La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha decidido multar con 2.600 euros al Ayuntamiento de Jirueque, un pueblo de apenas 47 habitantes ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara por acometer una obra en un arroyo. Una cantidad que, según asegura el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sanz, equivale al 10% del presupuesto municipal "siendo este un dinero vital para mantener los servicios de los vecinos".
El regidor municipal ha explicado en declaraciones a El Decano de Guadalajara que el Ayuntamiento contaba con un permiso de la CHT para proceder a la limpieza cel arroyo del pueblo, que vierte sus aguas al río Henares. Este permiso, en concreto, se concedía para la “limpieza general del cauce del Arroyo de los Prados a su paso por el casco urbano para prevenir incendios y obstrucciones en caso de avenidas de agua por lluvias torrenciales ”, tal y como obra en el expediente, al que ha tenido acceso esta redacción.
"La tubería de las aguas fecales, como se hizo en el año 1976, discurre en paralelo al arroyo" y durante la realización de los trabajos de limpieza y como consecuencia de los mismos, esta tubería resulta dañada y comienza a verter aguas fecales al arroyo. Como es lógico, el Ayuntamiento interviene, arreglando la tubería lo más rápido posible, para dejar de contaminar las aguas: "Como no tenemos un cuerpo administrativo de lunes a viernes, porque el secretario solo viene los jueves, determinamos que tenemos que arreglar la tubería con la mayor celeridad posible", indica el primer edil. Las labores, requieren extraer la tierra para acceder a la tubería y esta tierra se deposita provisionalmente en la zona que se denomina policía del arroyo, "con tal mala suerte de que alguien hace una foto y se la envía a la CHT o ellos mismos pasan y lo ven, pero el caso es que nos viene una multa de 2.600 euros por haber dejado la tierra que hemos sacado para acceder a la tubería en esta zona de policía del arroyo", relata Sanz.
El primer edil de este municipio serrano asegura que, tras ejecutar los trabajos, la tubería se vuelve a cubrir de tierra y "dejamos todo tal y como estaba", sin causar ningún daño al dominio
público hidráulico, tal y como hacen constar en su escrto de alegaciones y, sin embargo, "nos ponen una multa absolutamente desproporcionada".
En el expediente la CHT reconoce que, efectivamente, no se han producido daños en el dominio público hidráulico y se especifica que "con fecha 10 de mayo de 2024 esta confederación acordó iniciar procedimiento sancionador contra Ayuntamiento de Jirueque con base en la denuncia de Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidraulico de fecha 10 de enero de 2024, por los siguientes hechos: realización de trabajos consistentes en una excavación de dimensiones aprox. 4,5 x 5 m. y dos depósitos de la tierra extraída en la zona de servidumbre y policía del cauce arroyo de los prados, en t.m. Jirueque (Guadalajara), sin autorización o concesión administrativa de este organismo" y alega que la autorización que tiene el Ayuntamiento, "es independiente de las obras denunciadas, siendo los hechos denunciados la realización de una excavación y depósito de la tierra extraída en las zonas de servidumbre y policía del arroyo de los Prados, sin contar con la previa autorización administrativa de este Organismo".
El primer edil recuerda que el Consistorio tiene que hacer frente a las multas continuas de la CHT, de acuerdo con una directiva de la Unión Europea, "que trata igual a Guadalajara o Azuqueca, que a un municipio como este", precisamente, por no depurar las aguas, al carecer de estación depuradora como tantos municipios pequeños que no tienen recursos económicos para hacer frente a una inversión tan importante, por lo que no entiende que se le multe ahora por actuar con diligencia para no contaminar "que es por lo que nos están multando".
Desde el Ayuntamiento recuerdan que es obligación de la CHT mantener limpios los cauces de los ríos y arroyos, que en el caso de los ayuntamientos pequeños no tienen ni los medios técnicos, ni económicos necesarios para realizar estas labores y tampoco capacidad administrativa, dado que sólo cuentan con un secretario una vez a la semana para realizar todas las gestiones que sean precisas. En esta línea, no era consecuente esperar a tener la autorización de manera previa a realizar los trabajos de reparación, mientras se estaban vertiendo aguas fecales al arroyo.
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El acalde no entiende la forma de actuar de esta Confederación, ni tampoco que sea imposible contactar con la persona responsable del expediente. “Intentarlo supone perderse en un laberinto de teléfonos y locuciones inútiles, de contestadores automáticos a los que nadie responde jamás; un trámite sencillo se convierte en una odisea absurda, sin interlocutores ni soluciones”, se lamentan.
“Es increíble que, después de lo vivido en Valencia, nadie reforme estos entes tan mal gestionados como las Confederaciones para que sean eficientes y realmente productivos”, dice el alcalde añadiendo que “resulta incomprensible que las administraciones que dicen querer salvar la España vacía, luego imponen multas que la asfixian”.
El máximo responsable del municipio ha aludido a las “reglas abstractas y ajenas a la realidad” que rigen la administración pública señalando que “las decisiones que afectan, sobre todo, a los pueblos pequeños deberían considerar su contexto, no aplicar castigos mecánicos que solo ahondan el abandono”.
Todo esto, subraya el alcalde, “sucede en un momento en que la inflación y el alto valor de los activos financieros, entre ellos la vivienda, están generando un efecto dominó que podría llevar a muchas personas y parejas jóvenes a replantearse su vida y llegar en estos municipios”, pero con instituciones y actuaciones como esta, “se cercena el potencial de los pueblos para ofrecer una alternativa real”. “La tan manida ‘España vacía’ seguirá vacía si quienes tienen el poder de ayudar se dedican a poner trabas en lugar de soluciones”, sentencia.