ECONOMÍA. Las desigualdades entre territorios y la voracidad impositiva marcan la campaña de la Renta 2025

El pasado 8 de abril dio comienzo el plazo para para presentar la declaración de la renta de 2025 por Internet que finalizará el 30 de junio. El período para solicitar asistencia telefónica se iniciará el 29 de abril y la atención presencial se podrá realizar desde el 29 de mayo, en ambos casos hasta el 29 de junio

Una campaña de la Renta que vuelve a llegar marcada por las grandes desigualdades entre territorios y una fuerte presión sobre los contribuyentes con récord de recaudación, con el añadido de una mayor inseguridad jurídica e incertidumbre derivada del frecuente uso de los reales decretos en materia fiscal que luego no llegan a aprobarse nunca.

Estas son algunas de las conclusiones de la 25ª edición del estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral' presentado en estos días por el Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE). Un informe que se ha consolidado como obra de referencia para analizar la normativa tributaria de las comunidades autónomas y de los territorios forales.

En él se constata el crecimiento exponencial de la recaudación. Según los últimos datos publicados, la recaudación total de las comunidades autónomas en 2023, último ejercicio disponible, aumentó un 16,5% respecto al ejercicio anterior y, dentro de los impuestos directos, el IRPF, tramo autonómico, creció un 21,13%, convirtiéndose en el principal motor del incremento. 

Obligación de declarar y derecho a exigir un buen uso de los impuestos

En paralelo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 10,4% en 2025 respecto a 2024 y la recaudación del IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros. Una voracidad recaudatoria que amenaza con reducir la inversión y frenar el crecimiento económico mediante la asfixia de empresas y familias y el aumento de la economía sumergida. 

Si bien es cierto que los ciudadanos tenemos la obligación de pagar los impuestos, imprescindibles para mantener el Estado del Bienestar, también contamos con el derecho de exigir la buena y justa gestión del dinero recaudado.

De este modo, para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, resulta imprescindible abordar sin dilación un debate de fondo sobre la revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica que aborde tanto la voracidad recaudatoria como las desigualdades entre regiones. 

En este sentido, asegura que "la vorágine normativa de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia”. Los expertos del REAF han contabilizado, este año, más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las Comunidades Autónomas, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas".

Otro de los aspectos analizados por estos expertos es el efecto de la no deflactación de la tarifa del IRPF a nivel estatal que mitigaría el impacto de la inflación en nuestros bolsillos y de la falta de actualización de los mínimos personales y familiares y otros parámetros en un entorno inflacionista.

Según los ejemplos elaborados por los asesores fiscales, un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. El cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,10%. 

La injusta desigualdad entre comunidades con la carga impositiva

A ello se suma el malestar por la utilización recurrente de reales decretos en materia tributaria. Al respecto, presidente de REAF-CGE, Agustín Fernández, considera que "esta práctica genera incertidumbre e inseguridad jurídica y dificulta la planificación a corto y medio plazo tanto para las empresas como para los ciudadanos en general".

Asimismo, señaló que "no resulta aceptable que normas no convalidadas por las Cortes acaben aplicándose mediante interpretaciones de la Administración Tributaria; es decir, lo que no recibe respaldo parlamentario termina introduciéndose en el sistema a través de notas publicadas en la página web de la Agencia Tributaria".

Un ejemplo de ello lo representa la prórroga de los límites del régimen de módulos que, por segundo año consecutivo, se aplican por una interpretación de la Administración Tributaria en el último momento, con el plazo de presentación del primer pago fraccionado ya iniciado.

El informe subraya, además, que la diversidad normativa en el IRPF es cada vez mayor. La tarifa estatal va del 9,5% al 24,5%, pero ninguna comunidad autónoma reproduce exactamente esa escala. Ya hay territorios con tipos marginales agregados del 50% o superiores, como la Comunitat Valenciana, con un 54%; Navarra, con un 52%; o La Rioja, con un 51,5%.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las desigualdades en la tributación son aún más evidentes. Así, un residente en el Principado de Asturias puede llegar a pagar, por una herencia de 800.000 euros, hasta 100.000 euros más que en Illes Balears, Galicia, Cantabria o Andalucía. En el caso de donaciones por el mismo importe, en Extremadura los donatarios pueden abonar hasta 200.000 euros más que en Cantabria o Illes Balears. Unas diferencias que resultan a todas luces inaceptable.

Julio Muñoz. Periodista de información económica y experto en comunicación.