Los sindicatos UGT y CCOO anuncian el inicio de las movilizaciones en el sector del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha y llaman a todos los trabajadores a participar, ante el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo, que lleva caducado desde febrero de 2023. Las reivindicaciones arrancarán con una concentración en todos los hospitales de referencia de cada provincia de la región, el próximo lunes, 10 de marzo, entre las 11.00 y las 12.30 horas e “irán en aumento con nuevas concentraciones y probablemente con la convocatoria de jornadas de paros parciales o de huelga”, hasta que “el Gobierno regional y las empresas entiendan que tiene que haber un acuerdo colectivo que se incluya dentro de la licitación y que permita que los trabajadores del Transporte Sanitario tengan un salario digno acorde a la actualidad”, han señalado en comparecencia de prensa.
Los sindicatos reclaman la jornada laboral de 37,5 horas y el incremento salarial del 10%, que contempla del V Acuerdo Marco por el Empleo y la Negociación Colectiva, de carácter estatal “y el mínimo que marcaron, tanto la Patronal, como los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO”, teniendo en cuenta que tienen el salario congelado desde 2013 y que la jornada laboral del servicio de urgencia asciende a 2.184 horas anuales y excede en 384 horas al del servicio programado y en 750 a las que realiza una enfermera o un médico. Un exceso que, hacen hincapié, cobran como horas ordinarias.
Asimismo, reivindican la internalización del servicio de Transporte Sanitario en el Sescam, como han hecho otras comunidades autónomas: “Pedimos que se retire esta licitación actual y que el servicio de transporte sanitario se gestione directamente por la administración regional, ya que la licitación y la dotación económica no garantizan la viabilidad económica, tan sólo los beneficios de las empresas”, señala el responsable del Transporte Sanitario de CCOO, Alfonso Tercero.
El representante de CCOO ha comparecido esta mañana junto con su homólogo en UGT, Serafín García, en la sede de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Guadalajara, para explicar la situación actual de la negociación; la problemática laboral que padece el personal del Transporte Sanitario, que afecta a casi 300 trabajadores en Guadalajara y unos 1.800 en Castilla-La Mancha; y las circunstancias actuales en la licitación del servicio por parte del Sescam.
La situación es cuanto menos compleja y se remonta a varios años atrás. Tal y como ha relatado el responsable de UGT, Serafín García, el IV Convenio del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha se encuentra en situación de ultraactividad o prorrogado desde febrero de 2023, y con él tan sólo se conseguía recuperar los complementos salariales, “que perdimos durante el Gobierno de Cospedal, con lo que no hemos tenido una subida salarial desde 2013”.
Desde diciembre de 2022, los sindicatos tratan de negociar el V Convenio del sector, reclamando mejoras salariales y en la jornada laboral. Entre tanto, una sentencia del Tribunal Supremo “nos saca del Real Decreto de Jornadas Especiales”, con lo que la jornada de los trabajadores del Transporte Sanitario se limita a no más de 8 horas al día y a 1.800 al año. Esta medida, explica García, les deja fuera del marco legal, teniendo en cuenta que los trabajadores del servicio urgente del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha tienen jornadas de hasta 24 horas continuadas y 2.184 anuales, por lo que los sindicatos acuden al Ministerio de Trabajo para que se regule el sector del Transporte Sanitario a nivel estatal en lo que se refiere a jornadas y descansos. La negociación se vio interrumpida por la convocatoria de Elecciones Generales y esta cuestión se queda “fuera de la agenda del Ministerio de Trabajo” del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ante esta situación de vacío legal, los sindicatos acuden a la Audiencia Nacional para que les sea de aplicación la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que rige “de manera exclusiva la jornada y los tiempos de descanso en el Transporte Sanitario, para que permita hacer turnos de 24 horas y tener jornada ordinaria complementaria especial, es decir, poder superar, por la idiosincrasia de nuestro trabajo, las 1.800 horas”. Esta situación se resolvió con un laudo que permitió adherirse a los trabajadores a este marco legal.
