"La nueva protección de la alondra ricotí obliga a revisar las macrogranjas proyectadas en Maranchón"
La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha presentado ante el Ayuntamiento de Maranchón un nuevo "hecho relevante: el refuerzo de la protección de una especie en peligro de extinción en el mismo territorio afectado por el proyecto de implantación de las cinco macrogranjas avícolas promovidas por la multinacional AVIAGEN"
La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento de Maranchón un escrito en el que pone en su conocimiento un hecho nuevo, relevante y sobrevenido: la reciente publicación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del procedimiento para la aprobación del Plan de recuperación de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), especie incluida en la categoría de en peligro de extinción.
El borrador del nuevo marco de protección reconoce expresamente la extrema vulnerabilidad de esta ave y señala la fragmentación y pérdida de hábitat como una de sus principales amenazas, reforzando así la necesidad de proteger no solo sus áreas críticas, sino también la conectividad ecológica de su territorio.
Un nuevo contexto ambiental que afecta directamente a Maranchón
La Plataforma advierte de que varias de las macrogranjas avícolas intensivas proyectadas por AVIAGEN en el término municipal de Maranchón, incluyendo instalaciones en el entorno de Turmiel y Clares, se sitúan en un territorio vinculado a la subpoblación de alondra ricotí de Maranchón o en su zona de influencia ecológica. “Mientras la Junta reconoce oficialmente la extrema vulnerabilidad de la alondra ricotí y refuerza su protección, continúan avanzando proyectos de macrogranjas en el mismo territorio afectado. Este nuevo contexto no puede ser ignorado”, señalan desde la Plataforma.
Cinco proyectos, un mismo territorio: preocupación por el impacto acumulativo
La Plataforma subraya que no se trata únicamente de actuaciones aisladas, sino de un conjunto de cinco explotaciones proyectadas en el entorno de una misma subpoblación, lo que hace especialmente preocupante cualquier análisis fragmentado.
“El propio borrador reconoce que la fragmentación del hábitat es una amenaza principal para la especie. Esto obliga a valorar con especial rigor cualquier proyecto que incremente presión territorial, alteración paisajística o pérdida de conectividad ecológica.”
El Ayuntamiento, ante la obligación de actuar con prudencia
La organización recuerda que corresponde al Ayuntamiento de Maranchón la concesión de licencias urbanísticas y de actividad, por lo que considera imprescindible que este nuevo escenario sea incorporado de forma expresa a cualquier decisión pendiente o futura.
“Este nuevo marco obliga también al Ayuntamiento a extremar la prudencia antes de consolidar decisiones irreversibles mediante nuevas licencias o autorizaciones.” La Plataforma advierte de que decisiones administrativas adoptadas sin integrar plenamente este nuevo contexto ambiental podrían generar impactos difícilmente reversibles sobre el territorio y comprometer la coherencia entre las políticas de conservación y la actuación institucional.
Una cuestión de coherencia
La Plataforma considera profundamente contradictorio que, mientras se impulsa un plan de recuperación para una especie en peligro de extinción, continúe avanzando administrativamente un macroproyecto cuya implantación podría afectar al mismo territorio cuya protección se pretende reforzar.
“No se puede reforzar la protección de una especie en peligro y, al mismo tiempo, avanzar administrativamente como si ese nuevo contexto no existiera.”
Acción institucional en marcha
Además de las alegaciones ya presentadas en el proceso participativo autonómico, la Plataforma ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que este hecho nuevo sea tenido en cuenta de forma expresa en cualquier decisión relacionada con las licencias del proyecto.
Esta iniciativa se suma a la reciente presentación de 154 firmas de vecinos de Turmiel, que representan la práctica totalidad de la población local directamente afectada y evidencian una oposición social ampliamente mayoritaria. Defensa del territorio y del interés general. La Plataforma reafirma que seguirá utilizando todas las vías legales, administrativas y de participación pública necesarias para garantizar que la protección de la biodiversidad, el territorio y la población local sean considerados de forma rigurosa y coherente.
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