de la zona a El Decano de Guadalajara, a las dificultades que tienen que hacer frente como consecuencia de la inflación, la subida del precio de los carburantes o la sequía, ahora hay que sumar los nuevos requerimientos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2023-2027 y una mayor buracracia.

Según indica, una de las principales novedades de esta nueva PAC son los ecorregímenes o ecoesquemas, que suponen “poner toda la carga medioambiental en los agricultores”. En este sentido, señala que se ha reducido considerablemente la dotación de las ayudas que reciben los agricultores, aún aplicando los ecoesquemas, lo que permite ampliar estos fondos. “Por ejemplo, hay uno que requiere dejar de cosechar el 7%, por lo que estás metiendo un montón de dinero, pero no cosechas; otro, es hacer siembra directa; otro, sembrar en macetas… En definitiva, no producir para poder cobrar ese pequeño plus. El año pasado ya dejé un montón de hectáreas sin cosechar para poder cumplir con los ecosquemas y todo eso son hectáreas que has labrado y has sembrado y has invertido un dinero que no tiene un retorno”, aclara.

Mientras tanto, asegura que en los últimos años los precios están cayendo en picado: “Hace dos años yo vendía el trigo a unos 370 euros la tonelada y ahora no va ni a 200 euros. De igual manera, vendí el girasol a 600 euros la tonelada y este año está a 380 euros. Los precios del cereal están bajando muchísimo, pero esa bajada no se aprecia en el mercado”, afirma.

Asimismo, apunta una excesiva carga burocrática que a partir de septiembre incluirá, además,  un seguimiento a través de un cuaderno digital “y tendremos que apuntar en el móvil, todos los días, qué parcela labramos, sembramos, etc”.  A ello se suma la exigencia a los agricultores de validar a través de una APP los controles que se realizan mediante satélite sobre el tipo de cultivo, hectáreas sembradas, etc., subiendo imágenes geo-referenciadas, “con lo que tienes que ser tu propio inspector” y añade que en muchas ocasiones hay que realizar esas fotografías en lugares donde ni siquiere hay cobertura. Un sistema cuya implantación, según denuncian, ha sido “desastrosa” y está trayendo de cabeza a los agricultores. En este sentido, se lamenta de las dificultades que este tipo de obligaciones van a acarrear en muchos de los afectados, sobre todo, los de más edad, que no están familiarizados con las nuevas tecnologías.

También protestan contra los requerimientos legales que implican no utilizar determinados productos fito-sanitarios porque son perjudiciales para la salud, que no son exigidos a los productores de otros países extranjeros como Marruecos, que entran en el mercado con unos precios mucho más competitivos: “Al Estado le sale más rentable importar porque son productos más baratos y están entrando a la Unión Europea sin ningún tipo de control sanitario”, señala.

Con todo ello, y según un manifiesto al que ha tenido acceso este medio de comunicación, los agricultores de la Comarca de Molina reclaman que se relajen las políticas de la nueva PAC, que “reduce drásticamente las producciones” y que en algunos casos son “imposibles de llevar a cabo” o el compromiso de no reducir las medidas para la rebaja de impuestos sobre el gasóleo agrícola, incluso la implementación de mejoras, “puesto que el precio es una barrera que impide realizar muchas tareas agrícolas”. Una rebaja de la carga burocrática en la medida que implica la pérdida de muchas jornadas de trabajo; así como de las exigencias de la Ley de Bienestar Animal o su no aplicación en el sector y de las leyes ambientales de protección de especies.

También piden que no se grabe con más impuestos a los agricultores, en el marco del incremento en los costes; que se exija el cumplimiento de Control Fitosanitario de normativa europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios; una mayor claridad en el etiquetado, con los países de procedencia de los productos y un doble etiquetado, con los precios pagados en origen y el precio final.

Además, reclaman el cumplimiento de la ley de precios para que el agricultor no sea obligado a vender a pérdidas; la imposición de aranceles a la entrada de productos extra-comunitarios; la equiparación de salarios a nivel europeo, para evitar competencias desleales de unos países sobre otros; un compromiso de investigación y desarrollo contra las prácticas de Geoingeniería Climática, "que tanto perjudica al sector agrícola" y una política de Gestión del Agua consecuente a las necesidades de cada territorio.