Agricaman pide el cese de Núñez por respaldar la Ley de Representatividad Agraria

El colectivo agrario acusa al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de traicionar al campo

El colectivo Agricaman, que agrupa a agricultores y ganaderos independientes de Castilla-La Mancha, ha acusado públicamente al presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, de respaldar la Ley de Representatividad Agraria, una norma que, según denuncian, impide la libre elección de representantes por parte del sector agrario y cierra el sistema de interlocución a un grupo reducido de organizaciones tradicionales.

En un comunicado difundido este jueves, Agricaman sostiene que la norma —promovida inicialmente por el PSOE— ha contado con el apoyo del líder del PP en la región, a quien acusan de haber “pactado con quienes han despreciado al sector” y de haber bloqueado el derecho al voto de agricultores y ganaderos. Para el colectivo, esta situación supone una “exclusión democrática” que margina a las nuevas organizaciones independientes surgidas desde el terreno.

"Esta ley impide que nuevas organizaciones agrarias –independientes, nacidas del trabajo en el campo, sin dependencia política ni financiera– puedan participar en igualdad de condiciones. Porque no hay urnas, ni elecciones, ni voto directo. Solo privilegios blindados", afirman.

La crítica se fundamenta en varios puntos, entre ellos la eliminación de elecciones agrarias como mecanismo de representación, sustituidas por un sistema que otorga dicho estatus en función de criterios que Agricaman considera restrictivos: presencia en todas las provincias, plantillas mínimas, oficinas físicas y tramitación de expedientes, entre otros requisitos.

"En lugar de defender la libertad del agricultor, Núñez ha defendido una norma que exige requisitos más propios de una asesoría o una entidad financiera: 10 trabajadores por provincia, oficinas abiertas en las cinco provincias, tramitación de expedientes, participación institucional", indican.

Asimismo, denuncian que entidades como Asaja, UPA y COAG, beneficiarias del modelo vigente, perciben más de 700.000 euros anuales en subvenciones públicas, "para pagar a esos trabajadores" lo que a juicio del colectivo crea una competencia desleal frente a agrupaciones sin financiación institucional.

En consecuencia, el colectivo exige tres medidas inmediatas: el cese de Paco Núñez como presidente del PP en Castilla-La Mancha, la derogación de la actual Ley de Representatividad Agraria y la convocatoria de elecciones agrarias libres, exclusivas para profesionales del sector.