Víctimas de trata con fines de explotación laboral, los nuevos esclavos del siglo XXI

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional trabaja para prevenir, identificar e investigar esta práctica en Guadalajara, especialmente en los sectores de la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico, la hostelería, la salud y la estética y la belleza

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, solo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas, convirtiéndose además en la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. 

Aunque habitualmente se tiende a asimilar los conceptos de la trata y el tráfico ilegal de personas con la explotación sexual (de la que El Decano les ofreció un amplio reportaje), esta actividad criminal también afecta a otro ámbito, el laboral, con un complejo entramado nacional e internacional implicado en el mercadeo de seres humanos con la finalidad de explotarles laboralmente bajo coacciones, amenazas, fraudes o abusos. Las víctimas suelen ser personas vulnerables, mujeres, hombres y niños acostumbrados a la discriminación, que no suelen oponer gran resistencia ante la presión de las mafias y a los abusos de los empresarios sin escrúpulos.

La jefa de grupo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Guadalajara, Montse M., asegura que la trata con fines de explotación laboral no es nueva en absoluto. Existe desde hace muchos años, aunque la lucha contra esta actividad criminal se ha intensificado desde el año 2000 a raíz de la aprobación del Tratado de Palermo, un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y “eliminar ese comercio censurable de seres humanos”. 

Montse M. recuerda que cualquier persona que sea captada para realizar un trabajo forzoso bajo coacción y amenazas es una víctima de este tipo de delito: “Son auténticos esclavos. Llevados por una situación de necesidad ven vulnerados sus derechos fundamentales, no solo como trabajadores, sino también como personas”. Según relata, estos trabajadores están sometidos a jornadas excesivas, al trabajo sin ningún tipo de contrato, sin tutela de ninguna normativa laboral, sin vacaciones, sin festivos y con sueldos completamente controlados porque suelen llegar con deudas que dejan en su país y que nunca van a poder pagar. Están totalmente controlados. Padecen situaciones de encierro en el lugar de trabajo, sus condiciones de mantenimiento y salud son precarias. Han sido engañados sobre el empleo, el viaje, las condiciones de vida, los ‘papeles’. Son movidos por los tratantes de un lugar a otro para que no ganen confianza y no mantengan relaciones con personas externas a la red y, además, les coaccionan para que no denuncien su situación ni a las Fuerzas de Seguridad, ni a las administraciones (centros de salud, oficina de asilo), ni a las ONGs que puedan entrar en contacto con ellas. De hecho, si han de acudir al médico o a otro servicio público, siempre van acompañados por sus tratantes. “Viven durante todo el tiempo con el miedo y la constante amenaza contra ellos o sus familiares. Padecen situaciones abusivas y gravosas, lo que constituye un grave atentado contra los derechos humanos”, ha afirmado la jefa de grupo.

El perfil de las víctimas suele ser el de personas con un bajo nivel cultural, en una situación de completa vulnerabilidad, no suelen hablar el idioma local lo que les dificulta todavía más la comunicación con otras personas, suelen presentar daños o heridas relacionados con un trabajo duro o peligroso (cicatrices, problemas crónicos de espalda, pérdida de audición, visuales, respiratorios, cardiovasculares o incluso amputación de miembros). Además, padecen graves cuadros de salud mental como un nerviosismo exagerado, ansiedad, depresión e incluso comportamientos disociativos. “Son vulnerables en todo”, ha señalado Montse M.

A diferencia de lo que sucede con la trata para explotación sexual, en el caso de la laboral la mayor parte de los que caen en estas redes son hombres y menores, especialmente los no acompañados, más conocidos como Menas, aunque los tratantes también reclutan cada vez más a mujeres. Los países de procedencia son prioritariamente Rumanía, Colombia, Venezuela y Marruecos. Muchos de ellos carecen de la documentación en regla. Cabe destacar que España es un país estratégico para las bandas organizadas, tanto como lugar de transición entre los países de origen y Europa, como de tráfico interno, desplazando a estos trabajadores de un lugar a otro de la península, lo que suele ser habitual para que no sean localizados. 

