Un marco legal exigente que protege a los colectivos más vulnerables

Juan Alfonso Ruiz Molina

 

El juego y las apuestas son una de las formas de ocio más antiguas del ser humano, pero sus efectos pueden resultar perjudiciales tanto para las personas que las practican como para su entorno, ya que pueden derivar en una fuerte adicción y, en consecuencia, en graves problemas económicos, laborales, sociales y familiares.

 

Por ello, con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Internacional del Juego Responsable, queremos reflexionar sobre los riesgos de esta práctica y la importancia de la prevención de conductas adictivas, máxime teniendo en cuenta que cada vez más jóvenes presentan síntomas de ludopatía.

 

Es evidente que el juego tiene sus peligros, pero con la protección adecuada esos peligros se mitigan. Desde Castilla-La Mancha hemos querido contribuir a promover el juego responsable en la región y, por este motivo, hemos puesto en marcha la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que refuerza las políticas destinadas a la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada de esta actividad y que sitúa a esta Comunidad Autónoma a la vanguardia de España en la materia.

 

La norma recoge medidas claras y contundentes, como la prohibición general de la publicidad en el sector y el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos. Además, fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella.

 

Desde la entrada en vigor de esta ley hace poco más de un año, la Administración regional ha concentrado sus esfuerzos en cumplir los objetivos que persigue, que pasan por garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región, para que esta actividad sea moderada y responsable; una mayor inspección y control en el sector; el impulso de políticas de juego responsable, que reduzcan los efectos negativos de su práctica o de su publicidad; y la protección a los colectivos más vulnerables, como las personas con problemas de ludopatía y los menores de edad, a los que, como administración pública, debemos prestar una mayor atención.

 

El primer paso que hemos dado en este sentido ha sido la creación, el pasado verano, del Observatorio de Juego Responsable, que, configurado como un órgano permanente de la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha, está formado por representantes de los órganos de la Administración regional con competencias en salud pública, infancia y familia, juventud, consumo y educación y por representantes empresariales, sociales y de otras administraciones, además de que puede contar con la participación de personas con experiencia técnica reconocida.

 

Este órgano, tiene como principal fin proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego y entre sus funciones destacan la promoción y elaboración de estudios e informes que analicen el impacto de esta actividad en la sociedad; el fomento de actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de buenas prácticas del juego y la realización de campañas preventivas y educativas, en las que ya estamos trabajando desde el Gobierno regional.

 

El juego responsable es una tarea que debe implicar a toda la sociedad y, en especial, a los empresarios del sector y a las administraciones públicas, como reguladoras de esta práctica. De ahí que en Castilla-La Mancha hayamos diseñado un marco legal riguroso y exigente, para garantizar una verdadera protección a la ciudadanía castellanomanchega y, en particular, a los colectivos más sensibles. De esta forma, pretendemos dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la población: las repercusiones sociales de esta actividad y sus riesgos para la salud, tratando de corregir los impactos negativos que genera. 

 

Juan Alfonso Ruiz Molina

Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas