La prostitución sale de la calle para trasladarse a casas y pisos particulares

Publicado por: Ana María Ruiz
04/12/2022 01:00 PM
Reprods.: 1.045
La Brigada de Extranjería de Guadalajar atrabaja intensamente contra la trata//Imagen: Policía Nacional
La Brigada de Extranjería de Guadalajar atrabaja intensamente contra la trata//Imagen: Policía Nacional

 

La Policía Nacional solicita colaboración institucional y ciudadana para acabar con posibles casos de trata de personas con finalidad de explotación sexual en Guadalajara

Ana María Ruiz

 

La pandemia del COVID-19 y el confinamiento supusieron un cambio de hábitos en nuestras vidas y muchos de ellos ya se han incorporado a nuestro día a día con total normalidad. Tanto para bien como para mal. La prostitución ha sido uno de los sectores vapuleados en esta crisis sanitaria. Tanto desde las ONGs como desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se alerta de que, a raíz de la adopción de medidas como el confinamiento y las restricciones relacionadas con la hostelería y la permanencia en la vía pública, ésta se ha comenzado a ejercer en casas y pisos particulares, con el consiguiente riesgo que ello supone en el caso de que se trate de personas que son víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y ahí es donde hay que diferenciar entre la persona prostituta, que ejerce libre y voluntariamente la prostitución, y la persona prostituida que lo hace por coacción. Y aquí es donde empieza el delito de trata.

En la provincia de Guadalajara, las actuaciones policiales en esta materia son llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, coordinadas por el Interlocutor Provincial para la Trata de Seres Humanos, siguiendo las directrices de la Comisaría General. La jefa de la Brigada, Montserrat Martínez Valdeolmillos, asegura que “la trata de seres humanos, en cualquiera de sus vertientes, constituye una de las violaciones más terribles de los derechos fundamentales de la persona, pues vulnera, entre otros, el derecho a la libertad y la dignidad. Se trata de uno de los tipos delictivos más graves ya que convierte a las víctimas en los auténticos esclavos del siglo XXI”. Añade además que se trata de uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, tras los de tráfico de drogas y de armas: “Es un delito grave que afecta sobre todo a personas vulnerables, mujeres, hombres, niñas y niños de todas las nacionalidades, causando a sus víctimas daños profundos y perdurables, pues atenta también a su integridad física y emocional”.

Martínez Valdeolmillos ha destacado que, desde que se hizo cargo de la Brigada hace casi un año, no se ha detectado en Guadalajara ningún caso de trata con fines de explotación sexual y el más reciente se remonta a 2016. Lo que no significa que no esté ocurriendo. Los movimientos migratorios cada vez más numerosos por conflictos bélicos o por situaciones de extrema pobreza en determinados países, sumados a las inspecciones policiales y administrativas y la aplicación de la normativa laboral a la que se ven sometidos los clubes de alterne, han contribuido al paulatino desplazamiento de la actividad relacionada con la explotación sexual: “Este desplazamiento hacia inmuebles particulares se ha visto amparado legalmente por la inviolabilidad del domicilio, lo que supone para la labor policial la consideración de domicilio particular, con las consiguientes dificultades para la investigación, debiendo adaptarse y explorar nuevas vías, a tenor de la ausencia de una regulación legal específica que permita dar una respuesta policial adecuada a los desafíos de una actividad delictiva que evoluciona constantemente”. Una actividad que trasciende los límites nacionales y que conlleva otros tipos delictivos como el blanqueo de capitales, la extorsión, el secuestro, la detención ilegal, las agresiones sexuales, coacciones, amenazas, falsificación documental y otros que atentan contra la integridad física y la dignidad de las personas: “Constituye uno de los fenómenos criminales sobre los que el Cuerpo Nacional de Policía se ha propuesto dedicar un mayor esfuerzo con fines preventivos y operativos, desarrollando planes estratégicos específicos que favorecen el fortalecimiento de la investigación de redes organizadas y dedicadas a este tipo de delitos y sobre todo, en la protección y asistencia a las víctimas”, ha afirmado la jefa de la Brigada. 

Estas vías de actuación consisten, además de todo el trabajo de documentación, en la realización de inspecciones en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y la Guardia Civil, reuniones con organismos e instituciones especializadas en la materia: Fiscalía, ONGs, cuyo papel es fundamental a la hora de detectar posibles casos de trata (Cruz Roja, ACCEM, Rescate Internacional, Fundación Cruz Blanca), la formalización de denuncias, la realización de entrevistas personalizadas previstas en el Protocolo Marco de Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, así como la elaboración y realización de dispositivos operativos. 

Montserrat Martínez destaca que a pesar de todo este trabajo “nos cuesta mucho llegar a las víctimas”, en su mayoría mujeres y niñas, ya que suelen ser reacias a hablar con los agentes de la autoridad movidas por el miedo, las amenazas y las coacciones a que se ven sometidas”. La vía más importante para poder ayudarlas es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, cualquier persona puede denunciar, y la denuncia es imprescindible para que se pueda actuar: “Una víctima de trata con fines de explotación sexual es una persona en situación de grave riesgo, su integridad e incluso su vida se encuentran amenazadas, pues está en contacto directo con delincuentes que, en muchas ocasiones, pertenecen a complejos grupos organizados, por ello, es necesario una intervención rápida en la que se garantice la seguridad de la posible víctima y su acceso a recursos de asistencia adecuados”, ha señalado Martínez. Desde la Brigada se insiste en la importancia de la denuncia de las víctimas. Por ello, si una persona está siendo objeto de una situación de trata o de explotación sexual se le aconseja acudir a pedir ayuda lo antes posible dirigiéndose al teléfono de atención gratuita 900 10 50 90. Se les proporcionará ayuda cualesquiera que sean sus circunstancias. En el caso de ser extranjeras y no tener regularizada su situación o la posibilidad de identificarse con un documento legal, podrán acceder igualmente a los recursos que necesiten, así como a cualquier medida dirigida a garantizar su seguridad e incluso, si decide colaborar, puede obtener el permiso de residencia o trabajo. 

Para que las fuerzas del orden puedan actuar es esencial también la colaboración ciudadana. Para poder investigar en los inmuebles particulares y poner en marcha el mecanismo de investigación se necesita una orden judicial por posible flagrante delito. Por ello, la Policía Nacional trabaja últimamente en contacto con las comunidades de propietarios con el objetivo de que sean éstas las que puedan ejercer la denuncia si se detecta que se pueda estar cometiendo este tipo de delitos en sus fincas. Si alguien cree que alguna mujer o niña está en una situación de trata con fines de explotación sexual, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades lo antes posible, bien llamando al teléfono de atención gratuita 900 10 50 90, o bien comunicándolo a la Policía Nacional en uno de los siguientes espacios: trata@policia.es, #contralatrata o trata@guardiacivil.org. “Pueden utilizar cualquier otro medio, como el teléfono 112, pues se trata de un delito grave y aún en el caso de tener dudas, puede ser el primer paso para que los profesionales especializados puedan valorar la situación y riesgo”, ha afirmado Montse Martínez.

Según ha explicado la jefa de la Brigada, cada víctima puede tener una experiencia diferente, pero existen ciertos comportamientos o situaciones que son comunes y que permiten detectar una situación de trata: carencia de documentos de identidad (pasaporte) y de inmigración, (visados, permisos residencia, etc.); documentación falsa; ausencia o escasez de dinero; incapacidad de mudarse a otro lugar; coste excesivo pagado por el viaje, normalmente en forma de deuda; aislamiento social; apariencia descuidada, signos de maltrato, etc. “Todos son indicadores generales, que no son suficientes por sí mismos para saber si estamos ante un caso de trata, pero que sí pueden indicar que la persona está siendo controlada, por lo que debe investigarse con mayor profundidad su situación”. Cabe destacar que los tratantes adoptan medidas extremas de seguridad en el establecimiento en el que trabajan (barrotes, puertas aseguradas, ubicación aislada, etc.), las víctimas viven en el lugar de trabajo y siempre van acompañadas, son trasladadas de sus viviendas al lugar de trabajo y mantenidas bajo vigilancia, sobre todo si van a consultas médicas, al hospital o reciben algún tratamiento con el objetivo de hacerles imposible denunciar.

En relación a su estado físico, la víctima puede presentar desnutrición, deshidratación, escasa higiene personal, infecciones o enfermedades de transmisión sexual, moratones, huesos rotos, señales de violación o abuso sexual, enfermedades graves, cortes, magulladuras, etc. Respecto a la salud psíquica, sufren trastornos del estado de ánimo, estrés agudo, ansiedad, fobias, ataques de pánico y depresión, estrés postraumático, trastornos disociativos y de la personalidad, adicción a drogas y al alcohol, pérdida de la autoestima o pensamientos de suicidio. Las víctimas menores de edad presentan depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, problemas psicosomáticos, falta de control emocional, fobias, sentimiento de culpa o vergüenza extremos, conductas sexuales impropias de su edad, problemas de desarrollo cognitivo, fracaso escolar, hiperactividad, y, a nivel físico, desgarros, magulladuras en órganos sexuales, irritación anogenital, infecciones y desnutrición.

 

Trabajo a pie de calle

En el municipio de Guadalajara, la prostitución en calle está prohibida desde 2010 por la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, bajo pena de multa, no solo al proxeneta o al consumidor, sino también a la mujer prostituida. Existen clubes de alterne por todos conocidos, pero al ejercerse en pisos privados las ONGs de ayuda tienen cada vez más difícil acceder a estas mujeres. 

La Fundación Cruz Blanca es una de las organizaciones que trabaja a pie de calle. Comenzó a intervenir en Guadalajara en junio de 2019 con un programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata. Su actividad se desarrolla a través de varios servicios. El de Acercamiento consiste en la visita regular a espacios de prostitución, tanto pisos como clubes o casas de citas. El objetivo es informar y asesorar sobre salud sexual, prevenir ITS entregando material preventivo, y facilitar el acceso al sistema sanitario público. Además, se ofrece asesoramiento e información en otras materias (funcionamiento de la administración pública, sistema de protección público y del tercer sector, trámites de extranjería, justicia gratuita. etc). El Servicio de Mediación se pone en marcha cuando alguna mujer solicita apoyo para cualquier tipo de trámite, ya sea social, laboral, jurídico, de derechos o emocional y consiste en la supervisión y el acompañamiento para resolver la situación de vulnerabilidad concreta que las usuarias comparten o se detectan directamente por la mediadora. Transversalmente se realiza observación directa e indirecta para detectar posibles vulneraciones de derechos, poniendo en marcha mecanismos de protección a las víctimas siempre que sea necesario y las circunstancias lo permitan. Y por último, se realizan labores de prevención y sensibilización a la población general y a profesionales, a través de campañas publicitarias, talleres en centros educativos, participación en diferentes mesas locales, etc.

Esther Teigell Mediadora Programa O’Cambalache de la Fundación ha asegurado que “desde 2019 hasta ahora la Fundación ha pasado por dos años complicados para la intervención debido a la pandemia mundial, esto ha dificultado nuestro acceso y también el acceso a cualquier tipo de ayuda institucional.La vulnerabilidad de las mujeres se ha agravado”. Respecto a las actuaciones en los pisos “a las entidades con servicio de unidad móvil, nos resulta mucho más complicado detectar estos espacios privados, de los que tenemos conocimiento gracias a la propia información que nos transmiten las mujeres y también al trabajo de prospección e investigación que realizamos por nuestra cuenta”, afirma. 

De media, la Fundación atiende en la provincia a unas 20 mujeres al año en Servicio de Mediación y se visita a entre 90 y 100 mujeres en espacios de prostitución. En cuanto al perfil: “Encontramos mujeres de todas las edades, desde los 18 años recién cumplidos, a mujeres que ya han pasado los 60 años. Igual nos encontramos con mujeres de diferentes nacionalidades, hay mujeres españolas y hay también mujeres de origen latinoamericano (Colombia, República Dominicana, Brasil, Honduras, Venezuela…) y mujeres de Europa del este y Rusia.También nos encontramos con mujeres transgénero de las mismas nacionalidades”, afirma Esther Teigel. Respecto a los niveles formativos se atiende tanto a mujeres que tuvieron que abandonar sus estudios desde muy pequeñas como a otras que han finalizado estudios universitarios o que desarrollaban carreras profesionales. “A pesar de que el perfil es diverso, hay una serie de características que suelen repetirse: "Las mujeres en prostitución suelen haber sufrido alguna forma de violencia machista (sexual, psicológica, económica, física…) en la infancia, en la juventud o en la edad adulta. Normalmente deben hacerse cargo casi en exclusiva de su familia, que en el caso de las mujeres extranjeras suele quedarse en un inicio en su países de origen, hasta que pueden traerla a España, donde siguen haciéndose cargo.  Además, suelen necesitar un apoyo psicológico profesional que no siempre es accesible. Para poder normalizar su situación, necesitan trabajar sus traumas y su estado de disociación, un mecanismo de supervivencia que se pone en marcha automáticamente y de manera inconsciente. En general, desconocen los recursos públicos o cómo acceder al sistema de protección. A veces incluso se encuentran en situaciones de tal aislamiento que tampoco han aprendido a utilizar medios de transporte públicos y suelen tener mucho miedo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Cabe destacar que la Fundación Cruz Blanca es una de las entidades que desarrollará el Plan Camino, presentado por el Ministerio de Igualdad a finales de septiembre de 2022, y que se pondrá en marcha en las próximas semanas en la provincia de Guadalajara. Este Plan tiene como objetivo dar salida a las víctimas a través de la inserción sociolaboral, acompañada de alternativas económicas y sociales que garanticen los derechos de las mujeres, especialmente relacionadas con la vivienda, la salud y el empleo. Incluye además la realización de un mapa real sobre el número de mujeres víctimas de trata y explotación sexual y de aquellas que están en contextos de prostitución. También se trabajará en la prevención y el desincentivo de la demanda, llegando a jóvenes y hombres a través de campañas de sensibilización, sobre todo en los centros educativos y en espacios de socialización de los jóvenes y adolescentes.