Los sectores en los que se concentra la mayor parte de los trabajadores víctimas de explotación laboral son la hostelería, la construcción, los restaurantes asiáticos, los salones de estética y uñas, el servicio doméstico y, especialmente, el sector de la agricultura, que concentra a un buen número de temporeros extranjeros quienes, llevados por su delicada situación, acceden a trabajar en condiciones que los trabajadores nacionales hace tiempo que no aceptan: jornadas excesivas, trabajo de sol a sol en condiciones lamentables, sin contratos, con sueldos ínfimos y unas condiciones de vida que rozan lo infrahumano en instalaciones situadas en las inmediaciones de las explotaciones. 

“Los empresarios de Guadalajara suelen tener todo regularizado”

Según los datos de la Memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2022, en Guadalajara no se abrió ningún proceso por este tipo de delitos contra trabajadores extranjeros. Según explica el jefe de Brigada de Provincial de Extranjería, Antonio H., en buena medida se debe a la concienciación de los empresarios sobre los riesgos en que se incurre por la comisión de este tipo de delitos, sancionados con multas superiores a los 10.000 euros. Sin embargo, reconoce que sigue habiendo “empresarios sin escrúpulos” que recurren a estos trabajadores.

De ahí la importancia del trabajo preventivo que se desarrolla desde la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo, la Comisaría General y la Guardia Civil. Montse M. ha señalado que el año pasado se realizaron numerosos controles preventivos en explotaciones agrícolas de la provincia, especialmente durante la campaña de la recogida del espárrago. En el resto de sectores las inspecciones fueron aleatorias y no se detectó ningún caso en que se incurriera en delito. 

Cuando la Brigada se persona en algún establecimiento público o terreno agrícola, se requieren al empresario los papeles para comprobar la situación administrativa de los trabajadores y corroborar si se cumple la legislación laboral. También se solicita la documentación a los trabajadores extranjeros y se vigila y controla que se den las condiciones de trabajo adecuadas. Si se detecta alguna irregularidad laboral actúa la Inspección y, si se sospecha que se pueda estar cometiendo un delito, es cuando entra en juego la labor policial de investigación y detención, si fuera necesario: “En Guadalajara sí que nos hemos encontrado con algunos trabajadores indocumentados con estancia irregular, a los que se abrió expediente de multa o expulsión. Pero en líneas generales se suelen cumplir bien las normativas, no ha habido irregularidades graves y los empresarios suelen tener todo regularizado”. 

No obstante, esto no significa que no pueda ocurrir. Por ello, y aún conscientes de la dificultad de que algún trabajador denuncie su situación por las coacciones a las que están sometidos, desde la Brigada se les aconseja que denuncien, no solo por su propio bien, sino por la importancia de poder investigar en caso de que se detectase un posible delito de trata de personas. La manera de hacerlo es a través del teléfono 900 105090, mediante los mails trata@policia.es o trata@guardiavicil.org, o bien personándose en la Comisaría de la Policía Nacional de Guadalajara en la Oficina de Denuncias. 

El llamamiento a la denuncia no solo es para las víctimas sino también para aquellos ciudadanos que puedan sospechar que existan indicios de trata: “Cualquier persona que sufra o vea que otro sufre por no respetarse la normativa laboral y que sea conocedor de algún caso, que denuncie”, ha reclamado Monste M. 

Además, para evitar caer en las redes de los tratantes, se aconseja a las personas que deseen venir a trabajar a España que nunca confíen en particulares, que siempre tengan la documentación legal y que soliciten los permisos para la realización de actividades laborales a través de las vías oficiales en sus países de origen, especialmente en los que existen convenios bilaterales: “Sería básica una labor de difusión por todos los canales para hacer consciente a la población de origen que hay que evitar que vengan engañados. Es imprescindible que eviten contactar con particulares y hagan todo por las vías oficiales. Que no se pongan en manos de mafiosos para venir a trabajar. Que no confíen, porque nadie da algo a cambio de nada”, aconseja rotundo Antonio H.

La solución a este problema, en opinión del jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, es la colaboración entre las instituciones y las ONGs implicadas y, sobre todo, que los países de origen adopten medidas para evitar la trata: “Es una lucha de todos. A nivel global existen muchas instituciones implicadas en la prevención y erradicación de este tipo de delincuencia. La solución no pasa por levantar un muro o por dejar que aquí entre todo el mundo. Porque todas esas personas que vienen engañadas son víctimas y van a atraer a otras por contagio y, mientras se vulneran sus derechos, se crea una red de economía sumergida y se produce un choque social con los habitantes de las localidades y países receptores y eso provoca una gran ruptura social y problemas de convivencia”, ha manifestado.