El Consejo de Estudiantes de la UAH llama a participar en la manifestación del 28 de abril en defensa de la Universidad Pública

Ante la futura Ley de Enseñanzas Superiores y la falta de financiación de las universidades madrileñas, que han convocado una jornada de huelga para el próximo 28 de abril y una manifestación que partirá de Atocha a las 18.00 horas

 

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá alerta de la “crítica” situación económica que atraviesan las universidades madrileñas por falta de financiación del Gobierno regional encabezado por Isabel Ayuso (PP) y llama a la comunidad universitaria a la participación en la manifestación convocada para el próximo 28 de abril, a partir de las 18.00 horas, en Atocha, para defender la Universidad Pública y en contra de la  Ley de Enseñanzas Superiores, que amenaza con recortar la financiación y la autonomía universitarias.

 

El Consejo de Estudiantes de la UAH ha emitido un comunicado de prensa que El Decano de Guadalajara reproduce a continuación en su integridad:

 

La situación de las universidades públicas madrileñas es crítica. Aunque el problema de la financiación lleva tiempo siendo denunciado, hoy sabemos que el alcance de esta crisis es mucho mayor. No hablamos únicamente de presupuestos, sino de la amenaza directa a la supervivencia del sistema público universitario tal y como lo conocemos.

 

La educación pública está en riesgo, y frente a este escenario, el colectivo estudiantil se ha organizado para defender una universidad accesible, inclusiva y comprometida con su función social. Una universidad en la que cualquier persona pueda estudiar un título independientemente de su origen social.

 

Durante los últimos meses, el papel del colectivo estudiantil ha sido fundamental para visibilizar esta crisis y generar un movimiento sólido, plural y descentralizado en defensa de la educación pública.

 

A través de asambleas abiertas en todas las universidades públicas madrileñas, miles de estudiantes han tomado la palabra, han compartido su preocupación y han convertido la indignación en acción colectiva. Este proceso ha dado lugar a un ciclo de movilizaciones que ha incluido la manifestación del 23 de febrero, la del 5 de abril, el encierro en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid y muchas otras acciones reivindicativas impulsadas de forma autónoma.

 

La respuesta ha sido clara y contundente: frente al deterioro de la universidad pública, el estudiantado no se resigna. Porque un estudiantado organizado, activo y reivindicativo es, sin duda, uno de los mayores símbolos de salud en nuestro sistema.

 

La pública, en peligro inminente

Detrás de estas movilizaciones se encuentra una realidad preocupante que ya no puede ser ignorada. Año tras año, las universidades públicas madrileñas han sufrido una infrafinanciación sostenida por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

 

A día de hoy, los recursos disponibles no permiten cubrir siquiera los gastos básicos de funcionamiento: salarios, suministros esenciales como la luz o el agua, y mantenimiento de infraestructuras.

 

Estas carencias han obligado a las universidades a sobrevivir gracias a remanentes y a la judicialización de la financiación, reclamando por la vía legal lo que debería ser garantizado por responsabilidad institucional.

 

En este ejercicio presupuestario, el Gobierno regional ha anunciado un aumento del 4,2% en la financiación. Una cifra claramente insuficiente frente al 20% solicitado por los rectores como mínimo indispensable para que las universidades madrileñas puedan continuar prestando sus funciones básicas.

 

De hecho, en términos relativos, la financiación actual se sitúa entre un 15% y un 20% por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008.

 

En paralelo, asistimos con preocupación a la completa opacidad en torno al borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid. Pese a la magnitud de lo que está en juego, el Gobierno regional sigue sin publicar un borrador oficial, no ha constituido grupos de trabajo con representación estudiantil, y mantiene al conjunto de la comunidad universitaria directamente fuera del proceso.

 

Los pocos borradores oficiosos que han comenzado a circular incluyen elementos que generan inquietud, tanto por su enfoque como por su completa falta de garantías.

 

Entre ellos, destaca la intención de implantar un plan de financiación plurianual, cuya redacción está muy lejos del consenso con los seis rectores de las universidades públicas madrileñas.

 

Las privadas, una amenaza creciente

Pero la amenaza no es solo económica. En paralelo al deterioro del sistema público, asistimos a una proliferación alarmante de universidades privadas en la región. Proyectos aprobados con informes técnicos desfavorables, sin garantizar los estándares mínimos de calidad, están transformando el paisaje educativo. Estas universidades operan como academias: sin actividad investigadora, sin vínculo con el territorio, sin un proyecto educativo sólido y centradas únicamente en ofrecer titulaciones de alta demanda. La receta perfecta para consolidar un modelo excluyente, basado en la lógica del mercado, que convierte el derecho a la educación en un privilegio.

 

Frente a esto, como estudiantes, defendemos un modelo radicalmente distinto: universidades que cumplan una función social, que garanticen el acceso y la igualdad de oportunidades a todas las personas y que no se conviertan en máquinas expendedoras de títulos a precios asumibles para unos pocos.

 

Tarde y mal: el precio de la inacción

La respuesta institucional ha llegado tarde. Aunque la situación se ha venido gestando durante años con síntomas evidentes, muchas universidades no se han posicionado públicamente hasta que ya se encontraban en números rojos.

 

En este sentido, también en el seno de las universidades, nos toca hacer autocrítica.

 

Miles de estudiantes ya se han organizado en asambleas abiertas en todas las universidades públicas madrileñas, y desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá no vamos a quedarnos al margen.

 

Por todo ello, llamamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar en la gran manifestación del 28 de abril en Atocha, como acto de denuncia y defensa activa de la educación pública. Porque aún somos 220.000 estudiantes que confiamos en la educación pública y en Alcalá sabemos que su voz es nuestro mejor patrimonio.