Con ello, el sector, aclara el representante de CCOO, no pretende realizar más horas de trabajo que otros, sino que “históricamente tiene un exceso de jornada, que quedó en cuestión por una sentencia del TS y las empresas han aprovechado ese vacío normativo para alargar la vigencia de los contratos que tienen de las distintas administraciones y ganar dinero a costa de los derechos de los trabajadores”. Con la Ley 55/2003, “nuestra propuesta iba en la dirección de rebajar jornada, pero manteniendo salarios para aquellas personas que tenían ese exceso de jornada (del servicio urgente) y mejorar las condiciones de la otra parte del servicio (programado), que ya estaba con una jornada ordinaria de 1.800 horas”.
En este punto, comienzan las negociaciones con las empresas del sector para hacer efectiva la reducción de jornada de 37, 5 horas y la aplicación de la subida salarial del 10% en los años en vigor del V Acuerdo Marco por el Empleo y la Negociación Colectiva. “Las empresas nos comunican que aceptan las mejorar que les estamos proponiendo", pero siempre que las suscriba el Sescam, señala García. “Qué casualidad, que la Administración, sabiendo que estamos negociando el convenio y que estamos cerca de acordarlo y firmarlo, sacan la licitación con las bases del contrato público, sin tener en cuenta ninguna de las reivindicaciones de las personas trabajadoras, es más, muy por debajo de los costes salariales actuales", ironiza García. Esta situación fue denunciada por UGT y "nos han dado parcialmente la razón, retrotrayendo el proceso de licitación al inicio del mismo”.
En ese momento, se suscribe un preacuerdo económico y de jornada laboral con la parte empresarial mayoritaria del sector, "que enviamos a la Administración y registramos en el Sescam para que tengan en cuenta los nuevos costos salariales y los incluyan en la nueva licitación y convocamos a las empresas de manera urgente para firmar el preacuerdo y darle rango de convenio".
Finalmente, el 5 de febrero, se convocaba a las partes para firmar dicho convenio en Toledo “y otra vez, qué casualidad, vuelven a sacar la licitación a las 12.00 horas de ese mismo día, de forma sospechosa, pues sólo anuncian la licitación, sin pliego de condiciones administrativas, ni técnicas, ni memorias económicas, ni nada. Aumentan en 11 millones la licitación, sin anunciar a dónde van las nuevas partidas y, sospechamos, que para que las empresas no firmen nada con los sindicatos”, afirma el responsable de UGT.
Con este telón de fondo, los sindicatos entienden que las empresas no son las interlocutoras válidas para la negociación colectiva en este sector, puesto que “no tienen la capacidad de negociar nada, si el Sescam no incorpora estos incrementos en la licitación del contrato”. De esta manera, aseguran que el Sescam, que no es un interlocutor en la negociación, puesto que no existe relación contractual entre el mismo y los trabajadores, “nos está quitando el derecho de negociación colectiva y de llegar a acuerdos de jornada, de salario y de derechos laborales”, afirma Serafín García.
El representante de UGT añade, además, que los trabajadores del transporte sanitario suplen la falta de celadores de los hospitales de Castilla-La Mancha, haciéndose cargo de recoger las altas y las bajas de los enfermos que trasladan.
Por otro lado, los sindicatos denuncian que el Sescam mantiene los contratos del Transporte Sanitario “a las mismas empresas a las cuales les retiró los contratos por mala gestión y, sin embargo, desde octubre de 2021, viene prolongando esos contratos por la vía de urgencia, ganando las empresas muchísimo dinero, mientras los trabajadores mantienen los salarios de 2013”, a lo que añaden el empeoramiento del servicio, “porque los vehículos no se renuevan y las instalaciones no son adecuadas a las necesidades de los trabajadores”, señala Tercero.
