Castilla-La Mancha refuerza su posición en la defensa del río Tajo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que vuelve a avalar los caudales ecológicos fijados en el Plan de Cuenca. El Ejecutivo autonómico considera que este respaldo judicial supone un impulso definitivo para acelerar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una reivindicación histórica de la región.
La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha subrayado que los recursos presentados contra el plan del Tajo “van cayendo uno a uno”, quedando únicamente uno pendiente de resolución. A su juicio, esta sucesión de fallos judiciales evidencia la solidez jurídica de la postura defendida por Castilla-La Mancha y la necesidad de adaptar la gestión del agua a la normativa europea vigente.
Padilla ha insistido en que tanto la legislación comunitaria como el propio Plan Hidrológico del Tajo obligan a respetar unos caudales mínimos que garanticen el buen estado del río, lo que implica revisar el volumen de agua trasvasada hacia el Levante. En este sentido, ha defendido que el agua es un recurso limitado y esencial para el desarrollo de la región, especialmente para sectores como la agricultura y la ganadería, muy presentes en la provincia de Guadalajara.
“Es legítimo que Castilla-La Mancha reivindique el uso de sus recursos hídricos”, ha señalado la portavoz, recordando que en la comunidad se ubican los embalses de cabecera desde los que parte el trasvase. Asimismo, ha criticado la falta de rectificación por parte de dirigentes de la oposición que, en recientes declaraciones, han defendido mantener el actual nivel de derivaciones, lo que, en su opinión, alimenta una confrontación política que no se corresponde con los criterios técnicos y legales.
Frente a ello, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico se limita a cumplir las directrices europeas, mientras que los recursos interpuestos contra la planificación hidrológica están siendo desestimados de forma reiterada por los tribunales. La resolución del recurso aún pendiente, ha añadido, permitirá cerrar este proceso y dar paso a unas nuevas reglas de explotación ajustadas a la legalidad vigente, cuya aprobación considera urgente tras años de espera.
En paralelo, la portavoz ha informado de los avances en la implantación de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha. Tras la firma del acuerdo, el Gobierno regional ya ha mantenido una primera reunión con el gabinete jurídico y tiene previsto un encuentro con las organizaciones sindicales para comenzar a definir la convocatoria de un proceso extraordinario.
El objetivo es activar este sistema lo antes posible, al tiempo que se trabaja en el diseño del nuevo modelo, que será regulado mediante una ley específica. Según ha explicado Padilla, ya existe un borrador de convocatoria y avances jurídicos que permitirán perfilar los detalles del texto definitivo.
La consejera ha confiado en que las próximas reuniones resulten “productivas” dentro de un proceso que, según ha destacado, se está desarrollando con rigor técnico y con documentos “bastante avanzados”, lo que permitirá dar respuesta a una de las demandas históricas del personal sanitario de la región.