 

Las trabajadoras sexuales reclaman el modelo Neozelandes, "que despenaliza todo el entorno del trabajo sexual"

M.P.

Al margen del problema de la trata, se encuentra el colectivo de trabajadoras sexuales que se postulan en contra de la Ley de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del “Sí es sí”, y militan en organizaciones como el sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) o la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras), entre otros, para reivindicar sus derechos.Séfora Jiménez. Píkara Blood y Ninfa acuden a Guadalajara desde Ponferrada y Madrid, para participar en un coloquio organizado por el Centro Social Octubre bajo el título “Lucha puteril: Atravesando Opersiones”, con el objetivo de dar a conocer su realidad y sus reclamaciones y poder acercarse al colectivo de trabajadoras sexuales de Guadalajara. Séfora y Píkara ejercen en sus respectivas viviendas y Ninfa lo hace en el polígono de Villaverde de Madrid.

 

El Decano de Guadalajara conversa con ellas para conocer su situación en el contexto actual, dentro de este nuevo marco legal que establece la Ley del Sí es sí o la Ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, cuyo anteproyecto se acaba de aprobar en Consejo de Ministros.

 

Lejos de adoptar una postura victimista, aborrecen las políticas ‘rescatistas’, que consideran que esclavizan a las trabajadoras sexuales con alternativas precarias. Afirman que trata y trabajo sexual se confunden deliberadamente por el discurso abolicionista; que la Ley del Sí es sí propugna “la libertad sexual para todas las mujeres, salvo si eres puta”, porque prohíbe la publicidad, “lo que nos arroja a los brazos de los proxenetas” y defienden el modelo proderechos Neozelandés, porque entienden que al despenalizar todo el entorno de las trabajadoras sexuales “me dejas de ver como un problema y me empiezas a ver como un sujeto de derechos que merece tanto derechos sociales como laborales y al brindarme esos derechos me proteges mucho más”, apunta Píkara.

 

“En el discurso abolicionista hay un componente deshumanizante que ni siquiera nos conceden el estatutos de prostituta, sino de mujeres en prostitución. Nos quitan el consentimiento y nos infantilizan. Están diciendo que no sé, no conozco, cuando soy una persona adulta y en pleno uso de mis facultades”, afirma Píkara.

 

“Nosotras entendamos una sexualidad diferente y tal vez por eso seamos las mujeres malas castigadas por el patriarcado, para el que, según qué sexualidad, somos consideradas buenas mujeres o malas y si lo utilizas con un fin económico para poder, en cierta manera, tratar de buscar tu emancipación económica, eso el patriarcado no lo puede permitir”, valora Ninfa.

 

Séfora, por su parte, relata que todas esas alternativas legales que el discurso abolicionista pone a disposición de las mujeres como tabla de salvación, en lugar de ayudarle “me empobrecieron aún más y me llevaron a la miseria”: “Lo que me llevó a ejercer el trabajo sexual fueron las alternativas que supuestamente nos salvan a las mujeres. Esas alternativas tan rescatistas y salvadoras, son precarias. Yo fui víctima de violencia de género hace muchos años y he pasado por todas esas alternativas laborales: limpiadora de pisos, trabajadora en el campo, ayudante de cocina... donde a mí apenas me llegaba para vivir. Además, siendo madre soltera. Después de pasar por todo ese proceso durante muchos años de pobreza y mucha miseria y tras un desahucio decidí ejercer el trabajo sexual, que me ha aportado garantías económicas, una vivienda propia que ya he pagado, calefacción, agua caliente y mi nevera llena durante la semana”.

