Censura y propaganda

Esta semana hemos asistido a un patético episodio de censura informativa por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Un hecho muy grave que algunos pretenden vender como una ‘anécdota’ o del que prefieren no darse por enterados, pero que este medio quiere denunciar públicamente. 

 

Lamentablemente, el equipo de Gobierno del PP y de Vox ya nos tiene acostumbrados a determinadas prácticas que ponen en riesgo la libertad de expresión. El Decano de Guadalajara ya ha sido víctima de ello al ser excluido de la publicidad institucional del programa municipal de Navidad, un hecho que ya denunciamos en su día. Por su parte, Vox nos ha negado en varias ocasiones entrevistas -incluso en campaña electoral- porque, lógicamente, todo lo que huele a progresista le produce urticaria. 

 

En esta ocasión, le ha tocado el turno al Ayuntamiento de Marchamalo, gobernado -¡Oh, casualidad!- por el PSOE. Les contamos. Este martes tenía lugar una visita a las obras que Port Tarragona está ejecutando en la Ciudad del Transporte. Una infraestructura a caballo entre dos términos municipales: Guadalajara capital y Marchamalo. Ambos ayuntamientos y la empresa catalana acordaron que fuese el Consistorio capitalino el que se ocupase de la convocatoria a los medios y de la difusión posterior de la nota de prensa oficial redactada por Port Tarragona. 

 

La sorpresa llega al recibirse en las redacciones el citado comunicado ‘institucional’. El Ayuntamiento, ni corto ni perezoso, cambia el titular poniendo a la alcaldesa como protagonista absoluta, cierra la nota con unas declaraciones políticas de Guarinos reclamando a la Junta el desdoblamiento de la CM-101 (que no estaban incluidas en la nota oficial) y ‘alguien’, por mandato directo o a iniciativa propia, guillotina el párrafo en el que se reproducen las declaraciones realizadas en el acto por el alcalde Marchamalo, el socialista Rafael Esteban. 

 

El departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marchamalo no tardó en reaccionar, enviando a todos los medios un mail en el que solicita que se incluyan las declaraciones de Esteban en el que se dice textualmente: “Por la presente les hago llegar el contenido de la nota de prensa que fue pactada por los ayuntamientos de Guadalajara y Marchamalo junto con el Port de Tarragona y que no ha sido distribuida a ustedes como se acordó, con declaraciones tanto de Ana Guarinos como de Rafael Esteban, siendo eliminadas las de este último de la comunicación que el Ayuntamiento de Guadalajara finalmente les ha hecho llegar”.

 

A esta Redacción le consta el malestar que la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara ha causado tanto en Marchamalo, como en Port Tarragona.

Como pueden comprobar nuestros lectores, se trata de un ejercicio, no sólo de soberbia, sino de censura pura y dura. Porque ha habido una intención consciente de que los ciudadanos no se enterasen de todo lo que ocurrió en ese acto. Es, además, manipulación informativa porque los medios de comunicación que no asistieron al evento se quedaron tan sólo con la versión del Ayuntamiento. Es decir, la que han querido transmitir Ana Guarinos y sus socios de Gobierno.

 

Una manipulación que se repite día tras día en las redes sociales institucionales en las que, casualmente, se recortan fotografías para que no salgan miembros de la oposición, se repostean mensajes de las cuentas privadas de la alcaldesa, se silencian iniciativas del resto de grupos municipales e, incluso, se eliminan determinados comentarios ‘molestos’ de los ciudadanos. Por no hablar de las redes de la Policía Local que hasta hace unos meses informaban de los sucesos en los que intervenían y que, de un tiempo a esta parte, han 'desaparecido' por completo, no vaya a ser que los ciudadanos tengamos la sensación de que vivimos en una ciudad insegura.

  

No olvidemos que la comunicación institucional es una importante herramienta concecbida al servicio de los intereses de los ciudadanos. Mediante el uso adecuado de los fondos públicos, se persigue el objetivo de difundir el mensaje COMÚN de la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que les prestan y las actividades que desarrollan en beneficio de la ciudad. Es más que lícito ‘vender’ gestión. Ya no lo es tanto manipular descaradamente y utilizar además esas redes para denostar al contrincante político, tal y como nos tienen acostumbrados desde el Ayuntamiento. No olviden señores GESTORES DE LO PÚBLICO, que para ese fin ya disponen de las redes de sus propios partidos y grupos municipales. 

 

La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, hoy en vigor, marca como uno de sus fines que TODA la información llegue a los ciudadanos. Esta Ley regula el contenido de los mensajes difundidos a través de campañas de publicidad y de comunicación y tiene como objetivos prioritarios garantizar la utilidad pública, la transparencia y la lealtad institucional. De este modo, se garantiza que las campañas institucionales sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, Y NO A QUIEN LAS PROMUEVE. Y en este punto, el Ayuntamiento de Guadalajara no cumple, ni de lejos esa legislación. 

 

Las redes y cualquier otro medio de comunicación de las administraciones deben cumplir una función informativa de manera leal y sin sectarismo, atendiendo al derecho que tienen los ciudadanos de recibir una información veraz y útil. 

Señores del equipo de Gobierno, en la jornada de apertura de los JJOO de París, hagan suyo uno de los lemas de su fundador, Pierre de Coubertin: Jueguen limpio.

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