Los trabajadores del servicio de transporte urbano de viajeros de Guadalajara llevan años clamando en el desierto. Esta semana han dicho “Basta”. Anuncian movilizaciones si desde el Ayuntamiento no se adoptan medidas urgentes para acabar con la precariedad de un servicio que es esencial para cientos de vecinos de la capital y los barrios anexionados.
Cualquier usuario de los autobuses puede dar fe de que todas las carencias se denuncian desde el Comité de Empresa son una realidad que se vive desde hace demasiado tiempo. Y es que la situación es insostenible se mire por donde se mire.
La flota de vehículos está totalmente envejecida. Los coches se averían cada dos por tres por los años de circulación acumulados y convierten esta forma de transporte en un calvario para conductores y viajeros. Cada vez con más frecuencia los autobuses se estropean a mitad de trayecto y dejan tirados en la calle a los usuarios, con el consiguiente perjuicio para las personas que acuden a estudiar o a su puesto de trabajo.
Por no hablar del riesgo que supone viajar en unos buses que ofrecen unas condiciones de seguridad más que cuestionables a pesar de que -no entendemos cómo- pasen las correspondientes inspecciones periódicas. A ello se añade la falta de aire acondicionado en muchos de ellos, la incomodidad de rampas para personas con discapacidad que los conductores se ven obligados a bajar ‘a mano’ en algunos vehículos, la falta de aseos en las cabeceras de línea que obliga a los chóferes a ‘mendigar’ un WC en los bares cercanos -cuando los hay- y un rosario de deficiencias que los trabajadores están hartos de denunciar.
Y si hablamos de las frecuencias, el asunto es para echarse las manos a la cabeza. Determinadas líneas -especialmente la L5 que recorre la ciudad desde Los Manantiales a Los Valles pasando por el centro- no cumplen los horarios establecidos ni de lejos. No es de recibo que los viajeros de esta línea lleguen a esperar entre 20 y 30 minutos entre una y otra expedición cuando se supone que la frecuencia es de 15 minutos. Y esto en temporada normal, porque en temporada baja los tiempos de espera aumentan a 45 y 50 minutos. Un problema que está comenzando a trasladarse a las dos líneas circulares.
Los trabajadores aseguran que estas frecuencias estaban pensadas para un servicio que se adjudicó hace más de 12 años. Y desde entonces la ciudad ha crecido, ha aumentado el número de viajeros y se ha incrementado el parque automovilístico. Conclusión: es imposible cumplir con los horarios.
Todas estas incomodidades llevan a determinadas personas a pagar su malestar con los conductores, quienes al estrés diario de no llegar a tiempo a destino añaden tener que bregar con las malas formas de algunos usuarios que deben entender que el problema no lo generan los trabajadores, que también son parte afectada por la mala gestión del servicio. Resultado: cada vez son más las bajas por ansiedad entre la plantilla.
Es cierto que se trata de un asunto heredado. El anterior equipo de Gobierno no sacó a tiempo la licitación de un servicio cuyo contrato llegó a su fin hace dos años. Ha sido necesario realizar dos prórrogas, que no sólo le están costando unos buenos euros a las arcas municipales, sino que están repercutiendo en la prestación del servicio.
Durante el mandato de Alberto Rojo, el Comité de Empresa mantuvo numerosas reuniones con el regidor y con los técnicos municipales, que recogieron sus aportaciones para el diseño del nuevo contrato. Un documento que hubiese servido de base para la redacción del nuevo pliego de condiciones.
El nuevo Gobierno de PP y Vox se erige ahora como el salvador de todos los males y ha anunciado el inicio de la redacción de un nuevo pliego y su posterior adjudicación, un proceso administrativo que se va a alargar hasta bien entrado el próximo año. Sin embargo, no ha tenido en cuenta el documento que acordaron Rojo y los trabajadores -lo que hubiese acortado el proceso- y ha apostado por empezar desde cero sin tener en cuenta para nada la opinión de los trabajadores, que son los que realmente conocen las carencias y las necesidades del servicio. Eso sí, la subida del precio del billete la tienen bien clara, mascada y estudiada.
El concejal del ramo, Santiago López Pomeda, pide paciencia. Pero mientras llega el momento de la firma del nuevo contrato, trabajadores y viajeros seguirán padeciendo las penurias de un servicio que deja muchísimo que desear y que, hoy por hoy, es totalmente insuficiente para la ciudad de Guadalajara.
El Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto cuanto antes si no quiere que el tema se le vaya de las manos. Y para ello es necesario un diálogo a tres -administración, empresa y comité- para aliviar de algún modo la situación hasta que esté adjudicada la nueva contrata.
Nuestros gobernantes se llenan la boca hablando de movilidad sostenible y llaman a la ciudadanía al uso del transporte público frente al vehículo privado. Un consejo que ellos mismos no se aplican. Faltaría más. Se nota de lejos que los concejales del equipo de Gobierno no cogen el bus y no padecen sus carencias. Para trasladarse por la ciudad ya tienen sus coches oficiales. Esos que están totalmente acondicionados, no contaminan, son modernos, ecológicos y cómodos y, por supuesto, no entienden de frecuencias.
Igualitos que los autobuses urbanos de Guadalajara.
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