 

Los cuatro escenarios del trabajo sexual

 

En este sentido, plantean cuatro escenarios diferentes. Por un lado, se encuentra el prohibicionista o modelo francés, que persigue tanto al cliente como a la trabajadora sexual. El abolicionista o modelo nórdico, es el que se pretende implantar en España bajo el argumento, según relatan, de multar al “putero” y no a la trabajadora sexual, “pero es mentira y en la práctica se convierte en prohibicionismo, ya que, aunque no me multan a mí, sí que lo hacen indirectamente: Criminalizan todo nuestro entorno y nos convierten en una figura en la que igualmente me pueden multar. Por ejemplo, si yo le alquilo la casa a una compañera, yo soy la proxeneta de la compañera y me multan. No me están multando por se puta como tal, pero me convierten en algo que no soy para poder multarme”. Mientras, el regulacionismo, es el modelo alemán o holandés del Barrio Rojo, que según indican “es el mito del abolicionismo vs regulación”: “Las putas no queremos regulacionismo, porque es estigmatizante y solo beneficia al empresario y al Gobierno. Es muy precario para nosotras y nos deja totalmente desprotegidas igualmente. Ninguna trabajadora sexual quiere el regulacionismo porque eso es una basura”.

 

Lo que las trabajadoras sexuales reclaman es el modelo que se implantó en Nueva Zelanda en el año 2003 y que denominan “proderechos”, que despenaliza el trabajo sexual y todo su entorno, con lo que “el estigma baja, porque me dejas de ver como un problema y me empiezas a ver como un sujeto de derechos que merece tanto derechos sociales como laborales y al brindarme derechos me proteges mucho más. Podemos crear cooperativas de hasta cuatro compañeras, podemos trabajar libremente, de manera independiente o para terceros, podemos registrarnos y la policía en vez de perseguirnos nos protege. Incluso contempla que podamos quitar el consentimiento en medio de un servicio por ejemplo, si un cliente se quita el preservativo, y denunciar”.

 

Con el marco legal actual, aseguran, “no tenemos protección social y por el contrario, estamos desamparadas”. En esta línea, Píkara relata que “una compañera vino este verano a trabajar a mi casa. Muchas veces, si voy a viajar, en lugar de alquilar un sitio me quedo en casa de una amiga y mis amigas hacen lo mismo conmigo. Vino un cliente y le robó el dinero de ese servicio y del anterior, unos 200 euros o así y cuando fuimos a denunciar a la policía nos vinieron a decir que eran gajes del oficio. La respuesta de las autoridades es que como soy puta es lícito que me roben”.

 

Para estas activistas, la Ley del sí es sí, lejos de proteger a las trabajadoras sexuales, precariza su trabajo y les deja a merced de los proxenetas. “La Ley de Libertad Sexual básicamente propugna la libertad sexual para todas, excepto si eres puta”, afirma Píkara. Dentro de su articulado, se declara ilícita la publicidad de la prostitución, “lo que quiere decir que nosotras ya no podemos anunciarnos. Entonces, no te queda más remedio, como es mi caso, que pasar de se independiente, a buscar una plaza a porcentaje y pagarle el 50% de lo que genero, además con tarifas más bajas de lo que yo suelo trabajar, a un empresario. No solo no me han ayudado, sino que me han arrastrado a los brazos de lo que ellos llaman proxenetas”, manifiesta.

 

"Existe un 86% de trata, fuera de la explotación sexual, de la que no se habla"

 

Por otra parte, pretenden diferenciar y alejar el trabajo sexual del problema de la trata, algo que aseguran que el discurso abolicionista confunde deliberadamente, perdiendo de vista que existe trata y explotación en muchos otros sectores, como es el caso de las empleadas del hogar o los talleres textiles ilegales.“Nosotras, como toda la sociedad civil, estamos en contra de la trata y de hecho somos las primeras en querer que se luche con precisión, porque lo que se está haciendo es una instrumentalización que sirve para controlar los flujos migratorios y el cuerpo de las mujeres. No se pone el foco de atención en las personas víctimas de esta lacra, para cumplimentarles todos los protocolos que ya la ley recoge”, afirma Ninfa.

 

“Lo confunden deliberadamente. Es un discurso capcioso que lo que hace es confundir trata y trabajo sexual y mezclarlo, porque de otra manera se quedarían sin discurso. Trabajo esclavo hay en todos los sectores. Hay un 86% de trata de la que no se habla”, insiste Píkara.

 

“Nosotras no somos las responsables de hacernos cargo de la trata, sino el Estado y la policía. La Ley de Extranjería es arcaica, porque no la han revisado y la tercería locativa es de la época de Franco con la Ley de Vagos y Maleantes, cuando a nostras nos llamaban las mujeres caídas”, concluye Séfora.

Vídeos de la noticia

Imágenes de la noticia

Categorías:
Tags:
Powered by WebTV Solutions